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Paz Pública

199 | 4 julio 2011 | En Pocas Palabras | 238 vistas | comentarios

Nahum G. Hernández Bolaños

Toda crisis en sus efectos catárquicos exigirá la actualización de los valores democráticos relevantes, regenerará a personas y a instituciones y hará surgir nuevas propuestas de gobernabilidad que reconceptualizarán las actividades determinantes del Estado y de su administración. En esta ocasión, me refiero a la crisis de seguridad pública en la que vivimos. Ahora bien, ante esta circunstancia y sus consecuentes acomodos, señalemos de inicio, los escenarios en los que entra nuestro país.

Seguridad

Foto: www.lapoliciaca.com

En primer lugar, numerosos estudios han venido indicando que casi la mitad de la población en la región latinoamericana estaría dispuesta a tolerar un retroceso autoritario con tal de contar con un gobierno capaz de enfrentar los problemas de inseguridad ciudadana.

Por otra parte, las corporaciones policíacas y, crecientemente, las fuerzas armadas tienden a asumir roles protagónicos que tarde o temprano pueden conducirlas a ganar espacios de poder estratégicos frente al que ostentan las autoridades civiles.

Un tercer escenario atañe a la pérdida de la capacidad del Estado para hacer valer la legalidad, indicador de ello es la creciente tendencia de la ciudadanía a alejarse de los mecanismos públicos de seguridad y justicia, a la sazón observamos el aislamiento en fraccionamientos privados y la proliferación de empresas de seguridad privada, o la contratación de guardias blancas al servicio de grupos económicos que buscan proteger sus intereses. Y quien dude de la falta de capacidad del Estado para hacer valer la legalidad, ahí está la cooptación de corporaciones policiacas por parte de la delincuencia y la pérdida de control en los penales; éstas son, entre otras, expresiones de descontrol grave y generalizado, que se expresan incluso en aquellos ámbitos en los que el hacer prevalecer el orden tendría que ser indiscutible, como en las cárceles.

Sabemos que proteger la integridad física de los habitantes es la primera y la más evidente obligación de cualquier Estado. Sin embargo, para cumplir puntualmente con esa responsabilidad se requiere de la articulación institucional en todos los niveles de gobierno, de la probidad y transparencia en las oficinas públicas y de la capacidad de control sobre las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales, aspectos que, a juzgar por los hechos que vivimos, se encuentran ausentes.

Finalmente, y a propósito de los escenarios mostrados, puntualicemos algo que pocos han atinado a señalar, y es que para llevar a cabo la tarea de combatir al narco y al crimen organizado, el Estado debe ser visto como legítimo, de lo contrario es pequeño frente a cualquier adversidad. El Estado se lanzó a una lucha que no podía ganar, justamente porque carecía de legitimidad, e irónicamente pensó que en esta lucha la encontraría, pero lo único que halló fue el reflejo de sus propias carencias y de paso allanó el camino de sus opositores de cara al 2012.

Esta crisis tendrá que regenerar y reestructurar nuevos caminos en nuestra democracia, pues la inseguridad ciudadana puede ser el punto más débil para consolidarla. Ello compete tanto a las instituciones como a la propia ciudadanía, pues si bien los gobiernos son los organismos oficiales que hacen que los acuerdos entre las partes funcionen, en realidad la implementación sostenible depende del consentimiento y participación del público, así, los ciudadanos tienen un papel fundamental en la obtención de la paz.

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