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Omisión de la CEDH

| 23 marzo 2009 | Columna invitada | 585 vistas | comentarios
  • Análisis de Bernardo Romero Vázquez del Centro de Derechos Humanos “Fray Jacobo Daciano” A.C.

1. Antecedentes

Con fecha 6 de marzo del presente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro emitió la Recomendación número (181) 03/2009, derivada de queja interpuesta por Julio Figueroa apenas del 28 de febrero anterior.

Si bien es notable la rapidez con que fue emitida dicha Recomendación (la Comisión tiene hasta seis meses para emitir una resolución) ciertamente el contenido y la calidad resultan muy deficientes.

2. Cualidades de una recomendación

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro

Una recomendación emitida por un Organismo Público de defensa de Derechos Humanos tiene la función principal de restituir los derechos violentados por una autoridad así como de sancionar al funcionario responsable, con fines preventivos y de justicia, además de motivar la reparación del daño.

Por ello, toda resolución emitida por un ombudsman, debe cumplir con cualidades mínimas que la hagan aceptable y creíble, lo cual exige que cumpla con ciertas características formales y de contenido.

Concretamente, el texto de una Recomendación emitida por un Ombudsman debe, primeramente, ser coherente en las partes que la componen, de tal manera que las conclusiones se deriven de manera lógica de las premisas, las cuales a su vez, deberán estar apoyadas en evidencias empíricas ciertas e indudables, y por argumentos lógico-jurídicos estrictamente válidos.

3. Sobre la Recomendación (181) 03/2009

La Recomendación en comento adolece de severas dificultades en el carácter probatorio de sus evidencias, el rigor lógico-jurídico de sus argumentos y en el alcance de sus recomendaciones específicas.

Aparte queda aclarar la premura con que se realizó; de acuerdo con el apartado correspondiente del texto, apenas la víspera de entregarse la recomendación se estaba recibiendo evidencia, por lo cual era imposible de analizar. Además, la recomendación fue emitida días antes de recibir el testimonio de los testigos propuestos por la víctima (los Diputados Consolación González Loyola, Ma de Jesús Ibarra y Marco Antonio León) cuya declaración era indispensable, lo cual es una carencia grave.

3.1 En el apartado “SITUACIÓN JURÍDICA GENERADA” solamente se señala que hubo “ejercicio indebido de la función pública y deterioro de su integridad personal” (en agravio de Julio Figueroa) “por parte de servidores públicos de esa Procuraduría General de Justicia en el Estado”, y en cambio, se remite la Recomendación también a los titulares de la Secretaría de Gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (de Querétaro), por violaciones a derechos humanos de funcionarios de esas otras dependencias de gobierno.

Además de consistir en una imprecisión, pues viola el principio básico de la lógica que dice que no puede haber nada en las conclusiones que no haya estado antes también en las premisas, tal inconsistencia disminuye el carácter probatorio del documento y aumenta las posibilidades de impunidad de los responsables y de resarcimiento del daño.

3.2. La argumentación central de la Recomendación pretende establecer la responsabilidad de los funcionarios implicados a partir de la evidencia de las lesiones que presentaba Julio Figueroa al momento de interponer su queja y que fueron constatas por el Dr. José Luis Barrera Alemán, médico perito de la PGJ mediante certificado médico clínico no. 03030 (evidencia 2.3 del texto de la Recomendación), que supuestamente se confirman con la descripción del quejoso y con el material gráfico y audiovisual reunido por la CEDHQ.
Pero tal argumentación presenta varias dificultades graves:

3.2.1 Para que una evidencia de lesiones pueda establecer nexo causal entre la presunta agresión y el daño infligido a la víctima (y por lo tanto determinar de manera indubitable la responsabilidad de la autoridad), el peritaje médico debe determinar la mecánica de lesiones, de tal manera que se pueda establecer de manera precisa el modo en que el agresor causó daño a la víctima.

