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La distante transparencia

| 30 mayo 2011 | Columna invitada | 39 vistas | comentarios

Samuel Bonilla Núñez*

Nada significa para el ciudadano de a pie que estén por cumplirse 10 años de la primera ley de transparencia en el país (Jalisco), que se hayan formulado más 660 mil solicitudes de información a la administración pública federal (APF) y cientos de miles más al resto de sujetos obligados en el país, la reforma al artículo 6º constitucional en 2007 o que México sea un referente internacional en transparencia.

Transparencia

Foto: www.libertadzero.com

El derecho de acceso a la información pública en México, aunque es para todos, sólo es de interés de algunos y provecho de menos. En este campo el gran olvidado sigue siendo el titular de ese derecho, particularmente aquel que todavía no sabe que tiene esa condición.

Si el dios de la transparencia sólo despacha en los grandes centros urbanos es tarea de los órganos garantes “democratizar” esta nueva garantía individual y derecho humano para que realmente sea tal, y expandir su ejercicio a sectores que desconocen cómo ejercerlo y de qué manera aprovecharlo para mejorar sus condiciones de vida.

Duele ver cómo varios de esos órganos garantes de la transparencia en México se quejan de insuficiencia presupuestal y, con frecuencia, el rubro que no refleja tal insuficiencia es el de los sueldos de sus comisionados o consejeros. ¿Hemos creado una nueva burocracia que viaja de congreso en congreso, con gastos pagados, para hablar de transparencia, sin contribuir de manera significativa a la formación y acompañamiento de nuevos usuarios en sus propios estados?

¿No habría que incorporar un indicador en el que los órganos garantes de la transparencia informen de oficio, periódicamente, cuántos nuevos usuarios han formado en su estado? ¿Que integren un catálogo público de los aprovechamientos sociales que en su estado se le ha dado al derecho que promueven y lo difundan tanto como sus informes anuales de actividades?

No basta con decirle a un sector de la población que tiene el derecho de acceso a la información pública, es necesario instruir sobre cuáles son las diversas formas de ejercerlo y –que no necesariamente es lo mismo– de cómo se puede aprovechar. Así como mostrarle los medios de defensa que puede utilizar, incluido el amparo contra resoluciones de los propios órganos garantes, y dónde encontrar asesoría para ello.

Educar a amplios sectores de la sociedad en este campo es una tarea que rebasa la capacidad de las autoridades en la materia. Pero al menos hay que desarrollar estrategias multiplicadoras que permitan formar en cascada formadores para expandir el conocimiento y las destrezas suficientes para el ejercicio de este derecho, y buscar centros de orientación para su uso como bibliotecas públicas (hay 7,300 en el país), centros comunitarios digitales, escuelas, universidades, centros comunitarios de aprendizaje, unidades de enlace y sus equivalentes en los estados, ciertas oficinas públicas como las de correos y telégrafos, incluso cibercafés.

El Centro de Transparencia de la Universidad de Sonora, campus Navojoa, forma brigadas con estudiantes de varias carreras que prestan su servicio social en comunidades de la zona. Además de los conocimientos y habilidades propios de sus carreras, estos jóvenes van “armados” con los conocimientos básicos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Este tipo de iniciativas deben ser estimuladas y apoyadas.

La brecha informacional que sufren sectores socialmente marginados se acentúa con la brecha digital, que permite sólo a un sector privilegiado de la población aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (más allá del teléfono celular). Brecha digital que en el campo de la transparencia se refleja en que más del 96% de las 660 mil solicitudes a la APF han sido realizadas desde una computadora con Internet, y que el promedio anual de solicitudes formuladas en papel, es decir sin computadora, no rebasan las tres mil para sus más de 240 sujetos obligados.

La sociedad del conocimiento sólo es la punta del iceberg de la “sociedad de la ignorancia”. Pareciera que sólo existe o sólo importa lo que vemos, o lo que queremos ver.

Otra tarea que hay que atender con prioridad es la de demostrar al ciudadano de a pie las diversas utilidades sociales que tiene el derecho de acceso a la información pública, más allá de las que se repiten en cada congreso (fiscalización al gobierno, combate a la corrupción, contribuir a la rendición de cuentas, etcétera). En tanto las personas no encuentren sentido a este derecho no les significará nada.

La mejor inversión en propaganda será la que se destine a propagar no la existencia del derecho de acceso a la información pública, sino las formas de ejercerlo y, sobre todo, de aprovecharlo. Usuarios que hayan podido comprobar la utilidad de este derecho serán sus mejores promotores (y gratuitos). La mejor inversión.

*Samuel Bonilla es periodista desde 1978. Se ha especializado en el tema de la transparencia y el acceso a la información pública. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en la materia. Imparte talleres de alfabetización sobre el derecho de acceso a la información pública en bibliotecas y planteles educativos. Es coordinador de Información y Sociedad Iniciativa Ciudadana (ISIC) y de México Infórmate en San Luis Potosí. Es asesor editorial de Transición, información para el ciudadano.

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