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El Derecho a Saber: Claroscuros en Querétaro

211 | 26 septiembre 2011 | Destacado | Querétaro | 325 vistas | 1 comentario
  • El Poder Ejecutivo dejó de cobrar por la búsqueda y extracción de información pública, pero ahora recurre a otras excusas y pretextos para no entregar información.

Eric Pacheco Beltrán

Querétaro, Qro.- El estado de Querétaro fue uno de los primeros en impulsar una Ley en materia de Acceso a la Información Pública en el País, durante el sexenio del panista Ignacio Loyola Vera.

Cartel Derecho a Saber

Diseño: Javier Gómez. http://re-designx.com/ Da clic para ampliar.

Sin embargo, también se ha convertido en un referente nacional de los retrocesos que se han impulsado en el país en materia de transparencia.

Por ejemplo, en el sexenio anterior, encabezado por el también panista, Francisco Garrido Patrón, el Estado destacó por la intentona del Congreso del Estado por fusionar la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), contrario a lo establecido en la Constitución Federal.

De manera adicional, durante la última reforma realizada en diciembre de 2008, la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública estableció el cobro por la búsqueda y extracción de información, lo que terminó por desalentar el Acceso a la Información Pública.

El cobro por la búsqueda de la información derivó que, durante el sexenio anterior, se registraran casos de solicitudes de información pública donde la autoridad demandaba el pago de 3 mil 500 pesos de manera anticipada por buscar la información requerida.

La Constitución de México en su artículo 6

El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Actualmente el gobierno del priísta José Eduardo Calzada Rovirosa, dejó de cobrar por la búsqueda y extracción de información, al no considerar dicho pago en su presupuesto financiero.

Sin embargo, aún no ha sido eliminado de la Ley de Acceso a la Información Pública dicho pago, establecido en el artículo 6 de dicha Ley en los siguientes términos:

Artículo 6.- La consulta de la información es gratuita; sin embargo, la búsqueda, extracción y reproducción de copias simples o elementos técnicos deben tener un costo directamente relacionado con los materiales y recursos empleados, el cual deberá ser cubierto por el solicitante de manera previa a la entrega de la información”.

En el actual sexenio también se puso en marcha un sistema para solicitar información de manera electrónica (Infomex). No obstante, de manera sistemática el Poder Ejecutivo continúa recurriendo a diversas excusas y pretextos para negar la entrega de información pública.

De manera adicional, en el Estado de Querétaro también se optó por cambiar el órgano directivo, al pasar de un órgano colegiado integrado por 3 comisionados, a una institución que actualmente es dirigida de manera unipersonal por un comisionado presidente y otros 3 comisionados honoríficos sin voto.

Tal medida es considerada a nivel nacional como un retroceso, debido a que se argumenta que es más difícil que los órganos colegiados pudieran ceder a presiones en sus decisiones, comparado con los órganos dirigidos de manera unipersonal.

“Informes especiales”

De manera más reciente, ahora el Órgano Garante decidió modificar su criterio relacionado a las solicitudes que comprenden “informes especiales”.

La medida terminó por favorecer a los sujetos obligados de entregar información pública, sin tomar en cuenta las implicaciones negativas para los solicitantes.

Lo anterior porque en el caso de “informes especiales” el Órgano Garante ordena la “puesta a disposición de la información para su consulta”.

Es decir, mientras que antes se obligaba a las entidades públicas a entregar la información solicitada y el Órgano Garante podía conocer la información entregada, ahora se limita a pedir que se “ponga a disposición la información” para consulta de los solicitantes en el lugar donde la autoridad la resguarde.

La medida pareciera buena, pero en la práctica el Acceso a la Información Pública se complica.

Primero porque el Órgano Garante se desentiende de la información que recibe el solicitante, al privarlo de recibir por escrito una respuesta de la autoridad donde le entregue la información solicitada.

