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La transparencia en los partidos políticos

276 | 5 febrero 2013 | Agenda Pública | 34 vistas | comentarios

María de Jesús Ibarra Silva*

Consejo General del IFE.

El Consejo General del IFE ha sido cuestionado en los últimos días por sus decisiones. Foto: www.elnuevografico.com

A partir de 1977 se inició la transición democrática en México y se afirma que en el proceso electoral del 2012 se llevaron a cabo elecciones libres, transparentes y competitivas.

Esta afirmación es muy cuestionable porque aún cuando se ha diseñado una estructura y procedimiento para fiscalizar el origen y aplicación de recursos de los Partidos Políticos Nacionales que cuentan con registro ante el IFE, el resultado de la fiscalización de los gastos de campaña dados a conocer el pasado 30 de enero es inverosímil, creerle al Instituto Federal Electoral que la coalición integrada por PRD-PT-MC gasto más dinero que el PRI-PVEM es realmente difícil, sobre todo si consideramos los cuestionamientos públicos que se hicieron a la coalición PRI-PVEM por la contratación millonaria de monederos electrónicos, acción que además no fue observada por la unidad de fiscalización del IFE.

La información dada a conocer por el IFE necesariamente implica, que la transparencia en los Partidos Políticos sigue siendo, no sólo una aspiración sino una exigencia para que se incluyan en la próxima reforma electoral los cambios necesarios que realmente garanticen en primer lugar, que el órgano electoral es una institución confiable, capaz de avalar elecciones libres, competitivas, democráticas y transparentes; para ello, se debe modificar la forma de elección de los consejeros electorales que actualmente responden únicamente a los intereses del partido que los propone. Para nadie es un secreto que la conformación actual de la mayoría de los consejeros tienen filias con el PRI, luego entonces no es de extrañar que la resolución de la fiscalización de los gastos de campaña exoneren al PRI y castiguen a su principal opositor electoral, la alianza PRD-PT-MC.

En segundo lugar, el órgano de fiscalización debe tener la capacidad de investigar el origen del financiamiento privado de los partidos políticos… saber cuánto reciben, de quién lo reciben, por qué lo hacen, a qué intereses responden, qué compromisos adquieren…

Actualmente estas interrogantes no pueden ser contestadas por el órgano fiscalizador porque no tienen la capacidad ni las facultades para investigar, y porque los actos de fiscalización se inician a partir de los informes de origen y aplicación de recursos que los partidos entregan, es decir la fiscalización inicia a partir de lo que los partidos quieren informar.

En tercer lugar, al igual que en todo el sistema de fiscalización de los recursos públicos, las irregularidades deben tener sanciones no únicamente de tipo económico, sino de tipo penal, político y electoral.

Mientras exista el cuestionamiento al órgano electoral y a los partidos políticos, no podemos hablar de elecciones libres, democráticas, transparentes y competitivas.

La trasparencia es un requisito de los gobiernos que se precian de ser democráticos, pero este requisito no sólo debe referirse a la forma de elegir a los gobernantes sino a la forma en que las instituciones responsables de garantizar elecciones libres y democráticas desarrollan las distintas actividades que tienen bajo su responsabilidad.

*Abogada. Ex diputada Local.

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