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Nuestro voto, por el derecho a decidir

| 6 junio 2012 | Diálogos Diversos | 120 vistas | comentarios

Lluvia Cervantes*

En el marco del pasado 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, de la cual Ddeser forma parte, ha lanzado una campaña en 8 estados de la República para visibilizar que las mujeres son estigmatizadas y tratadas como criminales por querer ejercer su derecho a interrumpir un embarazo (incluso cuando es legal). Dicha campaña incluye espectaculares (en Querétaro, ya pueden verse en algunas avenidas principales), y distribución de materiales a través de varios medios de comunicación, como Internet (los cuales pueden consultarse en www.andar.org.mx).

Campaña

Campaña de Andar para demandar a candidat@s a puestos de elección popular, acciones que garanticen el derecho de las mujeres a una maternidad libre. Foto: Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar).

No nos cansamos de repetirlo, tal cual lo han hecho la OMS o el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud: la criminalización del aborto no hace que éste deje de practicarse, sino que provoca que las mujeres se vean orilladas a recurrir a abortos clandestinos que muchas veces son inseguros y ponen en riesgo su salud y sus vidas.

Después de que en el DF se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, se vino una oleada de reformas para “proteger la vida desde la concepción”, intención que poco se refleja en garantizar vidas dignas para toda persona que nace, pero que buscó blindar las constituciones estatales de posibles despenalizaciones. Ello no ha cambiado nuestras causales legales para abortos, pero sí ha generado un clima de mayor persecución a las mujeres, aunado al riesgo de que nos sean negados los servicios de salud reproductiva a los que legalmente tenemos derecho.

El aborto es legal en todo México en casos de violación y en los estados existen otras “excusas absolutorias” que varían según cada legislación local. En Querétaro, sólo se suma la causal imprudencial: cuando por omisión o ignorancia la mujer pierde el embarazo pero no era su objetivo. No obstante, a las mujeres se las trata como criminales cuando acuden a servicios de salud por complicaciones de abortos (sean espontáneos o electivos) y muchas veces son denunciadas por los propios prestadores de salud. En otros casos, se les obliga a pagar fianzas muy elevadas y en algunos estados en lugar de cárcel se les da la “alternativa” de someterse a un “tratamiento psicológico integral” el cual carece de fundamento, ya que el síndrome postaborto no existe y la Asociación Psicológica Americana no lo reconoce como un trastorno mental a pesar de las amenazas y la educación a través del miedo que hacen muchos pseudoespecialistas (ligados más bien a organizaciones antiderechos).

Durante sus actuales campañas, varios/as candidatos/as a puestos de elección popular se han pronunciado públicamente en contra de la criminalización de las mujeres que abortan. Sin embargo, no han planteado qué significa no criminalizar los abortos, ni qué acciones emprenderán para evitarlos. Incluso, en el reciente debate de las y los candidatos al Senado por Querétaro, hubo quienes se manifestaron a “favor del derecho a la vida”, eufemismo para decir que no modificarán causales ni Constituciones que “protegen la vida desde la fecundación”, dejando de lado las vidas de las mujeres que por alguna circunstancia se enfrentan a un embarazo no deseado y que no tienen más opciones que parir o arriesgar su vida o libertad al buscar interrumpirlo.

La no criminalización de las mujeres debería significar, tal como lo establece la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU, aplicar una estrategia que incluya el acceso efectivo a educación integral en sexualidades, servicios de salud sexual y reproductiva, como abortos seguros (incluyendo su despenalización hasta las 12 semanas de gestación) y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos (también la anticoncepción de emergencia), así como medidas de concientización sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los DH de las mujeres, dirigidas en particular al personal sanitario, de procuración de justicia y al público en general.

Las promesas de campaña hechas a las mujeres que han expresado quienes aspiran a representarnos, debe traducirse en compromisos de garantizar nuestros derechos, incluido el derecho a decidir sobre nuestra reproductividad y a servicios de salud sexual que incluyan interrupción del embarazo en el marco de las leyes vigentes.

*Coordinadora en Querétaro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (@DdeserQro)
desdudate@gmail.com / http://www.ddeser.org

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