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La Reforma al Sexto Constitucional ¿Cómo vamos?

| 29 septiembre 2008 | Columna invitada | 222 vistas | comentarios

* Emilene Martínez Morales

En esta semana celebramos México Abierto, una jornada que promueven los medios y la sociedad civil para fomentar un debate ciudadano acerca de la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública.

Sin duda alguna, la reforma al artículo sexto de la constitución será uno de los temas principales que se discutirán durante estos días en los que reflexionaremos acerca de los logros y retos que enfrentamos en la materia.

La reforma al artículo sexto de la Constitución, publicada en julio del año pasado, representó otro paso adelante para una rendición de cuentas más efectiva a nivel federal, estatal y municipal. La reforma que consta de siete párrafos especifica que en la interpretación del derecho a saber deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Asimismo se reafirma que los solicitantes de información no deberán presentar justificación alguna al momento de ejercer su derecho de acceso a la información.

La fracción cuarta de la reforma resultó ser la más controversial a nivel estatal. Dicha fracción establece la creación de órganos y organismos especializados e imparciales que actúen como garantes del derecho a la información y que cuenten con autonomía operativa, de gestión y decisión. Tanto las constituciones locales como las leyes estatales y federales debieron ajustarse a lo estipulado por la enmienda en un plazo de un año.

Muchos especialistas en el tema coinciden que la reforma constitucional blinda el derecho ciudadano a saber, y en teoría lo hace. Haciendo un recuento, hasta la fecha, 25 estados se han pronunciado al respecto- ya sea modificando sus leyes o estableciendo que sus legislaciones y reglamentos cumplían con lo establecido en la reforma

Pero, lo que resulta preocupante es que cuatro estados realizaron esta reforma de manera extemporánea. Más preocupante es que siete estados ni siquiera se pronunciaron al respecto. Y la preocupación mayor es que a nivel federal no ha habido reforma alguna a la LFTAIPG. Es bastante contradictorio que los miembros del Congreso, quienes aprobaron la enmienda y dejaron de tarea a los estados hacer lo propio, no han cumplido con lo que ellos mismos estipularon.

Entre las reformas hechas en los estados, una ya ha sido declarada inconstitucional: la reforma al artículo 33 de la constitución local que fue aprobada por la LV legislatura de Querétaro en marzo. Esta reforma, en pocas palabras, fusionó a la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro (CEIG) con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Querétaro se convirtió en un ejemplo de los retrocesos que puede llegar a enfrentar la transparencia en todos los niveles de gobierno.

Actores a nivel local, nacional e internacional se movilizaron para pronunciarse en contra de esta decisión, entre ellos: el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) y un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil. En el ámbito periodístico, inclusive se publicó un editorial en el Los Angeles Times que alertaba que Querétaro era un claro signo de un posible retroceso del acceso a la información pública en México.

La movilización rindió frutos y el 29 de abril la Procuraduría General de la República y el Partido del Trabajo presentaron un recurso de inconstitucionalidad de las reformas resueltas por el Congreso de Querétaro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Corte declaró inconstitucional la reforma del artículo 33 de la Constitución Política del Estado el martes pasado.

El Presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, declaró en la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia organizada por el IFAI que: “la constitución es muy clara al respecto, los órganos de transparencia estarán especializados en su diseño orgánico y deberán gozar de plena autonomía”.

La interpretación que dio la Corte al sexto constitucional sin duda reafirma el respaldo que tiene la transparencia en materia legal. Sin embargo, el hecho que aún falten la Federación y 7 estados en hacer las reformas correspondientes no debe pasarse por alto.

En el caso específico de Querétaro no debemos olvidar la interpretación que la LV legislatura dio a nuestros derechos constitucionales. Los defensores del acceso a la información en el Estado están obligados a permanecer alertas ante cualquier otro indicio que pueda propiciar un retroceso en materia de transparencia y el derecho ciudadano que tenemos a saber qué hace nuestro gobierno y por qué lo hace.

¿Quién es Emilene Martínez Morales?

{column1}* Emilene Martínez Morales es Coordinadora de Programas de Transparencia del Proyecto México en el National Security Archive en Washington DC.

Cuenta con estudios de maestría en Estudios Internacionales y licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Su trabajo ha estado enfocado en temas relacionados al derecho a saber desde 2001 y ha hecho numerosas solicitudes de información a los gobiernos de México y Estados Unidos.{/column1}{column2}Emilene ha impartido conferencias y talleres relacionados a temas de transparencia en varios países.

Funge además como una de las coordinadoras nacionales de México Abierto, una iniciativa de la sociedad civil y medios de comunicación mexicanos para abrir canales de diálogo sobre la importancia de un gobierno abierto y el derecho a la información.{/column2}

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