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Regañan al presidente de Derechos Humanos

| 15 septiembre 2008 | Columna invitada | 199 vistas | comentarios

Héctor Parra Rodríguez

Con el problema de la inseguridad pública que se vive en todo el país, acompañada de la impunidad y falta de justicia, es el tema que hoy en día ocupa y preocupa a todas las autoridades del ramo, vamos incluso hasta aquellas que nada tienen que ver en estos asuntos propios de autoridades específicas, no encuentran la forma de resolver eficazmente la “triada” de conflictos.

Además de lo grave del problema, todos opinan sobre ello y acusan de corrupción e ineficientes a diversas autoridades. Es el tema de moda y mediático para aquellos que desean notoriedad y no desaprovechan la oportunidad para hablar de la seriedad del asunto.

Adolfo Ortega Osorio, presidente de la CEDH.

Adolfo Ortega Osorio, presidente de la CEDH.

La semana pasada, el presidente e la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado, que nada le compete jurídicamente y atento a su propia ley que rige su actuación, se le ocurrió declarar a los medios que “los jueces se lavan las manos, por señalar que falta información y dejan libres a presuntos delincuentes”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 inciso B, faculta a todas las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como a las de los Estados, para que conozcan de quejas, solo eso, quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial.

Sigue diciendo este inciso que, las comisiones de derechos humanos, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias (no obligatorias por la fuerza de la ley) y denuncias y quejas ante las autoridades responsables. Claramente delimita su función, no es competente en asuntos jurisdiccionales, ello por disposición constitucional.

Expuestas con meridiana claridad las facultades constitucionales de las comisiones de derechos humanos, se concluye que lo declarado por el presidente de este organismo en el Estado, fue verdaderamente un desatino jurídico, dado que ni la Constitución Federal, ni la Local y mucho menos su ley le otorgan las atribuciones para emitir sendas declaraciones en contra del personal del Poder Judicial.

¿Acaso este servidor público conoce de actos de corrupción dentro del Poder Judicial y por ello sus declaraciones de dejar libres a presuntos delincuentes? De ser así, la misma constitución lo obliga a presentar las denuncias antes las autoridades competentes y para el caso sería el ministerio público.

Bastante lento en su reacción se vio al presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ya que a una semana de la acusación pública del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reaccionó y según él, dado que se disculpó el citado funcionario con el personal del Poder Judicial, aquel quedó satisfecho y que no tenía ningún interés en seguir comentando ese problema; calificando, por supuesto y no podía ser de otra forma, a todo el personal del Poder Judicial, como gente honesta, que se empeñan en hacer bien su trabajo y no se vale que alguien se equivoque (refiriéndose al presidente de la Comisión de Derechos Humanos) y haga este tipo de declaraciones; y fue más allá el Presidente del Tribunal, al quejarse de incomodidad por que no se les reconozca y todavía alguien los califique indebidamente.

Desde mi perspectiva, estimo que ahora el presidente del Tribunal, se excedió en alabanzas, vamos, incluso pide que se les reconozca por su trabajo, lo cual es inexacto ya que es un trabajo remunerado, no gratuito ni altruista, por lo tanto es una obligación el que todo, pero todo el personal del Poder Judicial, se aplique eficaz y eficientemente en su trabajo, que sea honesto y verdaderamente profesional.

Jesús Garduño Salazar, presidente del TSJ.

Jesús Garduño Salazar, presidente del TSJ. Foto: Internet.

Estamos totalmente de acuerdo en su inconformidad manifiesta por las declaraciones del presidente del la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hasta ahí vamos bien y como él mismo lo afirma, él queda satisfecho, el agravio fue resarcido. Pero, de que se les tenga que “reconocer” por desarrollar un trabajo que no es honorífico, o sea gratuito, hay una gran distancia, puesto que de aplicar este principio, el pueblo de Querétaro tendría que rendirle pleitesía a todo servidor público y agradecerle por que hacen su trabajo.

Por favor. Este sí es un grave error viniendo del representante de la autoridad impartidota de justicia.

Pero, estimado lector, regresémonos un poco a las declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y formulemos unas simples preguntas. ¿Acaso este servidor público conoces de actos de corrupción dentro del Poder Judicial y por ello sus declaraciones de dejar libres a presuntos delincuentes? De ser así, la misma constitución lo obliga a presentar las denuncias antes las autoridades competentes y para el caso sería el ministerio público, para que investigue y en su caso, ejercite la acción penal en contra de aquellos a los que les resultara presunta responsabilidad. ¿O se trató de un simple desliz que solo buscaba notoriedad el presidente de CEDH?.

También resulta grave esta posición mediática, precisamente al actual irresponsablemente y acusar sin sustento alguno, cuando que esta autoridad basa, eso, su autoridad en la alta moralidad de que debe estar investida, por eso que no sean vinculatorias sus resoluciones, son recomendaciones ante los abusos que comenten las autoridades.

En síntesis, considero que ambas autoridades se equivocaron al tratar públicamente un problema que aqueja y lastima gravemente a todos los mexicanos, en unos Estados de la República más que en otros, pero al fin y al cabo en todos se dan casos de impunidad, de ilegalidad y corrupción. Y el pasado 21 de agosto se llegó a un acuerdo nacional en donde todas las autoridades se comprometieron y empeñaron su palabra para terminar con estos males: la impunidad, la injusticia y la inseguridad; pandemia que hasta hoy no tiene cura. Por ello no se vale que una autoridad moral acuse sin pruebas y otra quiera reconocimientos por su trabajo, por cierto bastante bien remunerado.

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