Libertad de Palabra

• El diputado Marco Antonio León Hernández la considera precipitada.
• A él lo habían citado en la CEDH para declarar sobre el asunto el 10 de marzo.

Redacción

El diputado Marco Antonio León Hernández, calificó de precipitada y limitada la recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre la agresión que sufrió Julio Figueroa Medina, en el Teatro de la República a manos del personal de seguridad del Gobernador.

En su punto de vista, dicha recomendación es un elemento justificatorio de la CEDH, que no analiza todo el contexto y la responsabilidades que tendrían otros funcionarios.

León Hernández explicó que además de los elementos que actuaron para echar del Teatro de la República, se debe analizar la responsabilidad del presidente de la mesa directiva, e incluso, la del propio presidente de Derechos Humanos.

De entrada el diputado Convergente no entiende cómo es que a él se le cita el 10 de marzo para aportar su testimonio y antes de que llegue la fecha ya hay una recomendación, por lo que sostuvo que podrían solicitar juicio político en contra de Adolfo Ortega Osorio, si detectan manipuleo.

Por lo pronto insiste que la recomendación de la CEDH, es simplemente un elemento justificatorio.

A continuación el contenido textual del boletín que envía la CEDH.

Emite la CEDHQ su Recomendación 181 (03/2009) por el caso Julio Figuera

En relación con la queja CEDH/408/2009/VA presentada ante este organismo el 28 de febrero del año en curso por el ciudadano Julio Figueroa Medina, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informa que hoy emitió su Recomendación 181(03/2009) dirigida al Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes, al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, José Manuel Ogando Pérez, así como al Procurador General de Justicia del Estado, Juan Martín Granados Torres.

La investigación integrada por el testimonio del quejoso y de los involucrados, así como material fotográfico y audiovisual diverso, notas de prensa y peritajes médicos, permitió a este organismo concluir que el día 28 de febrero, durante el Quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, Julio Figueroa Medina fue víctima de violaciones a sus derechos humanos de Integridad y Seguridad Personal, así como de Legalidad y Seguridad Jurídica por cuatro servidores públicos de las tres dependencias arriba señaladas.

Coincidiendo los testimonios vertidos ante este organismo por parte del quejoso con lo narrado por los servidores públicos involucrados, así como con el material gráfico y audiovisual que sobre el hecho existe, se concluye que Sergio Jiménez Robles, Concertador Político de la Secretaría de Gobernación, Juan Pérez Velázquez y César Gutiérrez San Pablo, Investigador y Jefe de Grupo de la PGJ, respectivamente, así como Juan Fernando Morales Rojas, elemento de la Policía Estatal, hicieron un uso indebido de la función pública que produjo el deterioro de la integridad física de Julio Figueroa Medina.

Por lo anterior, y considerando el inicio de la averiguación previa 1/168/2009 por parte de la PGJE, a la cual este organismo dará puntual seguimiento, se recomendó a los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Procuraduría General de Justicia del Estado, dar vista al Órgano de Control Interno de las dependencias a su cargo a fin de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos arriba señalados.

Así mismo, este organismo agradece la colaboración de los directores de los medios de información, reporteros, funcionarios públicos y ciudadanos que aportaron los elementos suficientes para concluir la investigación satisfactoriamente.

Por lo anterior, la CEDHQ formuló las siguientes Recomendaciones a las autoridades señaladas:

Al Procurador General de Justicia en el Estado:

PRIMERA.- Se dé vista al Órgano de Control Interno de esa Procuraduría General de Justicia, a fin de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa de los CC. César Gutiérrez San Pablo y Juan Pérez Velázquez, ambos investigadores de esa dependencia, con el objeto de deslindar responsabilidades respecto de los hechos materia de la presente y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes.

SEGUNDA.- Se instruya a los elementos bajo su cargo respecto a los límites y justificaciones del uso de la fuerza física, así como a la debida identidad de situaciones de riesgo y los mecanismos de respuesta.

Al Secretario de Gobierno del Estado:

PRIMERA.- Se dé vista al Órgano de Control Interno de esa Secretaria de Gobierno, a fin de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa del C. Sergio Jiménez Robles, concertador político de esa dependencia, con el objeto de deslindar responsabilidades respecto de los hechos materia de la presente y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes.

SEGUNDA.- Se instruya a los servidores públicos bajo su cargo respecto a los límites y justificaciones del uso de la fuerza física, así como a la debida identidad de situaciones de riesgo y los mecanismos de respuesta.

Al Secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado:

PRIMERA.- Se dé vista al Órgano de Control Interno de esa Secretaria de Seguridad Ciudadana, a fin de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa del C. Juan Fernando Morales Rojas, Policía Estatal de esa dependencia, con el objeto de deslindar responsabilidades respecto de los hechos materia de la presente y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes.

SEGUNDA.- Se instruya a los elementos bajo su cargo respecto a los límites y justificaciones del uso de la fuerza física, así como a la debida identidad de situaciones de riesgo y los mecanismos de respuesta.

En virtud de lo anterior, y como se desprende de la indagatoria número I/168/2009 iniciada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por la presunta responsabilidad penal en que incurrieron las autoridades involucradas en el asunto, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos dará seguimiento a la misma hasta su determinación.

De conformidad con lo señalado en el artículo 46 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, requiero a Ustedes envíen, en un término no mayor de 15 días hábiles, su respuesta sobre la aceptación de las Recomendaciones antes enumeradas, y, en caso de ser afirmativa, remitan a esta Institución las pruebas correspondientes a su cumplimiento en un término de 15 días hábiles posteriores a su aceptación.

La Recomendación 181 (03/2009) fue notificada este día a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, cuya respuesta se espera en un término no mayor a 15 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los artículos 64 al 70 de su Reglamento.