Libertad de Palabra

• “Una consulta ciudadana es posible, pero no tendrá trascendencia o influencia en la decisión legislativa que no sea de conciencia moral, si no hay voluntad política y si se apela a la ambigüedad de la constitución y al desinterés del Ejecutivo por hacer una consulta que no le conviene”.

Teresa E. Hernández-Bolaños

El conflicto político en torno a la posibilidad de hacer una consulta pública sobre la reforma energética, abre al menos dos temas. El primero, la trascendencia de una reforma energética que involucra la privatización del petróleo. El segundo, el tipo de democracia que existe en nuestro país que le permite o no al ciudadano mexicano decidir por sus recursos que según la constitución son propiedad de la nación.

Del primer tema se ha hablado mucho, se han expuesto razones en contra de la privatización del petróleo, de las lamentables consecuencias que traería la aprobación de la reforma energética; y por supuesto hay argumentaciones a favor. Del segundo se habla menos y ha sido objeto de conflictos políticos más que de debates juiciosos.

El conflicto sobre la consulta energética está dividido entre quienes se oponen a la consulta y la califican de ociosa por no tener un efecto vinculante con un tema federal; y quienes la apoyan. El debate se centra en la discusión de la legalidad de la consulta para lo cual se planeó un foro: “Consulta ciudadana 2008. Los pasos de la democracia” que paradójicamente pone en entredicho o en interrogación precisamente a la democracia y a su ejercicio constitucional.

Mientras la Asamblea Legislativa del Distrito Federal planea este Foro y finalmente apoya la consulta, se habla de la consulta como un hecho, de su realización en tres etapas y fechas decididas (27 de julio, 10 de agosto y 24 de agosto) y se discute acaloradamente sobre el financiamiento para realizarla. Pero, ¿es o no legal hacer una consulta popular o ciudadana en un tema como el petróleo? ¿Sirve o no sirve de nada hacerla, tiene o no trascendencia política y legal en las decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo?

Es imposible agotar el tema en este espacio y dar una respuesta definitiva, pero sirvan estos elementos: La constitución política mexicana no contempla la democracia participativa. La consulta o el referendo no forman parte explícita de nuestra constitución, como en otros países. El carácter representativo al que hace referencia el artículo 40 constitucional, otorga en el artículo 26 al Ejecutivo facultad para establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, mismos que no están siendo puestos en práctica en esta coyuntura, pero no especifica cuáles son esos procedimientos ni qué es lo que se puede someter a decisión popular.

Claro está que el Ejecutivo no ha puesto en práctica el artículo 26 y que nuestra constitución es ambigua y otorga sólo al Ejecutivo una decisión que debería ser compartida. Por tanto lo que respalda la propuesta de consulta es la Ley de Participación Ciudadana sobre todo del Distrito Federal, en la que se contempla la consulta ciudadana o popular como instrumento de participación.

Por lo tanto una consulta ciudadana es posible, pero no tendrá trascendencia o influencia en la decisión legislativa que no sea de conciencia moral, si no hay voluntad política y si se apela a la ambigüedad de la constitución y al desinterés del Ejecutivo por hacer una consulta que no le conviene. Le conviene destacar la función del legislativo, pues la constitución en su sección III de las facultades del Congreso en el artículo 73 fracción X otorga al Congreso facultades para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear etc. Bajo la democracia representativa en la que nos regimos, son nuestros representantes, los legisladores, los que toman las decisiones por nosotros, al derogar nuestras posibles decisiones en ellos, quedamos fuera, en la práctica, de tomar decisiones como la del destino de nuestro petróleo.

Será lamentable que la consulta sólo funcione como un dique para detener o develar una decisión tomada, y que no tenga para el Ejecutivo y Legislativo un valor democrático constitucional. Pero dejará un avance hacia otra práctica democrática y participativa, esencia de la democracia. Y será una llamada de atención para cuestionar nuestra democracia y nuestro rezago en los avances de participación ciudadana frente a democracias mas avanzadas.

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