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Involucrado en tortura alto mando de la Procuraduría de Querétaro

203 | 1 agosto 2011 | Querétaro | 1.483 vistas | 1 comentario
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    • El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Adolfo Ortega Osorio, cuestionó la lentitud de la Procuraduría para actuar en contra de su propio funcionario.

    Eric Pacheco Beltrán

    Querétaro, Qro.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), Adolfo Ortega Osorio, lamentó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) actúe con lentitud en la averiguación previa por tortura, donde está involucrado el director de Averiguaciones Previas de la dependencia estatal, Adrián Saúl Alcántara Obregón.

    Adolfo Ortega Osorio

    El Ombudsman de Querétaro lamentó la lentitud con la que la PGR maneja el caso Lanka-Dellonce. Foto: Agencia SieteFoto.

    Se trata del asunto conocido como “Lanka-Dellonce”, relacionado a la recomendación 185 de la CEDHQ que confirmó la existencia de tortura de parte de policías municipales en contra de una pareja que fue detenida ilegalmente y a la que le fue sembrada droga.

    El jefe de los policías que torturaron a Dellonce, era precisamente el hoy funcionario estatal, Adrián Saúl Alcántara Obregón, quien además permitió que se exhibiera a la pareja ante los medios de comunicación como narcomenudistas.

    Sin embargo, pese a la tortura -confirmada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad-, los policías de la denominada “Guardia Municipal” siguen en funciones, y en la Procuraduría de Querétaro han cerrado en tres ocasiones la averiguación previa.

    Precisamente, Dellonce Miles Pérez González, sospecha que las trabas para hacerle justicia, se debe a que Adrián Saúl Alcántara Obregón ahora es director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, es decir, es el jefe de la Ministerio Público que le ha cerrado su expediente.

    El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo Ortega Osorio, considera que ante los acontecimientos, el funcionario estatal debía excusarse de intervenir en el caso. “Estando involucrado en un asunto tan grave, me parece que es evidente su interés en este asunto”.

    Incluso, Ortega Osorio sostiene que el funcionario estatal “tendría que haberse excusado y tendría que haberse llevado a cabo (la investigación) por otro tipo de trámites”, al no haberlo hecho así expuso que la Procuraduría “genera mucha especulación y sospecha de su posible actuación”.

    No obstante la irregularidad en el seguimiento del caso, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos expuso que ese organismo ya hizo lo que estaba a su alcance, al solicitar la separación de los policías y una investigación.

    En ese sentido, expuso que existen los elementos para que el gobierno municipal de Querétaro, a cargo del panista Francisco Domínguez Servién –quien aceptó la recomendación pero no la ha cumplido en su totalidad–, separe de su cargo a los policías de manera inmediata.

    “Nosotros tratamos de presionar, me parece que hay argumentos suficientes para poder separar del cargo momentáneamente, por lo menos hasta que se acredite la culpabilidad por parte de autoridades responsables, pero sí tendría que aplicarse de inmediato una suspensión”.

    Respecto a la denuncia en la Procuraduría General de Justicia, Ortega Osorio se pronunció porque la dependencia estatal, a cargo de Arsenio Durán Becerra, actúe con mayor agilidad.

    “Nosotros esperaríamos que la Procuraduría pudiera actuar de manera mucha más rápida, hay algunos asuntos que se han planteado en la comisión, que nos gustaría desde luego que la Procuraduría tuviera más agilidad y prontitud en cuanto a su resolución”, dijo Ortega Osorio.

    Adicional a las pruebas que recabó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y con las que determinó responsabilidad de los policías en el caso “Lanka-Dellonce”, su presidente, Adolfo Ortega Osorio, sostuvo que las nuevas pruebas fortalece la resolución de esa comisión.

    “Me parece que la suspensión de algunos elementos que están siendo investigados, tendría que ser una situación natural y obvia, tendría que ser inmediata”, insistió.

    Sin embargo, en el gobierno municipal de Querétaro han mantenido a los oficiales involucrados en los hechos de tortura.

    En tanto que en la Procuraduría General de Justicia de Querétaro se ha optado por tratar de cerrar el expediente y dejar así impune a los responsables.

    Lo anterior con todo y que los afectados se entrevistaron con el Gobernador, José Eduardo Calzada Rovirosa, quien supuestamente había ordenado al Procurador, Arsenio Durán Becerra, atender personalmente el asunto.

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