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Entre la independencia y la subordinación

199 | 4 julio 2011 | Columna invitada | 77 vistas | 1 comentario

Efraín Mendoza Zaragoza

Bien lo advirtió Héctor Parra, en el séptimo mes de conflicto y en el séptimo intento, finalmente fue electo el séptimo consejero del Instituto Electoral de Querétaro para un ejercicio de siete años. Pues sí, en una sesión donde ocurrieron demasiadas cosas (el bien ganado reconocimiento a la periodista Mariana Chávez y el grotesco intercambio de golpes entre dos diputados del bloque mayoritario, entre otras cosas olvidables), el martes 28 de junio fue electo el profesor Alfredo Flores Ríos, un técnico en la materia, un hombre de trabajo al que le empieza a correr el tiempo para darle a la ciudadanía evidencias de la idoneidad de su designación.

Alfredo Flores Ríos

Alfredo Flores Ríos. Foto: Agencia SieteFoto.

Habrá que decirlo con toda claridad: de entre los siete consejeros, Alfredo Flores será el único electo conforme a la Constitución Política del Estado, es decir, con mayoría calificada. La suya, empero, tiene el tufo de una imposición negociada, una continuación lógica del acto de fuerza consumado el 30 de noviembre de 2010, cuando fracasó la política y se impuso la irracionalidad, cuando se eligió al árbitro sin la concurrencia de la fuerza política que concentra la mitad del electorado. Dada la opacidad que priva en esta clase de decisiones muchos han especulado, y creo que con razón, sobre el vínculo entre esta elección y la autorización en la misma sesión, también por unanimidad, del endeudamiento al ayuntamiento de Tequisquiapan, asunto de interés para el panismo.

A cambio de lo que haya sido, pues eso está dentro de la naturaleza pragmática de los acuerdos políticos, vale la pena dimensionar este acto.

Los siete intentos por nombrar al séptimo consejero son como siete clavos en la cruz de la inconstitucionalidad de origen con la que tendrán que cargar los otros seis consejeros. Y eso, hay que decirlo, con todo y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (el llamado Trife) validó su elección con endebles argumentos jurídicos y un deliberado ataque a la constitucionalidad, tanto en su letra como en su espíritu.

Tendremos que estar muy atentos a lo que viene, pues si bien el PAN sumó sus diez votos a la mayoría –en una unanimidad acusatoria– mostró por conducto de su coordinador parlamentario que la herida está abierta, pues advirtió que el Consejo General en funciones, lejos de ser un árbitro electoral, es “un lacayo, un verdadero sirviente”, procreado en un acto de abuso. Podrá decirse cualquier cosa, pero de este delicado episodio el principal damnificado es el Instituto Electoral de Querétaro, que hoy proyecta un proverbial desgaste, imputable a la línea autoritaria con que se pretende conducir al estado. Aunque con soberbia y desdén hacia la ciudadanía algunos digan que esto lo entiende sólo “el círculo rojo”, lo cierto es que no sólo quedó dañada la imagen del instituto, sino que quedó desgastada y vulnerada su autoridad.

En el estado en que se encuentran las cosas, al día de hoy, miércoles 29 de junio, me parece que el Consejo General está jugándose las últimas fichas de su patrimonio político, antes de entrar a la organización del próximo proceso electoral. Las señales que ha mandado hasta ahora no son favorables: ha debilitado la función fiscalizadora, retrocediendo en el control ciudadano sobre los partidos, y ha adoptado un extraño silencio ante la invasión de la esfera electoral por parte de funcionarios adscritos al Poder Ejecutivo del Estado, por citar dos ejemplos.

Empero, a esta fecha tiene ese órgano dos fichas que jugar.

La primera tiene que ver con la redistritación que ordena la Ley Electoral del Estado. Está obligado el Instituto a presentar, con carácter de iniciativa de ley, un proyecto para garantizar que la conformación de los distritos en que está dividido el estado corresponda al supremo criterio constitucional de la representatividad. Vale la pena recordar que públicamente, en un foro celebrado en marzo pasado, el presidente del Consejo General, José Vidal Uribe Concha, anunció que la redistritación, que por ley debe hacerse cada década, arrojaría el natural aumento de un distrito al municipio capital, es decir, pasaría de 6 a 7 diputados. Es preciso que el Consejo General no se someta al deseo que priva en el Palacio de la Corregidora de que todo mundo se olvide de la redistritación.

Y la segunda ficha consiste en el paquete de iniciativas de reforma que en estos días debe turnar el Consejo General a la Legislatura. Seamos pacientes y aguardaremos al documento final para saber si se atendió a la exigencia ciudadana o al deseo del Jefe Político. Habrá que estar atentos a conocer el destino de las propuestas de ciudadanos, académicos y activistas, así como de su exigencia de que el órgano electoral pronuncie un claro rechazo al proyecto autoritario y antidemocrático del gobernador por constituir un retroceso y un flagrante atentado contra la autonomía de esa autoridad.

Está el Consejo General ante la oportunidad de desmentir a sus críticos, que lo señalan de haber abdicado de su independencia y de estar subordinado al Poder Ejecutivo.

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1 comentario

  1. Lo que mal empieza mal acaba, este sr. Alfredo amigo intimo del sr. Vidal ambos los recordamos desde hace 10 años que viven del presupuesto cuando tomaron el IEQ uno como Director el otro como su secretario particular. Venian ya desde antes arrastrando la cobija en el IFE, con esto le daran continuidad o perpetuidad para seguir viviendo del presupuesto y seguir contratando a sus amigos. Dando y recibiendo favores. si no pregunteles como es posible que el mismo proveedor del PREP siga siendo la misma persona y para terminarla de amolar sea un proveedor foraneo dejan sin chamba los provedores locales.

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