Después porque, en el caso del Poder Ejecutivo, se prohíbe la reproducción de la información que es puesta a “disposición” por cualquier medio, pretextando el artículo 47 del reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo que establece lo siguiente:

“La consulta física, será individual y sólo por el solicitante, no pudiendo designar terceros para tal fin.
“El solicitante tendrá la responsabilidad de la custodia y conservación de la información, desde el momento en que acceden a ella, así como de su maltrato o destrucción, teniendo prohibida toda reproducción por cualquier medio.
“Si el solicitante no acude el día y hora señalados, se le tendrá por desistido de su solicitud. En caso de persistir su interés, deberá formular su solicitud de nueva cuenta”.

El problema es mayor porque para la CEIG gran parte de la información pública es un “informe especial”.

Lo mismo solicitar el dato de mujeres denunciadas por aborto; el monto económico pagado a un servidor público, o el gasto de galletas del Poder Ejecutivo.

¿Por qué? En el razonamiento de la CEIG son datos que no han sido generados y en consecuencia “informes especiales”.

El propio Javier Rascado sostiene que si alguien de fuera del Estado solicita alguno de esos datos, tendría que trasladarse a Querétaro para sumar las facturas por gasto de galletas o acudir por los datos para su consulta a donde la entidad gubernamental le indique que los tiene.

No sería mucho problema si se proporcionara la información, pero la realidad es que se prohíbe reproducir los documentos por cualquier medio y el tiempo se limita para su consulta.

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1 comentario

  1. QUEREMOS SABER PORQUE TENEMOS DERECHO A SABER

    En el marco del Día Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre), buena mesa abierta sobre “Los retos en materia del acceso a la información pública en Estados Unidos, México y Querétaro”. Con Kate Doyle, Lilia Saúl Rodríguez, Eric Pacheco Beltrán y Efraín Mendoza. En la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ. Con la presencia de dos alcaldes municipales, ex diputados y ex presidentes de partido, ex consejeros electorales, funcionarios y ex funcionarios, académicos, periodistas, ciudadanos y alumnos… Convocaron Libertad de Palabra y México Infórmate.
    Buena capacidad de convocatoria.
    –Cierto, la información no resuelve los problemas pero provoca un debate feroz democrático. Es decir, crea un clima propicio a la sociedad y de vigilancia crítica a los gobiernos.
    –Tenemos derecho a saber lo que hace y no hace el gobierno. Hay una necesidad de verdad. Y para ello hay que usar la ley.
    –Sugerencias: insistir en el derecho de información, utilizar la ley que empuja hacia delante al sistema, socializar la información y la cultura de la transparencia, publicitar las cosas y judicializar los casos necesarios.
    –¿Cuánto se gastaron en sus fiesteritas de cumpleaños el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador José Calzada Rovirosa? ¿Cuánto se gasta en las escoltas que dan seguridad a sus familias? ¿Cuánto se gastó en pólvora en los festejos del Bicentenario?
    –El periodista tiene que hacerla a veces de notario público y dar fe de los problemas ocultos y oscuros.
    –Consignar las cosas y hacer que sucedan nuevas realidades.
    –Hace falta una sociedad más activa y más demandante de la rendición de cuentas de los funcionarios.
    –Saber qué podemos preguntar al gobierno y preguntarlo legal y públicamente.
    –Examen del periodista: ¿qué te duele y qué necesitas?
    –Desgraciadamente hay claros retrocesos en Querétaro en materia de transparencia por parte del órgano garante: la CEIG.
    –Pero las cosas y las leyes favorables no se dan por concesión del poder, sino por la presión de la sociedad organizada y en movimiento.
    –¿Por qué le incomoda tanto al poder rendir cuentas? Porque la información es poder y está acostumbrado a hacer y deshacer en lo oscurito.
    –¿Quién mató en Querétaro a Marco Antonio Hernández Galván?
    Buen diálogo abierto informativo, formativo y democrático…
    Felicitaciones a los organizadores.
    C. JULIO FIGUEROA.
    Qro. Qro., miércoles 28-IX-2011.

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