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Sobre la criminalización de los movimientos sociales en Querétaro

| 7 abril 2011 | Columna invitada | 349 vistas | comentarios

Texto presentado durante el foro Criminalización de la Lucha Social”, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la participación, además, de Francisco Ríos Agreda, Agustín Escobar Ledesma, Salvador Canchola Pérez y Antonio Flores González.

Efraín Mendoza Zaragoza

Ciudad de Querétaro, abril 6, 2011

Los ciudadanos y las organizaciones sociales están en su absoluto derecho de moverse al margen y aún en contra de las instituciones del Estado. No sólo pueden oponerse al orden jurídico, pueden combatirlo. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, útero de todas las instituciones del país, reconoce que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Bueno, pues, el mismísimo EZLN, cuando se alzó en armas con el propósito de derrocar al gobierno, hace 15 años, lo hizo invocando este artículo, el 39 de la Constitución, que todavía está vigente aquí donde a veces la Constitución parece importar muy poco.

Movimientos sociales

Imagen: Especial.

Siempre he creído que en la legítima persecución de sus propósitos las organizaciones sociales no deberían desdeñar el margen (a veces muy delgado margen) en que pueden ser útiles las instituciones para empujar sus luchas. Si bien el orden jurídico ha sido diseñado para proteger la propiedad y asegurar el orden, también lo es que ese orden tiene grietas y resquicios a los que puede encontrárseles utilidad.

Es cierto que hay en la historia judicial de este país sentencias aberrantes, como la que exoneró a un gobernador en su contubernio con un poderoso industrial para afectar a una periodista; como la que exoneró al presidente de la República tras haber puesto en peligro la elección presidencial de 2009, y como la que exoneró a miembros del gabinete presidencial por la muerte de 49 niños y las heridas perennes a 75 más en una guardería.

Es cierto. Pero también es cierto que hay otras determinaciones judiciales que nos dejan como lección que siempre será mejor usar a las instituciones que escupirlas mandarlas al caño. Son las instituciones que tenemos y, sin apostar sólo por ellas, es pertinente hacernos cargo de ellas para empujar la agenda ciudadana.

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