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Los renglones torcidos de la ley

| 1 octubre 2007 | Sin categoría | 59 vistas | comentarios
  • La agrupación Antorcha Campesina continúa movilizándose para lograr
    la libertad de Cristina Rosas Illescas, presa en San José El Alto hace más de dos años.
  • Representantes gubernamentales ofrecieron liberarla, a cambio
    de que la dirigente se vaya a vivir a otro estado.

Libertad de Palabra.

El dirigente de la agrupación Antorcha Campesina, Jerónimo Gurrola Grave, acudió a las oficinas de Libertad de Palabra para denunciar que funcionarios de Gobierno del estado de Querétaro buscan negociar la liberación de Cristina Rosas Illescas.

Para Gurrola, “ellos se quieren quitar una papa caliente de las manos”.

[SinglePic not found]Narró a este medio escrito que tales representantes gubernamentales le ofrecen a Antorcha Campesina dejar en libertad a la “luchadora social”, siempre y cuando sea trasladada a otro estado, en donde la liberarían. “Nos decían que pudiera ser Puebla, no aquí, porque se pondría en duda la justicia en Querétaro”.

Como se sabe, la maestra Cristina Rosas fue detenida en marzo de 2005, y recluida en el Penal de San José el Alto. Desde entonces Antorcha, que ella encabezaba, asumió su defensa jurídica. Para Gurrola Grave la detención de Illesacas obedece a cuestiones meramente políticas, y tan es así que, agrega, la justicia federal ha concedido cinco amparos para obtener su libertad, mismos que han sido ignorados por las autoridades en Querétaro.
“Ella fue encarcelada por órdenes del secretario de gobierno (Alfredo Botello Montes) y del señor gobernador del estado (Francisco Garrido Patrón)”, según su perspectiva.

Así, y ante el buen avance de la defensa, las autoridades queretanas intentan negociar una salida al caso. “También nos ofrecían concederle su libertad, si la agrupación (Antorcha Campesina) dejaba de tener presencia en Querétaro. Pero eso no lo haremos”.

También denunció Jerónimo Gurrola que el juez que lleva el caso ha querido inclinar la balanza en contra de Rosas Illescas. Para él, el juez José Antonio Olvera Cerbón, en vez de acatar la resolución del Tribunal Colegiado, le da vueltas al asunto y se saca de la manga nuevos argumentos, con la finalidad de dictar sentencia y cerrar el proceso lo más pronto posible.

Movilización.

[SinglePic not found]En 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó la violación de los derechos de Cristina Rosas Illescas, presa en San José El Alto, mediante la recomendación 15/2006, que fue dirigida al Gobierno del estado de Querétaro.

Dicha recomendación puede leerse en el portal de Internet de la propia Comisión: “Esta Comisión Nacional emitió dicha Recomendación el pasado 23 de mayo de 2006 y se refiere, por lo que respecta al gobierno estatal, a conductas de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia.

Durante la integración de distintas averiguaciones previas iniciadas en contra de integrantes de dicha organización social, lo que resultó violatorio de sus derechos a la legalidad y a la libertad personal, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia.

Asimismo por la corrección disciplinaria impuesta a la señora Cristina Rosas Illescas y demás internas del Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto, sin instrumentar previamente el procedimiento legalmente establecido para tal efecto, conculcando en perjuicio de las agraviadas sus derechos de seguridad jurídica y legalidad, amparados por nuestra Carta Magna, por una falta de fundamentación y motivación legal.

“En cuanto a los ayuntamientos de Tolimán y Pinal de Amoles, hubo falta de respuesta a diversas solicitudes que los integrantes de la mencionada organización social realizaron por escrito a los presidentes municipales correspondientes, del año 2001 hasta el 2004, a efecto de mejorar las condiciones de vida de sus agremiados, mediante peticiones para la obtención de servicios públicos, educativos, culturales, deportivos y de regularización de la tenencia de la tierra.

[SinglePic not found]“La no aceptación de la Recomendación 15/2006 por parte del Gobierno del estado de Querétaro y los ayuntamientos de Tolimán y Pinal de Amoles, de esa entidad, evidencia la falta de compromiso de dichos gobiernos en la garantía y respeto de los derechos humanos de los habitantes de su territorio, y coloca a la ciudadanía en un estado de incertidumbre en relación con la credibilidad de las acciones que esos gobiernos realicen”.

Finalmente, Jerónimo Gurrola Grave anunció que Antorcha Campesina también acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para exigir que se libere a su dirigente.

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