De cómo la mochez legitima políticas antiderechos

215 | 24 octubre 2011 | Diálogos Diversos | 202 vistas | comentarios

Alejandra Martínez Galán*

Como bien sabemos, todos y todas por el simple hecho de ser personas poseemos Derechos Humanos, los cuales están basados en el principio fundamental de que todas las personas poseen dignidad y tienen igual derecho de disfrutarlos, sin importar su sexo, raza, etnia, capacidad, nacionalidad, creencia o preferencia sexual y cuya protección es responsabilidad de todo el Estado.

Diputado Salvador Martínez Ortiz, Presidente de la Comisión de la Familia de la LVI Legislatura. Foto: Especial.

Los derechos humanos son un conjunto de derechos subjetivos intrínsecos a la naturaleza humana. Son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles, independientes, universales y para el texto que nos ocupa, quiero subrayar una característica principal: son innegociables, lo que significa que no están sujetos a negociación, que no se pueden discutir, que no puede haber consulta o plebiscito con respecto a ellos, ya que constituyen la dignidad de TODAS las personas. De todas, no sólo la de las mayorías.

Estos derechos se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados y Convenciones Internacionales firmados y ratificados por México, en Leyes y Reglamentos de las diferentes entidades federativas, y todos ellos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, ya que su realización es indispensable para el cumplimiento de los mínimos de bienestar social.

Sin embargo, no sabemos si por ignorancia, por perversión o por dolo, algunos de nuestros representantes populares pretenden desconocerlos o buscan omitirlos, pareciendo que “la virgen les habla”.

Me refiero principalmente al ejercicio que ha impulsado la Comisión de la Familia de la LVI Legislatura del estado desde principios del mes de octubre, acordando formular una Consulta Ciudadana cuya finalidad es preguntar a las y los queretanos si consideran necesario reformar los conceptos de matrimonio y familia que actualmente se encuentran estipulados en el Código Civil local, con la intencionalidad de reformar el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, para elevar a rango constitucional los conceptos de matrimonio y familia, obviamente sólo los conformados por un hombre y una mujer según su limitado y restrictivo entendimiento del concepto de familia.

Esta consulta, junto con su intención de reformar la Constitución, es a todas luces ilegal y una grave violación a la libertad de formar una familia entre personas del mismo sexo e incluso otras posibilidades de modelos familiares, recordando que los derechos a unirse en matrimonio y fundar una familia, está consagrado en los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Por si no fuera suficiente, basta recordar que ello ya es tema discutido desde el precedente que ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 2/2010, en la cual el máximo tribunal de México se pronunció sobre ambos derechos en sentido favorable para la dignidad humana, contando entonces con conceptos muy claros (y afortunadamente, más amplios) de matrimonio y familia.

Esta postura progresista que ha mostrado la SCJN, y cuya sentencia ha asentado jurisprudencia en la legislación mexicana a favor de la protección de los Derechos Humanos, y categóricamente reconoce la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo y por ende el rechazo total de reformas legales que contengan prejuicios fundamentados en la discriminación.

Señoras y señores diputados, recuerden: la Constitución protege todo tipo de familias, que ya no sólo están integradas según el modelo tradicional, sino por otros modelos existentes en la sociedad mexicana, por lo que no existen razones de carácter objetivo (más que de orden moral) para sostener que deba haber un trato diferenciado entre parejas homosexuales y heterosexuales.

Finalmente quiero apuntar, que si esta reforma prospera y es aprobada dentro de la LVI Legislatura, nuestros diputados y diputadas pasarán a la historia como parte de los grandes violadores de derechos humanos y discriminadores de nuestro país, atentando gravemente contra el Estado Laico, y enfrentándose, indudablemente, a los tribunales tanto nacionales como internacionales.

¿Serán capaces?… Pues sí: ya sabemos que en Querétaro, todo puede suceder.

*Coordinadora de AQUESEX, AC
info@aquesex.org

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