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Por propia voluntad

| 16 marzo 2009 | Editorial | 83 vistas | comentarios

Suponer que el personal de seguridad que agredió a Julio Figueroa Medina actuó de mutuo propio y que no hay ningún autor intelectual que haya ordenado su expulsión del Teatro de la República el día del Informe del gobernador, Francisco Garrido Patrón, es completamente ridículo.

Más bien parece que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde sostienen esa versión, se pretende aligerar la responsabilidad para aquellos a los que incomodaba que un ciudadano empañara el majestuoso Informe del señor Francisco Garrido Patrón y que por eso ordenaron echarlo fuera.

La Comisión con su recomendación 181/2009 señala a los autores materiales, pero no a los intelectuales. Ni siquiera solicitó comparecer a funcionrios de primer nivel, bajo el pretexto de que los policías confesaron que a ellos se les ocurrió golpear y expulsar a Julio Figueroa y tan tán.

Libertad de Palabra Num. 85. Foto: Libertad de Palabra

Libertad de Palabra Num. 85. Foto: Libertad de Palabra

Como si se tratara de tapar el ojo al macho, en 6 días la CEDHQ resolvió el caso más vergonzoso del sexenio del gobernador Francisco Garrido Patrón, quien ni siqueira se inmutó al ver que un ciudadano que le exigió justicia fue leventado de su asiento a la fuerza y expulsado
del recinto a golpes.

¿Debemos festejar por la recomendación de la CEDH? La respuesta es no. En realidad se señala a algunos de los autores materiales que fueron registrados en fotografías y videos, pero al mismo tiempo se proteje a los autores intelectuales a quienes no se acepta ni siquiera investigarlos.

No se les quiere tocar ni con el pétalo de una rosa.

No por nada, desde hace tiempo se ve que en la casona de Hidalgo no. 6, despacha un Ombudsman que está más preocupado porque los gobernantes lo consideren “un buen tipo”, a velar por los derechos humnos de los quejosos que solicitan la protección del organismo.

El penoso caso no ayuda en nada a la credibilidad del organismo defensor, que hoy tiene un presidente que no tiene carácter y que se aferra a cuidar los intereses del mandatario Estatal.

La situación parece simple de explicar. Adolfo Ortega Osorio, le debe al gobernador el favor de “operar” para que los diputados panistas, con mayoría en el congreso, le otorgaran ese cargo.

Entre toros

Y si en Derechos Humanos queda bastante claro la forma de ejercer el poder dando la espalda a la sociedad, en el Municipio de Querétaro no tienen límites.

Ahí el alcalde de Querétaro y la mayoría de sus regidores, demostraron por qué pesa más el dinero que la Ley.

Sin ningún pudor se pusieron a las órdenes de un pudiente empresario queretano, por quien son capaces de contravenir la normatividad y hacer a un lado a quien no esté de acuerdo.

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