Libertad de Palabra

• El problema por el pozo de agua en La Piedad no es un asunto reciente, sino más bien desatendido por las autoridades.
• Ahora Antorcha Campesina ha exacerbado los ánimos en la gente molesta y el gobierno les responde con granaderos.

Eric Pacheco Beltrán

Más allá de la confrontación pública entre la agrupación Antorcha Campesina y el Gobierno Estatal en el asunto del pozo de la comunidad La Piedad, lo cierto es que varios de los habitantes de ese lugar se sienten agraviados porque un señor de nombre Roberto Hernández Barrón abusó de su confianza.

Coinciden los vecinos inconformes, que de manera irregular, esta persona no solo se apropio de su pozo de agua, sino que durante 11 años les vendió el líquido sin rendir cuentas del dinero que obtuvo, aunque lo más grave es que lo habría hecho protegido por su pariente político, el secretario de gobierno, Alfredo Botello Montes.

Y es que en realidad la denuncia la habían realizado desde hace años, pero aún cuando las instancias gubernamentales conocían la inquietud de esta gente, por alguna razón el conflicto se dejó sin atender, hasta que recientemente lo “detonó” la agrupación Antorcha Campesina.

Desalojo en La Piedad.

Ahora el caso es político

Lejos de tratar de solucionar el conflicto, el encargado de la política interna del estado, Alfredo Botello Montes, salió a declarar afanosamente a los medios de comunicación, que detrás del conflicto en realidad estaba la agrupación social Antorcha Campesina.

En efecto, esta organización, misma que desprecian muchos por las marchas que hacen y que trastornan el tránsito vial, tiene meses promoviendo jurídicamente la defensa de los habitantes de La Piedad, que el gobierno en su momento se negó a escuchar alegando que el asunto era entre particulares.

El mismo funcionario estatal, Alfredo Botello Montes, se negó a hablar del asunto, hace un año aproximadamente, cuando este medio le preguntó sobre la queja de vecinos de La Piedad, quienes sostienen que el funcionario estatal protegía a su pariente Roberto Hernández Barrón.

Se empoza solución

La situación se ha ido polarizando. Por una parte los vecinos decidieron tomar el pozo por la fuerza a finales de julio y la respuesta por parte del gobierno estatal no se hizo esperar, al utilizar la fuerza pública para recuperarlo unos días después.

Contrario a lo que informó el secretario de gobierno estatal, Alfredo Botello Montes, cuando dijo que “se invitó” a los vecinos a salir de las instalaciones del pozo, lo cierto es que utilizaron a unos 60 elementos policíacos para imponer su decisión.

En el operativo acudió por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el fiscal Vicente Pérez Hierro, mientras que por la Secretaría de Gobierno el director Mario Quillo y varios de sus “concertadores”, además de los agentes de Seguridad Pública Estatal.

En tanto, la agrupación Antorcha Campesina metió gente de otros estados que ni siquiera conocían bien a bien la situación y que terminaron nada más por agitar a la gente, incluso, contra los comunicadores que cubrían el desalojo.

Atole con el dedo

Lejos de tratar de dar una respuesta que aliviara la inconformidad en La Piedad, el operativo de desalojo evidenció un interés de provocar a la gente, como ya lo habían denunciado vecinos de esa comunidad.

Primero en el operativo estaba el director de gobierno Mario Quillo, empleado de Alfredo Botello Montes, pero se retiró tras la llegada de reporteros al lugar del desalojo. Su lugar fu tomado por el comandante de región, Juventino Ruiz de Santiago quien minutos después lo cedió a uno de los granaderos.

Simplemente no había posibilidad de explicar a los inconformes ni siquiera por qué el desalojo se llevó a cabo sin una orden por escrito.