Libertad de Palabra

• Los legisladores de Querétaro modificaron la Ley sin analizar el contenido, ahora se dicen arrepentidos.

Ponen "candados" a la transparencia. Foto: Especial.

Redacción

Los diputados de Querétaro, con excepción de María del Carmen Consolación González Loyola, aprobaron a “ciegas” que se cobre por la “búsqueda” y “extracción” de la información pública en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Al menos eso aceptaron varios de los diputados, quienes admitieron no saber que el cobro por la búsqueda de la información que se hace en la LV Legislatura y en el gobierno del estado, tiene que ver con una modificación a la Ley echa por ellos mismos.

La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, como parte de las modificaciones realizadas a la Ley de Hacienda en el mes de diciembre del 2008. Sin embargo, aunque no conocían todo el contenido, los diputados la votaron a favor.

Y es que en la Ley de Hacienda fueron adicionados los artículos 126 C y 144 BIS, que facultan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para cobrar por la “búsqueda” y “extracción” de la información pública, aún cuando el artículo sexto de la Constitución Política de México advierte que la información pública es gratuita.

Levanta dedos

Entrevistado sobre el cobro de la búsqueda de la información, el diputado priísta Antonio Aguilar Landaverde, dijo: “Nosotros desde un inicio rechazamos ese tipo de prácticas que se vienen realizando, no debería de ser así, según tengo entendido es de los pocos estados en los que se lleva a cabo esta práctica, entonces, nosotros no estamos de acuerdo y reprobamos ese tipo de actitudes”.

El legislador consideró que dicha modificación a la Ley es “una traba, para no ofrecer esa información a la que la ciudadanía tiene derecho”, pero cuando se le hizo ver que él también votó a favor para que esto ocurriera, aceptó su descuido: “Lo que pasa es que no tuvimos la suficiente precaución de revisar minuciosamente ese cobro y la verdad se nos pasó, cosa que asumo mi responsabilidad como diputado, considerando que fue un error de nuestra parte también.

Landaverde expresó que ahora debe modificarse la Ley para borrar dicho artículo, pero cuando fue entrevistado él ya andaba apurado por solicitar licencia al cargo, porque quiere ser otra vez Presidente Municipal de Huimilpan por el PRI, por lo que no asumió ningún compromiso de realizar la modificación.

El diputado del PAN, José Guadalupe García Ramírez y suspirante a ser alcalde de El Marqués, fue otro de los que sostuvo que no se debe cobrar por buscar la información. “Yo creo que es incorrecto, debería de no cobrarse”, puntualizó.

Y es que calificó de “ilógico” que si un ciudadano quiere acceder a la información pública, se le cobre por “buscarla” y “extraerla”.

Cuando al diputado se le informó que él aprobó el artículo que faculta el cobro de la información se comprometió a revisar la Ley. “Finalmente nos quedan algunos meses como legisladores, y que bueno que se da esto para meternos de lleno y ver qué podemos hacer, para ver ese punto”, aunque él en breve podría abandonar el cargo de diputado si se le designa como candidato a la alcaldía.

También entrevistamos al diputado del PRD, Martín Mendoza Villa, quien de plano no sabía que en el Ejecutivo y el Legislativo se cobrara por la “búsqueda” y “extracción” de la información pública. “¡ah caray! Yo no sé de eso”, contestó.

Cuando se le explicó la situación, calificó de “absurdo” “injusto” y “preocupante” que estén existiendo cobros a la ciudadanía por la información pública.

Entonces el perredista prometió que él investigaría por qué se hacían esos cobros “irregulares”. Cuando le dijimos que el congreso, incluido él como diputado, lo habían aprobado, Mendoza Villa admitió que él no se dio cuenta. “La información debe ser pública, abierta y debe ser gratuita. Habría que checar bien esto, habría que checar y hacer el compromiso de modificar esto. De revocarlo”.

Otro de los legisladores consultados fue el diputado por Convergencia, Marco Antonio León Hernández, quien sostuvo que no se justifica que se cobre por la búsqueda y extracción de la información pública en el Poder Legislativo, pues aseguró que la información está a la mano y “lo que no está a la mano es la voluntad para ser transparentes”.

Al diputado se le preguntó entonces por qué aprobaron la modificación y esto señaló: “Esas leyes las envía el ejecutivo y bueno pues, el poder legislativo en el medida que es posible, busca modificarlas, acordarlas y bueno ahí se ven las cosas hasta donde se pueden concertar”.

A los alegatos para tratar de justificar la falta de una legislación profesional, se sumó la diputada María de Jesús Ibarra Silva. “Si se nos remite un día antes la gaceta legislativa y se incluyen ahí 30 iniciativas de Ley que se están dictaminando, humana y jurídicamente es imposible hacer una revisión detallada”.

Sobre el asunto admitió que se trata de una modificación que nada más obstaculiza el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. “A mí me parece que si se está cobrando por la búsqueda de información pública, no se cumple con lo que establece la Constitución del país, porque la Constitución de manera clara establece que es gratuita”, puntualizó.

El único que conocía del asunto fue el diputado panista Eric Salas González, quien insistió en que la información es gratuita, pero la búsqueda no. No obstante, trascendió que el diputado también desconocía la modificación, y fue hasta que Libertad de Palabra publicó los recibos de cobro del gobierno del estado que se dio a la tarea de investigar y aplicar lo mismo en el Poder Legislativo.