Libertad de Palabra

Mariana Chávez Castañena.

La despenalización del aborto en el Distrito Federal ha suscitado una gran polémica a nivel nacional.

En Querétaro, el código penal contempla dos casuales para permitir la interrupción del embarazo: por violación y por imprudencial culposo. Sin embargo, al no haber un reglamento de procedimientos a las mujeres les está prohibido ejercer ese derecho, aun cuando hayan sido violadas.

Para el presidente de la agrupación “Católicas por el Derecho a Decidir”, Guillermo Hernández, en el estado de Querétaro es pertinente efectuar reformas al código penal, a fin de que haya un reglamento de procedimientos que permita el aborto en casos de violación, que si bien es una de las dos causales permitidas para obstruir el embarazo en la legislación vigente en la entidad, carece de un reglamento claro al respecto.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud en la Legislatura local, la panista Sonia Rocha, opinó que el aborto no se debe despenalizar ni aunque la gestación sea producto de una violación, pues ante todo debe respetarse el derecho a la vida. A su juicio, una manera de evitar embarazos no deseados es la de promover el uso de anticonceptivos y del condón.

Una carga cultural.

El activista por el derecho de las mujeres en Querétaro, Guillermo Hernández, refiere que al no haber un reglamento de procedimientos para interrumpir el embarazo por violación, los trámites se vuelven “engorrosos” pues los agentes del Ministerio Público no están capacitados para determinar qué hacer a la hora de que se solicita un aborto por esa causa.

Aunado a ello, hay servidores públicos que anteponen su ideología, su moral, sus prejuicios y, en fin, sus criterios personales, olvidándose que en Querétaro el aborto es legal en caso de violación.

Esa cerrazón, agrega el presidente de la agrupación “Católicas por el Derecho a Decidir”, afecta directamente la capacidad de decisión que tienen las mujeres. “Resulta incongruente que las autoridades se hayan comprometido a defender los derechos sexuales y humanos de las mujeres, inclusive en tratados internacionales, pero se opongan a despenalizar el aborto bajo la premisa de la defensa de la vida.

Cuando estos grupos, que hablan de defender la vida, están en contra de la interrupción legal del embarazo, habría que preguntarnos: ¿la vida de quién? Porque al negarle a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, lo que se arriesga es la vida de ellas”, pues una prohibición de esta índole sólo provoca el aborto clandestino, con las consecuencias que ello puede acarrear para su salud y para su existencia.

De hecho, esta práctica representa la cuarta causa de muerte entre las mujeres en México.

En ese sentido, finaliza, en Querétaro debe reformarse el código penal.