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De memoria política y elecciones (Segunda de tres entregas)

| 22 junio 2009 | Tlaticpac | 36 vistas | comentarios

Manuel Gerez del Río

En México, la implantación del neoliberalismo y de la doctrina de Friedman comenzó en los años 70. Al igual que el resto de América Latina, en México se había presentado un enorme crecimiento industrial gracias a una política de protección a la industria nacional y a las grandes ganancias que reportaba el petróleo.

Sin embargo, ya a fines del periodo de López Portillo, la crisis petrolera y los intereses de la deuda externa pusieron en serios aprietos al Estado mexicano. La primera gran crisis económica mexicana apareció bajo la luz del neoliberalismo.

A esto se suma el comienzo de la apertura del mercado mexicano a los productos internacionales, particularmente de los Estados Unidos. En 1979, México había desregulado algunas barreras arancelarias; cuestión que se incrementaría en 1986 con su entrada al GATT.

Las empresas nacionales, tanto privadas como públicas, sufrieron la terrible presión de artículos a bajo precio provenientes del exterior.

Al mismo tiempo, las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) se iban recrudeciendo para servir a los grandes capitales. Los países que solicitaban préstamos para soportar las crisis inducidas desde el exterior, eran sometidos a grandes presiones para que los gobiernos aplicaran las reformas al Estado que Friedman y los Chicago Boys consideraban necesarias para unas finanzas públicas sanas.

Y sólo entonces poder dar luz verde al flujo de crédito internacional: los países tenían que dar apertura a sus mercados, privatizar las empresas estatales, reducir el gasto público y establecer una legislación “competente” en materia laboral. La apertura a los capitales golondrina se daría en forma espectacular años más tarde bajo el gobierno salinista; tan espectacular como su salida de la Bolsa Mexicana de Valores con destino a Asia.

La venta de las empresas públicas mexicanas, con el pretexto de su incapacidad para competir -si no es que se exponía sin reparos la innecesaria actividad estatal en esas áreas-, arremetió durante Miguel de la Madrid, cuando el Estado mexicano se deshizo de aproximadamente mil empresas públicas.

Esta venta de empresas estatales provocó que miles de personas quedaran sin empleo de la noche a la mañana y fuesen recontratadas –si la reingeniería lo permitía- bajo otras condiciones laborales.

Las prácticas de contratación laboral se fueron haciendo cada vez más laxas hasta presentar esquemas por demás abusivos como la carencia de un contrato fijo, la contratación por periodos cortos de empleo, el uso de “contrato” por honorarios, la doble contabilidad para evitar el pago de utilidades, la evasión del registro ante el IMSS y en el otorgamiento de las prestaciones de ley, seguido de un largo etcétera. Eso sí, se apegaban estrictamente a un bajísimo salario mínimo que no cubría –ni cubre hoy día- ninguna de las necesidades básicas del trabajador.

Por supuesto, la aplicación de la doctrina Friedman en México tenía la facilidad del partido único gobernante. Este equilibrio favorable a las instituciones extranjeras y al poder interno de los varios millonarios que estaban haciendo fortuna a costa de millones de pobres, se vio tambaleante cuando en 1988 la izquierda iba a la cabeza en las elecciones presidenciales. Por un infortunado “problema técnico” en el sistema del IFE, el partido en el gobierno obtuvo de nuevo la victoria y la consecuente aplicación de las normas de la Escuela de Chicago.

Con Salinas de Gortari, los lineamientos del FMI y BM se hicieron más visibles. La autonomía del Banco Central (uno de los lineamientos de Friedman y cuyo gobernador continúa en el poder ¡desde 1998!), la emisión de una nueva moneda para controlar la inflación y evitar brotes masivos de protesta, la liquidación de las empresas públicas del ramo de las telecomunicaciones y las concesiones a empresas privadas para el manejo de carreteras (después rescatadas con dinero público), los bancos (también rescatados con dinero de los contribuyentes) y un largo etcétera.

Los resultados: la creación de fortunas individuales catalogadas entre las más importantes del mundo (y la primera de América Latina), el aumento de la pobreza a niveles del 60% de la población (aunque en el peor momento de la crisis de los 90 el porcentaje fue mucho más alto y muchos mexicanos entraron en el umbral de la pobreza extrema), el aumento del “excedente” de mano de obra que tuvo que emigrar a EU, el consecuente aumento de la violencia y la inseguridad, además del crecimiento de las prácticas de corrupción que van aunadas al capitalismo sin restricciones como lavado de dinero, fraudes multimillonarios, compra de empresas públicas a precios muy por debajo de su valor real, clientelismo, asignación de obras públicas bajo esquemas sospechosos…

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