Libertad de Palabra

• Ante la injusticia laboral de la que aún son víctimas, ex trabajadores de Uniroyal volverán a la carga.
• Su renuncia “voluntaria” en el año 2000, dejó como secuela un suicidio, alcoholismo y ruptura familiar.

Libertad de Palabra

El despido de cientos de trabajadores de la planta de Uniroyal en Querétaro, el 4 de agosto del año 2000, no sólo representó una cifra más en las encuestas que sobre el desempleo se elaboran en el país y en nuestra entidad.

Atrás de cada ex trabajador hay una persona que perdió su modo de vivir, e inclusive la vida misma.

Contra la pared

Uno de los afectados, Mario Alberto Blas Brito, narró a Libertad en Palabra lo que para él implicó perder su trabajo en Uniroyal, “uno de los líderes mundiales en la producción de llantas para autos, camionetas, pick-ups, minivans y SUVs”, según se lee en su página Web.
Nuestro entrevistado se desempeñó como mecánico de la planta de la llantera.

“En agosto del 2000 fuimos despedidos injustificadamente. Simplemente nos avisaron que la empresa se iba (de Querétaro), y hasta nos amenazaron con que no íbamos ni a tener liquidación. Presionados por las autoridades respectivas y por el comité sindical en ese entonces, aceptamos nuestra liquidación por el temor de perder nuestro patrimonio”, explica, en referencia a que los trabajadores fueron obligados a firmar su renuncia “voluntaria”.

Al cabo de un año cayeron en la cuenta de que fueron engañados, pues la trasnacional nunca se fue de Querétaro. Por el contrario, reabrió sus puertas, pero no contrató a sus antiguos empleados, les negó su derecho al trabajo. Pero no sólo eso. Se descubrieron “boletinados” en otras empresas, en donde, por supuesto, no fueron contratados.
“Yo estuve año y medio sin trabajo”, recuerda Blas Brito. “Pedí empleo como mecánico, que es mi especialidad, pero jamás lo encontré. Llegué a pedir trabajo hasta de ‘garrafonero’ y barrendero, y ni así. Porque me ‘boletinaron’. Esto afectó mi economía, y no tenía ni cómo llevar el sustento a la casa. Yo tenía mi pareja y, como consecuencia de esta crisis, nuestra relación se fracturó. Nos separamos”.

Debido a estas circunstancias que fueron acumulándose, Mario Alberto se refugió en el alcohol. Cuando salió del “túnel” pudo de nuevo trabajar en algunas empresas, en donde no tenía acceso a seguridad social, ni esperanza de contratación en su especialidad, ni a un salario digno. Con esta amarga experiencia a cuestas “empezamos a crear conciencia, a tratar de recuperar nuestra dignidad, a luchar y a intentar esclarecer el supuesto cierre de la empresa (Uniroyal)”. Pero esta actitud le trajo más problemas a él y a otros ex trabajadores de la llantera, “pues nos han ‘boletinado’ aún más. Es más difícil encontrar trabajo. Sólo con amigos o en el mercado informal”.

En el patíbulo

De los 650 trabajadores que fueron despedidos de Uniroyal en Querétaro, al menos una centena de ellos se han divorciado. También hay casos de hijos que tuvieron que abandonar la escuela para dedicarse a trabajar.

Pero el caso más dramático, nos cuenta Mario Alberto Blas Brito, es el de un “armador especializado en llanta”. Se llamaba Mario Federico González, tenía 53 años de edad, y se quitó la vida. No vio más salidas pues no lo contrataron en ningún trabajo.

En su carta póstuma culpó tanto al gobierno como a la empresa, en donde trabajó 20 años. Lo anterior ocurrió hace unos 18 meses. Dejó familia en el camino. Una secuela más del desempleo es el alcoholismo, “una salida muy fácil y algo muy frecuentado entre nosotros, en el sector obrero”, dice nuestro entrevistado.

Otros de sus ex compañeros “han visto bajar su nivel de vida, e inclusive quienes tenían casa del Infonavit la han vendido o rentado, pues es imposible vivir con un salario mínimo. Otros más han vendido sus pertenencias, y algunos pidieron prestado para invertir en algún negocio que se ha frustrado”, con la consecuente acumulación de deudas. A la lista se agregan “nuevos” taxistas, despachadores de gasolina, albañiles, pintores, etcétera.

En este contexto, Blas Brito hace un llamado a los gobiernos para que hagan justicia, pues en siete años ni una audiencia ha habido.

Los ex empleados se van a manifestar bajo el siguiente argumento:

“En agosto de 2007 se cumplen siete años de que fueran despedidos ilegalmente 650 trabajadores, obreros calificados para la construcción de llantas y 100 empleados de confianza, de la empresa Uniroyal, distribuidos en dos plantas de producción: planta Tacuba en el DF y planta Querétaro, cuyos dueños son la trasnacional Michelín México Holding S.A de C.V., con 499,999 acciones, y Uniroyal Goodrich Intellectual Property, con una acción. Ahora sabemos que desde entonces Michelín, asesorada por el bufete trasnacional de abogados Baker & Mckenzie, el gobierno, la CTM y por el comité sindical encabezado en ese entonces por el ‘charro’ Jesús Sánchez Cristóbal, habían fraguado un plan que han venido aplicando con el objetivo de borrar cualquier defensa o resistencia que los trabajadores hagan en pos de sus derechos. A siete años, este plan no ha logrado su cometido; sin embargo el impacto sobre la vida de los trabajadores y de sus familias ha sido destructivo.

“Después de haberles arrebatado su trabajo, la seguridad social y sus derechos, los trabajadores fueron boletinados por Michelín en el DF y Querétaro para que no se les dé trabajo. Así ya no fue posible seguir sustentando los estudios de los hijos, con la consecuente deserción escolar, los divorcios, las separaciones, la destrucción de hogares, la muerte de más de 20 trabajadores (uno suicidado y otros abandonados por su familia), enfermedades, agonías, deudas, desesperanza.

“Los actuales trabajadores de ‘Autopartes Internacionales de Querétaro S.A’ (ex planta Uniroyal) son regidos por un contrato de protección, en donde los trabajadores son coartados de su derecho constitucional a huelga, con jornadas de trabajo de 12 horas diarias, no pueden entablar una queja ante los juzgados laborales y no tienen derecho a la libre asociación Son continuamente amenazados y se violan a diario sus derechos más elementales, como los derechos humanos. La trasnacional Michelín está avalada por la CTM , la COM y el Gobierno Mexicano; es decir, por el trío, Patrón-Charro-Gobierno.

A siete años de nuestro ilegal despido, seguimos y seguiremos en lucha.

Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal.
México, 2007.

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