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Torpeza electoral

| 1 septiembre 2008 | Cabaret Voltaire | 57 vistas | comentarios
  • A quienes pretenden defender la libertad de expresión, les diría que están perdidos con respecto al culpable.
  • Los políticos ahora dependerán mucho más de los directores de periódico y los conductores de televisión y radio.

Carlos González Morales

Mucho se ha hablado de cómo la reforma electoral – primero la federal y ahora la estatal – tiene por objetivo coartar la libertad de expresión, limitar la participación de los ciudadanos y proteger a los partidos políticos.

Lo que sorprende, una vez más, es la capacidad de algunos analistas y de la opinión pública en general, para atribuir a la clase política una inteligencia de la que carece. Tan es así que la reforma electoral podrá proteger la centralidad de los partidos políticos, pero, al mismo tiempo, los hace vérselas negras en materia de campañas electorales y publicidad gubernamental.

Los senadores festejaron (en septiembre del 2007) la aprobación de la Reforma Electoral Federal, ahora sigue la estatal.

Los senadores festejaron (en septiembre del 2007) la aprobación de la Reforma Electoral Federal, ahora sigue la estatal.

Como sucede con casi todos los proyectos legislativos, las propuestas de reforma electoral para el estado de Querétaro son malas no porque respondan a un plan maquiavélico y racional urdido por la clase política para garantizar su dominio y reprimir a la ciudadanía; la mayoría de las propuestas de reforma electoral son malas porque no han sido pensadas, porque responden más a un estado delirante en el que se quiere controlar absolutamente todo, sin detenerse a pensar siquiera un poco. De ese modo, partidos y sociedad acabarán con la soga al cuello.

El único punto positivo de la reforma federal – no sé si porque lo pensaron bien o simplemente le atinaron – es limitar la contratación de espacios publicitarios por particulares, punto que, sin embargo, ha sido de los más criticados. La libertad de expresión existe, pero es administrada por los medios de información, de quienes depende, finalmente, qué se publica, qué sale o no sale en televisión, a quién se entrevista o a quién no. Cualquier persona – si los medios de información así lo quieren – puede dar su opinión en un noticiero, en una entrevista, en un sondeo, con o sin reforma.

Lo único que hace la reforma, en este sentido, es que aquellos que tienen más dinero no puedan expresarse más que quienes no tienen; me parece justo. A quienes pretenden defender la libertad de expresión, les diría que están perdidos con respecto al culpable: la ley protege la libertad de expresión, el estado no persigue la libre expresión de las ideas… no necesita hacerlo, pues tiene en los medios de información el compinche ideal: son ellos quienes deciden quién será o no será escuchado.

Sobre la publicidad gubernamental, es algo que les complica la vida no sólo a los políticos, sino también a los ciudadanos. Prohibir la difusión de la imagen del funcionario, prohibir el uso de colores que identifiquen al gobierno con algún partido, es querer pasteurizar la política de una manera que termina siendo más que contraproducente.

No sólo se las ven negras los políticos para encontrar la forma de difundir su imagen, de promoverse sin poner su cara en todos los postes de la ciudad; no sólo se mueven los “dineros” y las influencias para que le hagan a uno una entrevista – como eso de que a Rivadeneyra lo entreviste Miguel Ángel Álvarez una vez a la semana –; también se las verán negras los electores, porque, si el sistema funciona, no tendrán información suficiente para elegir entre candidatos. Hay algo en política que se llama reputación, y en un sistema democrático es fundamental permitir a los actores, sean partidos o sean políticos, hacerse de una.

Pareciera como si fuera pecado que un político hiciera algo con fines electorales… ¡si de eso se trata la democracia! No pudiendo confiar solamente en la buena fe de los actores, la democracia parte del principio de que el éxito del político dependa de su capacidad para satisfacer las necesidades de los ciudadanos: quieres poder, bueno, resuelve problemas. No debe, pues, importar si el político hace las cosas de buena fe o con fines electorales, mientras las haga.

Pensar la democracia en un sentido histórico, además, implica reconocer que la gente tiene que poder ser capaz de juzgar quién cumplió y quién no, quién hizo qué y qué partido nomás no sirvió para nada. Si las cosas salen como los defensores de la reforma pretenden (o parece que pretenden porque no creo que sepan siquiera qué quieren), los electores tendrán que decidir entre varios candidatos basados solamente en la imagen que pueda vender cada uno de ellos durante la contienda electoral; no habrá reputación, no habrá historial para que el ciudadano pueda decir: él me funcionó como presidente municipal, lo quiero de gobernador. Se le quitan armas al ciudadano.

La otra opción – que es la más probable – es que las redes informales de influyentismos y corruptelas en los medios de información y en las oficinas de prensa de cada candidato, terminen definiendo quién aparece en qué medio, con qué frecuencia y con qué carácter. Esto explica, en buena medida, por qué los medios de información no se han puesto tan críticos con la “neutralización” de la publicidad gubernamental: ahora los políticos dependerán mucho más de los directores de periódico y los conductores de televisión y radio.

La consecuencia perversa está también en la transparencia: antes de la reforma, era posible saber quién gastaba cuánto en poner su cara en Bernardo Quintana, y era posible que la ciudadanía reclamase austeridad y menos espectacularidad de sus autoridades. Ahora, las administraciones pagarán tarifas tres veces más caras a un medio de información por concepto de un anuncio “neutral”, y – bajita la mano – negociarán una entrevista “en el estudio” o tres buenas notas a la semana en los periódicos “de prestigio”. Si los hay tontos y los hay avispados.

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