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¿Y la transparencia de las entidades gubernamentales?

211 | 26 septiembre 2011 | Columna invitada | 120 vistas | comentarios

Mariana Chávez Castañeda*

El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se indica que “toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública”, mientras que en la fracción tercera del mismo artículo, se establece que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información, a sus datos personales o a la rectificación de éstos”.

IFAI

Foto: ww.siempre.com.mx / Daniel Betanzos.

Ello implicaría que cada uno de los mexicanos tendríamos acceso a la información que es pública sin ninguna complicación en el entendido que esos principios constitucionales, así lo especifica.

Sin embargo, en la vida cotidiana ello está totalmente alejado de la realidad, pues aunque existen las diversas unidades de acceso a la información gubernamental o pública, en la práctica utilizan mecanismos velados para no brindar la información pública de forma explícita.

Uno de los argumentos que han utilizado las diversas unidades de acceso a la información pública a nivel federal, estatal y de los municipios, es que los datos solicitados son inexistentes, o que no localizó la información solicitada.

En un periodo de ocho años, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) registró mil 330[1. Dato obtenido del libro Panorama de la comunicación en México, Desafíos para la calidad y la diversidad” editado por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI).] recursos de revisión contra la declaración de inexistencia de la información solicitada al sujeto obligado.

En el año 2003, el IFAI registró ocho recursos de revisión por la respuesta de inexistencia de la información otorgada por las entidades obligadas a brindar la información; para el 2006 el número de recursos era de 128 y para el 2010, 253 recursos de revisión.

En Querétaro también es común que las diversas unidades de acceso a la información brinden como respuesta que la información es inexistente al utilizar como justificación diversos ordenamientos legales. Un ejemplo de ello es que el concepto utilizado en el documento de la solicitud no está contemplado en el código penal, o que al realizar una búsqueda “minuciosa” no localizaron la documentación solicitada.

Ejemplos como éstos y muchos más se podrían enlistar para dar cuenta de los mecanismos velados que utilizan en la práctica los diversos sujetos obligados para no brindar la información que es pública.

Todo ello, lleva a la pregunta ¿Y dónde queda la transparencia de las diferentes entidades gubernamentales? Es evidente que algunas autoridades de los diversos niveles de gobierno no tienen el menor interés de transparentar todo aquello que es público, y mucho menos brindar la información a toda persona que lo solicita, porque si existiera el interés de cumplir con una obligación constitucional lo haría sin menoscabo.

Recientemente, el titular de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Gubernamental Javier Rascado Pérez reveló que ninguno de los 18 Ayuntamientos de la entidad transparenta al cien por ciento la información en los portales oficiales de internet, sin embargo, ese organismo no tiene facultades para actuar en consecuencia ante el desacato de los sujetos obligados.

Sin duda es necesaria una legislación a nivel federal y estatal, en materia de acceso y transparencia de la información para que no existan limitantes para los ciudadanos que tienen el derecho a estar informados, la cual debería de estar encaminada a que el IFAI y la CEIG (en el caso de Querétaro) puedan ordenar a los sujetos obligados que elaboren la información cuando las entidades o unidades de acceso respondan que la información solicitada es inexistente. Sin embargo, ¿existe voluntad para ello?

*La autora es corresponsal de La Jornada en Querétaro.

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