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¿Cuál Constitución Política es la Válida?

| 9 marzo 2009 | Columna invitada | 229 vistas | comentarios

Héctor B. Parra Rodríguez

Religiosamente cumplieron todos. Los presidentes municipales y los titulares de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Fue una lluvia o mejor dicho, un huracán de informes del estado que guardan las distintas administraciones.

Todo fue en concordancia con la Constitución Política del Estado “renovada”, sí, ¿pero cuál Constitución? Resulta que el Titular del Poder Ejecutivo expidió y promulgó dos Constituciones Políticas del Estado de Querétaro; la primera el 31 de marzo de 2008 y la otra el 31 de diciembre del mismo año.

¿Nadie se ha dado cuenta del gravísimo error o a estas alturas del sexenio a nadie le importa ya?

En cualquiera de los supuestos la situación es delicada, dada la incertidumbre jurídica que genera la expedición y promulgación de dos constituciones políticas diferentes, distintas y en caso de violación a la misma, cuál será la válida, la del 31 de marzo o la del 31 de diciembre.

Recordará usted, gentil lector, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, de fecha 31 de marzo del 2008, precisamente por que la Constitución Local violaba la Federal; por lo tanto, los legisladores debieron agotar el proceso establecido por el Constituyente permanente, que se compone de la Legislatura del Estado y los dieciocho ayuntamientos, o sea, que las adecuaciones ordenadas por la Corte, debieron pasar por los ayuntamientos, y nada, este procedimiento no lo hicieron.

Foto: Especial

Foto: Especial

Resulta que de la declaración de inconstitucionalidad emitida por la Corte, los legisladores queretanos simplemente modificaron los artículos inconstitucionales, en el rincón de sus oficinas, como mejor les pareció, sin agotar procedimiento legislativo alguno, sin darles vista a los ayuntamientos (o sea que los ayuntamientos oficialmente no saben que además de inconstitucional fue modificada la Constitución que ellos avalaron) y ordenaron nuevamente su publicación en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” y, ni tardo ni perezoso, el Ejecutivo volvió a expedir y promulgar una nueva Constitución Política del Estado, en fecha diferente del 31 de marzo.

Otro asunto grave, firmaron sus propias modificaciones los legisladores que ya no estaban en funciones en mesa directiva, el diciembre pasado eran otros legisladores los que fungían (¿o fingían?) por lo tanto usurparon funciones que no les competía: ordenar la promulgación y publicación de las modificaciones.

El primer error procesal se agravó con la doble publicación de la Constitución. Algunos juristas podrían argumentar que es la misma Constitución y no pasa nada, como así suponemos lo han considerado los abogados de la Secretaría de Gobierno y el Director Jurídico de la misma Secretaría, puesto que así ordenaron la publicación, la cual firmó el gobernador del Estado y no ha pasado nada.

Es más, supongo nadie se ha dado cuenta de ello dado que pasa aparentemente inadvertido el “error”. Segunda equivocación grave. Violaron el procedimiento de modificaciones a la Constitución Local, no entró en funciones el Constituyente Permanente y “solo Dios sabe” quién hizo las modificaciones (adecuaciones ordenadas por la Corte) a la Constitución. Tercer tropiezo, también grave, los diputados que ordenan la nueva publicación no estaban en funciones en mesa directiva y suplantan a quienes de hecho y de derecho estaban en funciones.

Aquí un solo ejemplo como muestra del equívoco de los legisladores que origina incertidumbre constitucional. El Artículo Cuarto Transitorio, de ambas Constituciones, establece la vigencia del artículo 28 de la misma Constitución, dieciocho meses después de la publicación.

Luego entonces ¿cuándo entra en vigor ese artículo? si partimos de la base que hay dos publicaciones y en ambas reza la expedición y promulgación de la Constitución en fecha distinta; una el 31 de marzo y la otra el 31 de diciembre; ¿a partir de cuál de estas fechas empieza a contar el plazo de los dieciocho meses para que entre en vigor? ¿Y qué regula ese artículo 28? Aparentemente algo simple, los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

¿Por qué aplazar tanto tiempo la entrada en vigor de tales requisitos? Sencillito. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la conformación de una sala más: la novísima sala constitucional. Una sala que jamás ha existido, pero que le dará la oportunidad a este gobierno de meter a tres magistrados más.

¿Queda claro el por qué del aplazamiento? Los legisladores queretanos tendrán la oportunidad de seguir engrosando la nómina de panistas en el Poder Judicial y así ampliar el poder y el control del panismo en puestos burocráticos clave.

No olvidemos que recientemente fueron ratificados tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuando que aun no terminaba su periodo de tres años. Claro, ya ratificados por los actuales diputados, ahora nadie los puede remover hasta dentro de nueve años más. ¡Ah que abusivos!

A todo estos, véase los Artículos Transitorios séptimo y octavo de la nano Constitución, por medio de los cuales, constitucional y arbitrariamente son ampliados los periodos de duración del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Titular de la Entidad Superior de Fiscalización.

Uno por dos años más y el otro por un año más. Así que, si tenemos en estado de inmovilidad a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otras autoridades estatales, concluimos que el actual gobierno deja blindada su salida varios años más.

¿Inteligentes o abusivos o ambas cosas? Unos imparten justicia, otro tiene a su cargo las cuentas de los recursos públicos y otro más la responsabilidad de proteger los derechos humanos de los ciudadanos cuando son violados por las autoridades.

Esto no termina. Faltaba la cereza del pastel con la inclusión del nuevo y único titular de la Comisión Estatal de Información Gubernamental, el cual fue designado apenas el jueves 5 de marzo y durará en el cargo varios años; los tres comisionados que habían resultado incómodos para el poder público, fueron removidos de sus funciones para imponer a uno solo que cargue con el peso de otorgar la información pública, que hoy se ha caracterizado por su opacidad; así que, esta entidad pública es la responsable de facilitar el acceso de toda la información pública en manos de la burocracia, a la ciudadanía, ah, pero también tiene la atribución de negarla.

Y hablando de opacidad gubernamental, revisando los periódicos oficiales de “La Sombra de Arteaga”, me encontré en la página de gobierno algo inaudito, insólito, un nuevo periódico que no existía, de fecha 31 de diciembre pasado. De las investigaciones que realizo constantemente, me consta que no existía este periódico. ¿Qué importancia tiene? Dos cosas.

Una, que el gobierno puede imprimir y publicar los periódicos que se le antojen, aun en fechas pasadas y eso es harto peligroso en manos abusivas, como ahora.

Dos, que la publicación obedece a modificaciones a la Ley Electoral del Estado, la nueva y recién publicada, a los artículos 106, 107, 143, 154 y 235; así como el artículo Segundo Transitorio de la, también nueva Ley de Medios de Impugnación en materia electoral.

¿Cómo le hicieron los genios para que no se tratara de una reforma? Simple, ordenaron una supuesta fe de erratas, que consiste en corregir supuestos errores mecanográficos y no legislativos.

¿Quién se queja? Nadie, todas las autoridades están coludidas. Solo falta que nuestras autoridades quieran legislar ampliando los períodos para los cuales fueron electos y así eternizarse en el poder. Eso es lo que quieren, ¡eternizarse en el poder!

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