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Los expedientes empantanados de 30 presos en Querétaro

361 | 29 octubre 2014 | Querétaro | 328 vistas | comentarios
  • Tras 16 meses de ser detenidos, varios decidieron renunciar a los servicios del abogado, Carlos Javier Ávila Toscano.
En días pasados habitantes de La Laborcilla condenaron la liberación de Adrián, uno de los detenidos por el crimen de Heriberto Salinas.

En días pasados habitantes de La Laborcilla condenaron la liberación de Adrián, uno de los detenidos por el crimen de Heriberto Salinas. Foto: Libertad de Palabra.

Iván Aldama Garnica

Querétaro, Qro.- Presos desde el 13 de junio de 2013, acusados todos de matar a Heriberto Salinas Galván, 7 de los 30 varones recluidos en Querétaro, confían en obtener su libertad con el apoyo de un abogado de oficio.

Sus familiares confirmaron a Libertad de Palabra que la empresa Primero Protección S.A. de C.V. –que los llevó de Jalisco a Querétaro al lugar del conflicto– contratada por empresarios de El Campanario, los había apoyado con el pago de los servicios de un abogado.

Sin embargo, tras la salida de Adrián Isaac Sánchez González, quien tuvo el respaldo de un abogado particular contratado por sus familiares y amigos, varios optaron por declinar a los servicios que les ofrecía el abogado de la empresa, Carlos Javier Ávila Toscano.

Los presos de Jalisco están recluidos en el Penal de San José El Alto, de Querétaro, desde el 13 de junio de 2013, acusados todos del crimen de Heriberto Salinas Galván, quien recibió tres impactos de bala durante un conflicto de tierras en el Ejido La Laborcilla.

El padre del joven asesinado, Trinidad Salinas Muñoz, denunció que su hijo murió por un ataque dirigido a él y a su familia porque estorbaban a los intereses de los empresarios de El Campanario, a quienes acusa de querer apropiarse de las tierras del Ejido La Laborcilla.

Salinas Muñoz incluso reveló que previo al ataque que vivieron primero lo intentaron sobornar para que se hiciera a un lado y posteriormente ante su negativa le dijeron que se arrepentiría.

Sin embargo, familiares de los 30 presos han señalado que la empresa Primero Protección S.A. de C.V. los había contratado de manera reciente, que ellos son ajenos al conflicto de tierras y que algunos ni siquiera participaron de manera directa en el conflicto.

Los familiares de Emmanuel Castro Guzmán, quien se desempeñaba como mecánico de la empresa Primero Protección S.A. de C.V, señalaron que al igual que Adrián, quien salió libre, es uno de los que no participó en el conflicto porque se quedó a cuidar las pertenencias de sus compañeros.

Sin embargo, a él le negaron la posibilidad de salir de la cárcel.

Su hermana María de Jesús Castro Guzmán contó cómo su hermano Emmanuel, 5 días después de que se enteró de la liberación de Adrián, desesperado le llamó por teléfono para decirle que su caso está atorado.

“De hecho, a raíz de la salida de Adrián, mi hermano tenía la esperanza de salir junto con él, ya que ambos no estaban en el lugar de los hechos, estaban cuidando las pertenencias de sus compañeros (…) Su proceso está detenido, no puede avanzar, ya solicitó el cierre de pruebas hace como dos meses, mes y medio, y no le han hecho oficial el cierre de pruebas para pasar a la siguiente etapa procesal”.

Emmanuel fue de los primeros detenidos que renunció al abogado de la empresa Primero Protección, Carlos Javier Ávila Toscano, al advertir que su caso no caminaba y solicitó la defensa de oficio.

Quien lo defiende ahora es la abogada Graciela Plaza Pedraza.

Otros seis también tomaron esta decisión pero aún no la formalizan.

Y aunque varios tienen dudas sobre cambiar de abogados, algunos aún se resisten, porque han visto que la abogada de oficio no conoce el caso y les ha dicho que apenas va a estudiar el expediente.

“La verdad esté, hasta hace poquito que platicó mi hermano con su abogada (Graciela Plaza Pedraza), pues (le dijo) que no había leído bien el expediente”, narró María de Jesús, quien desea que la defensa de su hermano se agilice.

UNA DEFENSA INEXISTENTE

En 16 meses sólo lo han visto 3 veces, no les proporciona mucha información, ni les avisa claramente cómo va el caso.

En las contadas veces que lo han visto, les habla siempre del mismo tema: del recurso legal que promovió luego de que les negaron el amparo a los 30 detenidos.

Se trata del abogado Carlos Javier Ávila Toscano, quien lleva el caso de la mayoría de los inculpados en el crimen de La Laborcilla.

Algunos de los familiares sospechan que el abogado Ávila Toscano sólo está prolongando el asunto para proteger a los dueños de Primero Protección, la empresa que lo contrató.

La diferencia entre el caso de Adrián Isaac y los demás acusados de cometer un homicidio en el Ejido de la Laborcilla es que él pudo conseguir que un abogado independiente lo defendiera.

Con el apoyo de amigos y el esfuerzo de su familia pudieron pagar 200 mil pesos al abogado quien lo libró de su estadía en la cárcel.

No obstante, no todos pueden costear a un abogado particular.

Las familias apenas si pueden sostenerse económicamente.

Tal es el caso de la señora Soraya Salazar Ponce quien no tiene trabajo desde hace un año.

Con apoyo de sus familiares es que puede viajar los 353 kilómetros desde el estado de Jalisco hasta el estado de Querétaro para ver a su hijo Alexis Prieto Salazar, un joven de 21 años que estudiaba la carrera de Psicología.

“Cuesta mucho, no tenemos los recursos económicos suficientes para pagar a un abogado (particular)”.

Así, los detenidos no tienen ni a dónde hacerse, lamentan familiares quienes ven cómo el tiempo sigue pasando y sus seres queridos pierden días de su vida encerrados por un crimen que, insisten, no cometieron.

16 MESES EN LA CÁRCEL

La señora Roxana Manzo sale del Cereso de San José El Alto, avanza despacio, cada que da un paso hace una mueca.

Acaba de ver a sus dos hijos, José de Jesús y Alan Moisés, a quienes notó más animados tras enterarse de que uno de sus compañeros ya está libre, lo que les abre la posibilidad a ellos también de salir del penal.

Sin embargo, sus dos hijos están siendo defendidos por el abogado de la empresa Primero Protección.

La señora María de Jesús Castro hizo un llamado pero esta vez no a las autoridades de Querétaro, sino a la abogada de oficio, Graciela Plaza Pedraza, para que se tome el tiempo en leer y analizar el expediente de sus defendidos.

“(comprenda) que es la única posibilidad que tenemos (para que nuestros seres queridos obtengan su libertad)”, expuso.

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