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¿El regreso a la jungla?

237 | 17 abril 2012 | Desde Nuestra América | 43 vistas | comentarios
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    Oscar Wingartz Plata*

    Hace unos días apareció una noticia realmente impresionante y preocupante, por no decir, espeluznante. Esta noticia se retoma del periódico La Jornada del 11/04/2012. Dicha nota hace referencia al Proyecto de Dictamen sobre el Nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Una iniciativa de ley enviada por Felipe Calderón para ser discutida en la Cámara de Diputados, el presidente de esa comisión es el priista Humberto Benítez Treviño. Lo alarmante de dicho dictamen son las iniciativas que se quieren impulsar, entre otras: ampliar el catálogo de delitos considerados graves, como si fuera supermercado o botica donde uno se pueda “despachar a placer”, en consecuencia, no requieren orden de aprehensión, la autorización para que cualquier autoridad efectúe cualquier tipo de detención, cateo y revisión de personas, así como legalizar los operativos efectuados por los militares en general. Este asunto si lo analizamos con detalle y detenimiento nos lleva por una senda de difícil retorno. Expliquemos.

    Cárcel.

    Si se aprueba la iniciativa de ley para ampliar el catálogo de delitos considerados graves, se dejaría a la ciudadanía en un estado de indefensión. Foto: elsentido.com

    La conformación del llamado Estado de Derecho en nuestro país ha sido una construcción histórica intrincada, en permanente cuesta arriba, azarosa, desgarradora, compleja y llena de obstáculos, en concreto, hacer prevalecer el orden democrático y su cumplimiento consecuente, a través de leyes y ordenamientos legales que tengan como marco fundamental el respeto por la vida y los ciudadanos, no ha sido un asunto fácil y terso. Esta ha sido una de las luchas más enconadas en el México contemporáneo. En esta discusión están insertas una enorme cantidad de consideraciones de diverso orden como: éticas, sociales, históricas, jurídicas, ideológicas, políticas, filosóficas. Es decir, el asunto no es una cuestión que se “despache por la vía del fast track”, si los legisladores lo están pensando de esta forma, es todavía más preocupante y potencialmente peligrosísimo, porque parece que no hay una reflexión seria y profunda.

    Un elemento que contempla esta iniciativa es la llamada “detención bajo sospecha fundada”, esto simplemente es increíble, porque abre la puerta a una serie de abusos, excesos, alteraciones y distorsiones de diversa índole. Partamos de una cuestión que es clave en esta discusión, ¿cuál es fundamento objetivo para promover la detención bajo sospecha? Esto no puede ser aceptado, así, sin más. Vamos a ponerlo desde esta perspectiva, el simple “creer, suponer, intuir” que alguien “está haciendo algo”, ¿es razón suficiente para ser detenido, incluso procesado por nada? Simplemente, no se puede aceptar, tolerar, y menos, permitir que este tipo de iniciativas sean aprobadas. Literalmente esto es aberrante. La consecuencia directa de ello, nos llevaría al Estado fascista y policiaco que tantos sufrimientos ha generado lo largo de nuestro continente. Sólo es cuestión de hacer un recuento somero sobre lo que significó la instauración de los regímenes dictatoriales de diverso cuño en Nuestra América en las décadas de los sesentas a los ochentas del siglo pasado. Precisamente uno de los “argumentos predilectos” era la “aprehensión bajo sospecha”, y como se dice en el argot jurídico, “y lo que resulte”.

    En toda esta discusión hay una serie de disonancias y alteraciones donde no hay matices ni precisiones que son absolutamente urgentes y necesarios. No tiene ningún sentido pretender criminalizar todo el comportamiento social, porque parecería que para allá va dicha ley. Hay que decirlo de manera clara y puntual, hay de delitos a delitos, es evidentísimo que no todos son iguales.

    Más adelante se hace referencia a ese catálogo de delitos, entre otros: defraudación fiscal, traición a la patria, espionaje, terrorismo, obstaculización de investigaciones, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Como se podrá observar algunos de estos delitos tiene un margen muy tenue para ser juzgados o definidos con precisión. Podemos tomar como ejemplo el siguiente: ¿cómo se castigará el espionaje? Si precisamente esta es un área en algunos casos muy sofisticada, en términos estrictos rebasa la capacidad del gobierno mexicano. No hace mucho se discutió sobre el asunto cuando el gobierno norteamericano sobrevoló con sus naves no tripuladas nuestro espacio aéreo. ¿Hubo alguna sanción? ¿Alguien fue procesado por ese delito? ¿Se le pido alguna explicación al gobierno norteamericano por el hecho? No. No pasó absolutamente nada. No hay necesidad de ir muy lejos. El gobierno permanentemente nos tiene bajo acecho, y no pasa nada, así tal cual, nada.

    Además, muchos de los delitos consignados en esa iniciativa tocan áreas e intereses muy poderosos, caso concreto, la defraudación fiscal. Aquí cabría una mención en extremo pertinente, ¿a quién se le aplica la sanción por este delito? ¿Al pueblo llano? ¿A los rasos? ¿La gente de a pie? Porque “normalmente” la plutocracia no se ve afectada por estos delitos, es más, los ve como una posibilidad muy remota, el ser castigada. Cabría una pregunta más, ¿quién tiene acceso al uso de armamento exclusivo del ejército? Creo que los de a pie no pensarían “almacenar en su casa un tanque”. Lo que se desea enfatizar ¿cuál es la lógica de esta ley? Si es que tiene alguna lógica. ¿A quién va encaminada esta iniciativa? Su “rango” de definición es muy ambigua, indefinida, oscura, y sí en extremo abierta para ser aplicada con absoluta discrecionalidad. Este es el fondo de la problemática. La aplicación de la ley debe ser un ejercicio equilibrado, ponderado, juicio y socialmente justo.

    Finalmente, hay un punto que es en extremo delicado, el llamado “cateo, revisión o allanamiento del sujeto” en diversa modalidad. Es decir, no tiene sustento alguno que una persona sea detenida así no más, y “ser expuesta” por el sólo hecho “de la presunción”. Eso es un uso excesivo y faccioso de la ley y el poder, incluso, en dicha ley se le amenaza a la gente “al informarle sobre las consecuencia jurídicas” de no dejarse “revisar”, cuando no hay razón ni fundamento para ello. En este punto, la pregunta es ¿dónde queda la digna y el respeto que merecen las personas, los ciudadanos en su persona y pertenencias? Será muy la autoridad, pero no tiene la potestad, ni la razón, ni el fondo jurídico al pretender aplicar este tipo de medidas, a menos que declare el estado de excepción, de sitio, o la suspensión absoluta de las garantías individuales, esto sólo se ha visto en regímenes dictatoriales, tiránicos o fascistas como sucedió en Europa durante la II Guerra Mundial, como en la Alemania nazi, la Italia de Mussolini o la dictadura militar franquista en España.

    Estas serían algunas consideraciones que se pueden proponer a partir de esta iniciativa de ley que se está impulsado en el pleno de la Cámara de Diputados. Como se ha planteado, muchos de ellas ponen a la sociedad en su conjunto en una tesitura potencialmente peligrosa, por la absoluta indefección en que queda la ciudadanía ante estas leyes por su carácter draconiano e insensible, por el ello el título de esta entrega.

    *Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesor-investigador en la Facultad de Filosofía de la UAQ.

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