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Demanda para la protección de Derechos Difusos

222 | 12 diciembre 2011 | Columna invitada | 137 vistas | comentarios
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    América Vizcaíno Sahagún

    El pasado día 02 de septiembre del año de 2011, se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, una demanda para la protección de los derechos difusos en materia ambiental, en contra del H. Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, ello en razón de la autorización realizada por dicha autoridad, para el cambio de uso de suelo de 32-00-00 (treinta y dos hectáreas), las cuales se ubican dentro del ecosistema denominado “Peña Colorada”, lo anterior, realizado precisamente a través de un acuerdo de cabildo de fecha 14 de junio del 2011 y determina el modificar el cambio de uso de suelo de dicha área de terreno, de preservación ecológica agrícola a comercial y de servicios, equipamiento especial, equipamiento recreativo y habitacional de 300 hab/ha, área ubicada en el predio denominado ex hacienda La Solana, en la delegación municipal santa rosa Jáuregui, en esta ciudad de Querétaro.

    Peña Colorada

    Foto: Especial.

    En este sentido, se aclara y se hace mención, que los derechos o intereses difusos se refieren a un bien que atañe o concierne a toda la sociedad en general (entendiéndose esta como una pluralidad de sujetos), es decir, personas que en principio no conforman un vínculo jurídico entre ellos, pero que sin lugar a dudas ven lesionados o amenazados sus derechos ante los actos de las diversas autoridades.

    Dicha demanda tiene su fundamento principal en la violación del artículo 5 (quinto) de la constitución política del estado de Querétaro, articulo constitucional que regula precisamente los derechos que tienen todos los ciudadanos del estado por contar con un medio ambiente adecuado para vivir.

    Se parte del presupuesto, de que al efectuar dicho cambio de uso de suelo en la zona referida, -obviamente al tratarse propiamente de un ecosistema-, esa variación de preservación ecológica a habitacional y de servicios, tendría un grave impacto en los servicios ambientales con que cuenta actualmente la zona metropolitana del estado de Querétaro, ya que entre otras cuestiones, se afectaría: la infiltración de agua a los acuíferos, ya que es una zona de alta captación de agua; captura de co2; remoción de contaminante de la atmósfera; regulación del clima; recreación; investigación científica; belleza paisajista, etcétera.

    Hasta el momento, hemos interpuesto cuatro recursos de reclamación que corresponden a cuatro acuerdos del magistrado de la sala constitucional, que intenta desechar varias de nuestras pruebas documentales aportadas, con lo cual nos dejaría en un estado de indefensión, amen de que tampoco ha observado el principio de suplencia para compensar la acción de un ciudadano frente a la acción de una autoridad que tiene más recursos de toda índole.

    Esperamos que el Tribunal Superior se conduzca con apego a la legalidad e imparcialidad y resuelva conforme al principio de proporcionalidad que establece la acción positiva del estado de proteger los derechos fundamentales como lo es el derecho a un medio ambiente adecuado.

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