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De memoria política y elecciones. (tercera y última parte)

| 6 julio 2009 | Tlaticpac | 20 vistas | comentarios

Manuel Gerez del Río

Las historias de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón no difieren en absoluto. Ernesto Zedillo lidió con la crisis del peso mexicano: el “error de diciembre”, que era la consecuencia de la política económica internacional: la fuga masiva de capitales que carecían de regulación alguna. Para los 90, los mercados asiáticos prometían mucho más que los latinoamericanos.

El nefasto sexenio de Vicente Fox no sólo remató con las funciones del Estado –sobre todo por su incapacidad de gobernar- , sino que ligó en forma abierta y descarada la política económica interna con los lineamientos ejecutados por su “amigo” Bush –el presidente con mayor énfasis en el libre mercado sin restricciones de los Estados Unidos-.

Las elecciones de 2006 abrieron las posibilidades de cambiar la pésima situación de millones de mexicanos. Por desgracia, los muy cuestionados y cuestionables resultados mantuvieron en el poder a los políticos del neoliberalismo. La línea dura de los ricos más ricos, el Consejo Coordinador Empresarial, aplicó en forma más que descarada los recursos económicos que le sobran para enviar mensajes mediáticos de miedo a la población.

La idea de que Andrés Manuel López Obrador subiera el poder era –por supuesto sólo en el papel- una oportunidad para romper con la imposición del capitalismo sin restricciones y el fin de las ganancias a costa de la explotación masiva y sistemática de millones de mexicanos y el uso del Estado para el beneficio privado. Se esperaba que, como el resto de América Latina lo estaba -y está haciendo-, triunfara el partido de izquierda (aunque sobre los ideales políticos del perredismo me mantengo al margen). Sin embargo, en esta ocasión, como en muchas otras, México fue siempre del lado contrario de los sucesos en Latinoamérica.

Aún existen empresas públicas de vital importancia para la economía del país; son las empresas estratégicas que los capitales internacionales están ansiosos por comprar: petróleo, electricidad, sistema de aguas, siguen en la lista de liquidación. En meses pasados ya el gobierno logró el cambio legal para la apertura de algunas áreas de Pemex a capitales privados. Es sólo un paso en la posterior venta de la mayor paraestatal.

Pero los requerimientos internacionales de una “sana política económica” no sólo se centran en la privatización sino en la reforma estructural de áreas de apoyo al sistema como una legislación laboral que genere trabajadores “más competentes”. Ello quiere decir que la ley debe permitir los despidos masivos, la eliminación del salario mínimo y de prestaciones “costosas” para las empresas, además de un pretendido aumento de 8 a 10 horas de trabajo.

Por supuesto, las consecuencias son la figura endeble del trabajador, salarios con capacidad de compra cada vez menor gracias al ajuste a los esquemas salariales y laborales al mundo “competitivo” de Asia o Centroamérica. Eso sin olvidar del control histórico del Estado sobre los sindicatos: a través de ello se ha podido constatar más de una vez la declaración de la ilegalidad de huelgas para evitar la confrontación con el capital bajo la amenaza de su salida del país.
La reforma a la ley del ISSSTE es resultado de otra de las peticiones del FMI con respecto a las pensiones, por no hablar de la consolidada, años atrás, privatización de las pensiones del IMSS en las Afores.

No hay que olvidar, de ninguna manera, los aspectos de educación y sanidad. La sostenida huelga en la UNAM del 99 y las demandas por seccionar la universidad y abolir la gratuidad de la instrucción pública, son conceptos importantes en las políticas neoliberales y que urgen las instituciones financieras internacionales.

Estas líneas se puede observar en las patéticas propuestas de vales de educación y sanidad del Partido Verde Ecologista, por no mencionar la ilógica postura de un partido supuestamente ecologista con la pena de muerte. En lugar de que los diputados y senadores laboren porque el Estado logre el mejoramiento de la educación y el servicio médico, abogan porque aquél se desentienda de una de las tareas más importantes que debe mantener. El uso de vales del Estado no es otra cosa que canalizar el dinero público destinado al cumplimiento de dos importantes rubros de actividad gubernamental a la iniciativa privada. ¿Quién será el beneficiado con millones de pesos del erario público para la compra de medicamentos en farmacias privadas y a precio de mercado?

En consecuencia, habrá que pensar muy bien por quién se vota en estas elecciones para que el Poder Legislativo esté lo más equilibrado posible y pueda limitar la liquidación del Estado mexicano.

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