En la recomendación en cuestión, el análisis de las lesiones se apoya en un certificado médico que describe las lesiones, sin que se determine el modo y el medio como se infligieron, por lo que no resulta conclusivo respecto de la responsabilidad de los funcionarios implicados.

3.2.2. Otra evidencia con la que se pretende demostrar la agresión a la víctima, según se establece en el apartado “OBSERVACIONES” (página sexta del escrito) es la “fe de integridad física que hizo personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, pero tal evidencia no se consigna en el apartado correspondiente (“EVIDENCIAS”), por lo que no podría invocarse, además de que no se aclara qué tipo de “personal” elaboró tal prueba ni se determina su contenido, por lo que carece de valor probatorio.

3.2.3. Consecuentemente, en el texto de la Recomendación no hay suficiente evidencia que vincule a los funcionarios implicados con los hechos motivo de la denuncia, por lo que la Recomendación no es conclusiva respecto de la presunta responsabilidad de esos funcionarios.

3.3. Según se desprende de las observaciones de la Recomendación, varios funcionarios de diversos órganos de Gobierno del Estado de Querétaro cometieron diversos abusos, excesos y agresiones en la persona de julio Figueroa, conductas que pueden ser tipificados como delitos tales como abuso de autoridad, lesiones, privación ilegal de la libertad, denegación del derecho al libre tránsito, etcétera.

3.3.1. En Estricto Apego a derecho y en atención a las facultades que le otorga la Ley a la Comisión de Derechos Humanos, este organismo debería haber recomendado al Procurador de Justicia del Estado el inicio de averiguación previa por los delitos mencionados, lo cual no se hizo y supone una omisión grave de parte de la Comisión en perjuicio del agraviado y en demérito del Estado de Derecho.

3.3.2. De igual modo, puede constatarse que las conductas agresivas de parte de los funcionarios públicos en contra de la víctima se extienden a negarle el acceso al teatro de la República y a manifestar su opinión en relación con el conocido caso impune del asesino de la B. M. W.

Consecuentemente, la recomendación tendría también que solicitar la investigación de la conducta de los funcionarios en relación con la negativa a la víctima del derecho de libre acceso a un evento público como era el informe del Gobernador, en especial en su carácter de periodista, y del derecho a la libre expresión de las ideas.

La Recomendación, debería también haber incluido a las autoridades destinatarias la petición de investigar y en su caso sancionar la violación grave a estos derechos fundamentales.

3.3.3. Particularmente, puesto que las agresiones de que fue objeto Julio Figueroa fueron infligidas por los funcionarios con el objeto de que se desistiera de su actitud de denuncia frente al gobernador, encuadran en el tipo de tortura. De igual modo, la Comisión debería haber incluido a sus recomendaciones particulares la persecución del delito de tortura por parte de los agresores, práctica muy grave y todavía muy extendida entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley en México.

3.3.4. Pero especialmente, independientemente de la responsabilidad particular de los funcionarios implicados, el Estado es responsable de la restitución del daño sufrido por la víctima. La Recomendación en comento no aborda ese tema en absoluto, lo cual deja sin reclamar un derecho fundamental de las victimas consagrado en la Constitución, e incrementa el estado de indefensión del quejoso.

3.3.5. Finalmente, otra omisión grave de la Recomendación (pero seguramente no la última) es la falta de señalamiento de la responsabilidad de los funcionarios superiores que ordenaron la seguridad en el recinto y que, en atención a un principio de jerarquía de mando, son consecuentemente también responsables de las diversas violaciones a sus derechos humanos que sufrió Julio Figueroa.

4. De todo ello se colige que respecto de la Recomendación número (181) 03/2009, derivada de queja interpuesta por Julio Figueroa en relación con hechos ocurridos el 28 de febrero en el Teatro de la República durante el informe de gobierno del Gobernador Francisco Garrido Patrón, la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro y su titular fueron omisos de manera grave lo que resulta en perjuicio de la víctima y en impunidad, y violenta no solamente el derecho del quejoso a ser defendido, sino que violenta también el Estado de Derecho en Querétaro.

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