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“Libertad para doña Conchi”

| 28 mayo 2007 | Notas | 58 vistas | comentarios
  • El Centro Prodh asumió la defensa jurídica de Concepción Moreno Arteaga, acusada de ser “pollera”.
    La mujer está encarcelada en el Penal de San José El Alto, desde el 9 de marzo de 2005.

Wuitberto Lara García.

El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., (Prodh) asumió la defensa jurídica de María Concepción Moreno Arteaga, “doña Concha”, encarcelada en el Penal de San José El Alto, Querétaro, desde el 9 de marzo de 2005, acusada de ser “pollera”.

El organismo colocó en la Internet (http://www.centroprodh.org.mx) una imagen acompañada de dos párrafos escritos por “doña Concha”, en los que expone la injusticia de la que ha sido objeto (ver imagen).

Al posicionarse en “Entrar”, aparece una fotografía de Concepción Moreno, fondeada con una imagen de migrantes sentados a un costado de las vías del tren y con las leyendas “Mi casa es tu casa” y “Concepción Moreno fue sentenciada a seis años de prisión. Su delito: defender los derechos de los migrantes”. En la parte inferior de la imagen otra leyenda exige “Libertad para doña Conchi”.

El 17 de may pasado el Centro Prodh difundió un comunicado entre los medios informativos nacionales, en donde expone el caso y solicita su colaboración para que la mujer se liberada.

De lo local a lo global.

“Concepción Moreno Arteaga –madre soltera de 47 años de edad– es originaria de El Ahorcado, y una mujer que en esa comunidad se ha destacado por ayudar de manera desinteresada a los migrantes. La tarde del 9 de marzo de 2005 se disponía a dar de comer a seis migrantes hondureños que habían llegado a su puerta, cuando cinco elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) descendieron de un vehículo y, amenazando con sus armas a los presentes, obligaron a los migrantes a entrar al domicilio.

“De acuerdo con los testimonios recabados por el Centro Prodh, una vez adentro de la casa los elementos de la AFI continuaron golpeando a los migrantes, obligándolos a recostarse en el suelo mientras les pateaban en el vientre y los costados. Después de allanar los cuartos de la vivienda y registrar las pertenencias de la familia Moreno, los agentes ordenaron a los hondureños subir a una camioneta, llevándose consigo también a la señora Concepción. Más tarde, en su parte informativo, los agentes asentaron que la habían detenido por encontrarla en ‘flagrante comisión de delito’, ya que estaba ‘alimentando a un grupo de extranjeros’.

“Concepción Moreno fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación y conoció la acusación que pesaba en su contra. Las autoridades la acusaron de ser cómplice de un ‘pollero’ detenido el 8 de marzo en Querétaro, cuando salía de una comunidad ubicada a varios kilómetros de El Ahorcado. Según la acusación, doña Concepción habría estado coludida con él, siendo su función albergar a los migrantes para que el ‘pollero’ los llevara después hasta la frontera.

“Concepción Moreno Arteaga fue consignada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la Ciudad de Querétaro por el delito de violación a la Ley General de Población, previsto en el artículo 138 párrafo segundo de esa ley. El juez dictó en su contra auto de formal prisión y, por tratarse de un delito que la ley considera grave, fue remitida al Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, en donde hoy día permanece recluida. Pese a los vicios evidentes de las supuestas pruebas de cargo, el 31 de octubre de 2005 fue sentenciada a seis años de cárcel. La resolución fue confirmada en la apelación.

“En función de que se habían agotado los recursos jurídicos ordinarios cuando el Centro Prodh conoció del caso, al asumir la defensa de doña Concepción hemos interpuesto un amparo directo en contra de la resolución que confirmó la sentencia mencionada. Actualmente dicha demanda de garantías se encuentra pendiente de resolución. Paralelamente, el Centro Prodh ha iniciado una campaña pública para exigir la liberación de Concepción Moreno Arteaga.

“Para el Centro Prodh el caso de doña Concepción hace evidentes dos temas fundamentales en la agenda de derechos humanos en el país: la necesidad impostergable de consolidar la reforma del sistema de justicia penal, y la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos. Por una parte, el caso saca a relucir las deficiencias del modelo de justicia penal en el que subsisten elementos inquisitivos. En el proceso que se le siguió a doña Concepción, el MP preconstituyó todas los elementos probatorios de cargo en ausencia de control jurisdiccional, por lo que el juez se limitó a confirmar la validez de las pruebas, sin que ante su presencia se haya desahogado una sola prueba que confirmara la responsabilidad penal de doña Concepción. Ello ilustra una de las grandes deficiencias del sistema penal mexicano: en un sistema en el que para condenar a una persona es suficiente la prueba presentada antes del juicio, el juez no juzga.

“El Centro Prodh considera que este caso ejemplifica que no necesitamos un MP con mayores atribuciones, sino juicios más justos. Esto sólo será posible mediante la adopción de un sistema acusatorio, cuyas principales características son la oralidad, la igualdad procesal entre el inculpado y el fiscal, así como el pleno respeto a la presunción de inocencia, entre otras.

“Por otra parte, el caso de Concepción Moreno Arteaga ejemplifica la vulnerabilidad que en México enfrentan los defensores de derechos humanos, en especial aquellos que defienden a los migrantes en su tránsito hacia la frontera norte. La ambigua redacción de los delitos previstos en la Ley General de Población permite que personas como Concepción Moreno puedan estar en prisión. El encarcelamiento de doña Concepción nos muestra la vulnerabilidad en medio de la cual trabajan los hombres y mujeres que enfrentan hostigamiento y persecución por procurar a los migrantes sus derechos fundamentales, mismos que el Estado mexicano debiera de garantizar en los términos de los convenios internacionales por él firmados.

“Cabe señalar que el hecho de que los migrantes tengan una situación migratoria irregular, no exime al Estado mexicano de su obligación de garantizar los derechos básicos que permiten ejercer el derecho a la vida, puesto que esa limitación a los derechos vulneraría su carácter universal y constituiría discriminación. Esto incluye los derechos a la alimentación y a la salud.

“Consideramos pertinente mencionar que ese fundamento dio pie a la creación de los Grupos Beta por parte de la Secretaría de Gobernación. El artículo 137 de la Ley General de Migración señala expresamente que el objetivo de estos grupos es la defensa de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.

“En la actualidad resulta claro que se ha consolidado el viraje en materia de políticas migratorias por parte del presente gobierno federal. En los últimos meses se han dado pasos claros para privilegiar un enfoque persecutorio que destina gran cantidad de recursos oficiales a la construcción y remodelación de las estaciones migratorias, al tiempo que se ha presentado una propuesta que impide a organizaciones y abogados prestar apoyo en el interior de dichas estaciones.

“Al impulsar esta política, el gobierno federal fortalece a los grupos delictivos dedicados a la trata de personas. Al aumentar la vulnerabilidad a la que están expuestos los migrantes y marginalizar a los defensores de migrantes, no sólo incumple su obligación de garantizar los derechos básicos desde una perspectiva universal, sino que penaliza a aquellas personas que realizan un trabajo para mitigar esta situación”.

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