Libertad de Palabra

Víctor Manuel Sánchez Bandala.

Uno de los principales problemas de salud pública que afecta severamente a la economía familiar, así como al desarrollo de las comunidades del medio rural, sobre todo, se origina, sin lugar a duda, en el consumo inmoderado de bebidas embriagantes.

La tolerancia de nuestras autoridades, tanto del Sector Salud, como de las administraciones municipales, ha permitido la proliferación indiscriminada de puntos de venta, con o sin permiso.

Cárceles llenas de criminales, carreteras ensangrentadas, familias desunidas y una incalculable pérdida económica, entre otras cosas, son resultado de la tolerancia, a veces inmoral, de muchas autoridades.

Desde luego, habrá que evaluar el origen del alcoholismo, así como sus efectos sociales, para de ese modo atender a fondo este problema que, en ocasiones, da la impresión de ser parte del comportamiento humano.

A nivel regional, los efectos del consumo inmoderado de bebidas embriagantes son causa de estudios socio-culturales. La gente, al no contar con una expectativa de mejorar su nivel de vida, prefiere “perderse en el alcohol”.

La pobreza material pasó a segundo término. En las zonas rurales de nuestra entidad hay “miseria social”, provocada por las condiciones de vida históricamente heredadas de generación en generación.

La evidente desatención a las comunidades, los malos gobernantes y la falta de expectativas de la gente, son importantes detonantes del desmoronamiento socio-cultural de miles de hogares queretanos.

La situación es compleja pero no imposible de atender. Se puede comenzar a trabajar sobre una nueva cultura cívica, apoyada por una legislación prudente y consensuada con la comunidad.

El lastre social que provoca la venta clandestina de aguardiente (un delito del fuero federal), así como la tolerada venta de bebidas embriagantes en cualquier lugar de la Sierra Gorda y del semidesierto queretano, debe ser atendido antes de que sigan creciendo los problemas y los daños que genera el alcoholismo.

Desde luego, una responsabilidad importante en este fenómeno social la tiene la familia y líderes sociales como son los sacerdotes, quienes se han quedado como simples observadores pasivos.

Ante las estadísticas en donde el alcoholismo es una de las principales causas de muerte, accidentes, violencia, degeneración, maltrato e irresponsabilidad familiar, es vital que todos, de manera conjunta (autoridades municipales, estatales, sociedad civil y medios de comunicación), asumamos un papel más constructivo, solidario y firme para ir erradicando, aunque sea parcialmente, ese problema que, a su vez, manifiesta una abierta tolerancia en las leyes y en los códigos municipales.

Es de suma importancia, desde luego, que los gobiernos municipales tengan conciencia y suficiente ética para que, más allá de sus “gustos personales o afición por el alcohol”, impongan leyes y reglamentos para atender ese problema de salud pública.

También los “representantes sociales”, sobre todo aquellos que andan de “farolones” presumiendo acciones con sombrero ajeno, debieran trabajar en nuevas leyes que, por ejemplo, castiguen tanto al conductor borracho como a las personas que le vendieron de más.

En este contexto, los gobiernos locales, lejos de seguir justificándose al “no poner orden” a la venta inmoderada, clandestina e ilegal de bebidas embriagantes, tienen, por sentido común, que actuar en consecuencia, ya que desde su campaña electoral percibieron y conocieron de viva voz de la gente el grave problema que genera el alcoholismo en los hogares del medio rural.

Por su parte, los legisladores podrían promover leyes que además de promover campañas preventivas también consideraran castigos ejemplares tanto para el consumidor como para el vendedor.

En otras partes del mundo si alguien en estado inconveniente (borracho) tiene un accidente en la carretera, se va a la cárcel tanto el briago como el dueño del lugar en donde se haya embriagado el accidentado. O lo que es lo mismo, tiene igual responsabilidad el que toma como el que vende bebidas embriagantes inmoderadamente.

Lamentablemente, en nuestro caso, el descarado silencio, el contubernio y la inmoral tolerancia de nuestras autoridades estatales y municipales, así como de los legisladores hacia este problema, han permitido que los efectos sociales dañen la estabilidad familiar y que, además, siembre sangre, lágrimas, daños económicos y muchas pérdidas humanas.

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