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¿Es inconstitucional la nueva Ley del ISSSTE? (3era y última parte)

| 9 julio 2007 | Columna invitada | 435 vistas | comentarios

Héctor Parra Rodríguez

Sí es inconstitucional la Ley. Cierto, la nueva ley viola en perjuicio de los burócratas, los artículos 14 (irretroactividad de la ley, seguridad jurídica y audiencia), 16 (legalidad), 123 “A” fracción XXVII (irrenunciabilidad de derechos) y 123 “B” fracción XI (derecho de seguridad social) de la Carta Magna, en relación con sus artículos 1° y 13, entre otros. El contenido de la nueva Ley contraviene el constitucionalismo social y agravia de manera personal y directa derechos de los burócratas, cotizantes del ISSSTE.

Además, conculca los derechos de seguridad sociales, universalmente reconocidos en la declaración universal de los derechos del hombre, elaborada por UNESCO, aprobada el 1° de diciembre de 1948 en París, que estableció el derecho de toda persona a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado que asegure, a él y a su familia, salud y bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, seguro de desempleo, enfermedad e invalidez, y otros casos en los que ocurre la pérdida de medios de subsistencia; además de la protección a la maternidad e infancia.

La seguridad social, derecho reconocido por la OIT, establece que una paz universal y permanente no puede fundarse sino sobre la base de la justicia social. De 1925 a 1934, la OIT adoptó varios convenios para reglamentar las indemnizaciones por accidentes de trabajo, el seguro por enfermedad, las pensiones y el seguro de desempleo.

Posteriormente, en un documento publicado en 1991 denominado “Administración de la Seguridad Social”, la OIT definió la seguridad social como “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

En México, la seguridad social como mecanismo redistributivo del ingreso tiene su punto de partida en la constitución de 1917, en particular, en el artículo 123, y en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que consagran derechos y prestaciones como percepciones directas e indirectas de los trabajadores. La seguridad social es parte de ese salario o ingreso indirecto que la Constitución garantiza a los trabajadores como obligación del Estado y los patrones.

En ese tenor, la nueva Ley abroga una norma que contiene derechos concedidos al burócrata en una norma constitucional, al transferir el derecho a la seguridad social al ámbito privado, obligando al trabajador a contratar con instituciones privadas un seguro de retiro que la constitución le garantiza. Así, tenemos que la nueva Ley, en su artículo 3, no contempla el derecho adquirido a la indemnización global y al seguro de jubilación, previsto por el artículo 123 constitucional, lo cual no sólo es una omisión grave del derecho de jubilación, sino que además vulnera el derecho de seguridad jurídica del burócrata, ya que se aplica retroactivamente la nueva ley en perjuicio de los derechos anteriormente adquiridos. No se trata sólo de un cambio de terminología, sino de concepción y normatividad al privatizar el derecho de jubilación, violando el artículo 133 constitucional, referido a la jerarquía y supremacía de la Constitución.

También se incrementan las cuotas de “seguridad social” a los trabajadores y se reduce la aportación del Estado. Las nuevas aportaciones al seguro de salud serán: trabajador 2.75 y 0.625 por ciento del sueldo básico; dependencias 7.375 y 0.72 por ciento del sueldo básico. Pero, aquí el pero, el Gobierno federal cubrirá mensualmente una cuota social diaria por cada trabajador, equivalente al 13.9 por ciento del SMG para el DF, vigente en 1997, que era de 26.45 pesos, es decir, la cuota social por trabajador será de 3.67 pesos. Sin embargo, el trabajador debe aportar un 33 por ciento más, cuando los salarios aumentaron este año en promedio un 5 por ciento; aunado a que la edad para jubilación aumenta hasta en 10 años para obtener el derecho a ella.

La conclusión social y legal, es que se trata de una obligación del Estado garantizar la seguridad social, no una prerrogativa; debe, pues, fortalecer la seguridad social de sus trabajadores tanto por la naturaleza intrínseca de la misma relación laboral y porque se procura mediante aportaciones bipartitas que tienen las características de contribuciones.

Por ende, no procede dar a las contribuciones de seguridad social otro fin diferente al señalado en las leyes fundamentales. Pretender financiar negocios particulares mediante el esquema Afore-Siefore, indudablemente que es ilegal. Podemos establecer la siguiente comparación entre las jugosas utilidades que generan las Administradoras (Bancos) cercanas 53 por ciento anual y las raquíticas cantidades que pagan a los trabajadores en el sistema del seguro social, que apenas superan a la inflación reconocida (¿5 por ciento?), generándose una abierta y descarada inequidad que vulnera los derechos sociales adquiridos por los trabajadores, sobre todo, lo que se refiere a cancelar el carácter tutelar y social del derecho del trabajo en México.

Cierto, se evitó la quiebra del ISSSTE, pero ¿a qué costo? No podemos soslayar que esta, la reforma estructural de la nueva Ley, es dotar a los sistemas financieros del país (en su mayoría extranjeros) de un capital fresco que, en inicio, se calcula conservadoramente que será de la nada despreciable suma de 180 mil millones de pesos. Quedó claro entonces que en la nueva normatividad se introducen definiciones contrarias a los textos legales, que ligan y obligan a la seguridad social, ahora privatizada, con verdaderos negocios mercantiles cuya razón de ser es la especulación.- Esto se refleja claramente en las definiciones legales del artículo 6 de la nueva Ley. En síntesis, la nueva Ley del ISSSTE es injusta, inequitativa e inconstitucional.

Sin embargo, ahora que miles de burócratas han interpuesto juicios de amparo, veremos cuál será el criterio de las autoridades federales en materia de garantías individuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos fortalecer la seguridad social de los trabajadores o declarar su endeble existencia por la cual pugna el sector empresarial, negando el amparo y protección de la justicia federal a los burócratas federales.

Próximamente veremos si continúa cambiando el régimen de seguridad social de millones de trabajadores, hasta prácticamente desaparecerlo, o regresamos a los principios esenciales de nuestra Constitución.

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