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El desacato del Ejecutivo, un precedente para Querétaro

347 | 22 julio 2014 | Querétaro | 232 vistas | comentarios
  • Especialistas coinciden en que además de las sanciones, se debe garantizar el acceso a la información pública que fue solicitada.

Redacción

Querétaro, Qro.- Especialistas en materia de transparencia y acceso a la información, coincidieron en que tras la resolución del órgano garante que concluyó en que el Poder Ejecutivo de Querétaro, incurrió en desacato, debe existir una sanción que deje un precedente positivo en la entidad.

Y es que en estos casos, rara vez ocurre una sanción, explicaron.

Sin embargo, con este caso existe la oportunidad de que en Querétaro la Ley se aplique y los servidores públicos del Poder Ejecutivo que incurrieron en dicha falta a la Ley, sean sancionados de manera ejemplar.

“Las sanciones son muy importantes porque ayudan a establecer el régimen de transparencia, que los funcionarios públicos aprendan cómo deben de acatar las disposiciones en materia de transparencia, pero lo más importante es que estén vinculadas con la entrega de la información”:

Gabriela Morales Martínez, coordinadora nacional de México Infórmate.

Pero además de la sanción, los funcionarios estatales deben de entregar la información solicitada, la cual consiste en copia de facturas pagadas a algunos medios de comunicación en la entidad.

Así lo considera la coordinadora nacional de la organización México Infórmate, Gabriela Morales Martínez, quien lamentó el actuar de los servidores públicos que han negado por nueve meses la entrega de dicha información pública.

“… lo importante es asegurar que al final de todo el mecanismo (de sanción) se pueda tener efectivamente acceso a la información”, enfatizó.

Morales Martínez expuso que en México no existe un sistema homogéneo de sanciones contra los servidores públicos que incumplen con las leyes de transparencia.

Y es que hay órganos garantes que aplican directamente las sanciones, mientras que otros, como en el caso de Querétaro, turnan el asunto a las Contralorías de los estados, lo cual no garantiza una verdadera sanción.

Para el coordinador de Información y Sociedad Iniciativa Ciudadana (ISIC), Samuel Bonilla Núñez, cuando los órganos garantes son quienes se encargan de imponer y ejecutar la sanciones, los castigos son más efectivos.

“Este es un caso interesante, el que se plantea en Querétaro porque abre la expectativa de hasta dónde va a llegar el órgano garante para hacer cumplir lo que la Ley mandata y ver si efectivamente se procede contra uno de los Poderes que, luego a nivel local, resultan más elusivos como es el Ejecutivo”:

Samuel Bonilla Núñez, coordinador de Información y Sociedad Iniciativa Ciudadana (ISIC).

Bonilla Núñez recordó dos casos emblemáticos en los que funcionarios públicos han sido castigados por faltar a la Ley de Transparencia, uno en el estado de Jalisco y otro en el estado de Veracruz.

En el primer caso, ocurrido a principios de abril pasado, el Instituto de Transparencia e Información Publica del estado de Jalisco (ITEI), impuso un arresto administrativo de 12 horas en contra de la presidenta municipal de San Martín de Hidalgo, Juana Ceballos Guzmán, luego de que en su Gobierno omitieron difundir –desde el año 2013–, información como el organigrama, los reglamentos, los manuales de operación y las gacetas municipales en su página de Internet oficial.

Según reportes de diversos medios locales de Jalisco, la presidenta municipal permaneció encerrada en su oficina desde las 3 de la tarde del viernes 4 de abril hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

En el caso de Veracruz, elementos de la Procuraduría General de Justicia, detuvieron al ex titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Boca del Río (en el período 2007-2010) Carlos Alberto Gómez Díaz Durán, debido a que omitió dar  respuesta a diversas solicitudes de información e incurrió en desacato de varias resoluciones del órgano garante de aquella entidad.

Con dichos antecedentes, Samuel Bonilla considera que el órgano garante de la transparencia y el acceso a la información en Querétaro, debe acompañar en el proceso a la Contraloría para verificar que efectivamente los servidores públicos responsables obtengan un escarmiento.

Y es que con estas acciones, la sociedad caería en cuenta de que el incumplimiento a la Ley de Transparencia deriva en graves consecuencias y que no se trata de otro episodio en el que prevalece la impunidad.

“… así ya se le manda el mensaje a la sociedad de que tenga más confianza en este sistema de transparencia de su estado, porque hay sanciones que sí se van a aplicar cuando se viole la Ley”, explicó.

“… ahora le toca al órgano interno de control, hacer valer la Ley y sancionar, no dejar a este tipo de funcionarios públicos en la impunidad porque no te pueden poner a disposición la información para que la consultes, y luego determinar que no existe la información (…) Sustraer información o eliminar información es un delito”:

Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Derecho a la Información en Artículo 19.

En este punto coincidió la oficial del programa de Derecho a la Información en Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, quien conoce casos en donde los organismos encargados de imponer las sanciones se quedan

sin elementos para acreditar los delitos.

De ahí que varias organizaciones como Artículo 19, estén impulsando una propuesta para la Ley General de Transparencia para darle a los órganos garantes la posibilidad de ejercer este tipo de medidas de apremio, además de que los procedimientos administrativos sancionadores vayan emparejados de la entrega de información.

Para Ana Cristina Ruelas, por mandato constitucional, la información solicitada por Libertad de Palabra, relacionada con el pago a medios de comunicación, debe estar publicada y accesible para la población en la página de Internet oficial del Poder Ejecutivo de Querétaro.

Y es que precisó que el tema de la publicidad oficial en México no está regulado, lo que deriva en que los gobernantes en turno dispongan de este recurso público de manera arbitraria y discrecional.

“(la publicidad oficial) es la cartera o la caja chica de la mayoría de los Gobiernos, porque no hay nada que lo regule”.

Ella realizó junto con Justine Dupuy de Fundar, un estudio de transparencia en la publicidad oficial a nivel nacional, denominado: “El costo de la legitimidad: El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”.

En el caso de Querétaro, los resultados arrojaron que existe un control del Gobierno sobre la prensa, lo que limita el derecho a la información de la ciudadanía.

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