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Ley de Aguas

379 | 24 marzo 2015 | En Pocas Palabras | 116 vistas | comentarios

Teresa E. Hernández-Bolaños

Ley de Aguas

El acceso al agua potable es un derecho humano. Foto: Unicef.

En las últimas semanas, quizá los dos temas que más han impactado a la opinión pública del país han sido el despido de la periodista Carmen Aristegui de su programa de noticias en el canal MVS que pone en tela de juicio la libertad de expresión en México; y la llamada Ley de Aguas que debe preocupar a la ciudadanía si el carácter privatizador que muchos sospechan es verdad. Las múltiples protestas que uno y otro acontecimiento han generado, los convierte en temas de interés nacional.

Deberá llamar la atención por las consecuencias que ello conlleva la aprobación de la iniciativa de la llamada Ley de Aguas o Ley de aguas de Korenfeld, que ha inquietado a varios sectores de la sociedad, entre ellos el campesinado, los universitarios, los investigadores y cierto sector partidista que han venido denunciando las consecuencias que dicha ley traerá para el aprovechamiento y goce colectivo de las aguas nacionales.

Es importante señalar que durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue decretada en 1992 la Ley de Aguas Nacionales y que su última reforma se realizó hace un año, en agosto del 2014. Pero parece ser que el gobierno de Peña Nieto quiere ir más allá y se ha lanzado una iniciativa que ya ha pasado para aprobación a la Cámara de Diputados en la que se sostiene, en los artículos 55, 56 y 57, que sólo los concesionarios tendrían voz y voto en los consejos de cuenta y “tanto los presidentes municipales como el jefe de Gobierno del Distrito Federal y las corporaciones extranjeras seguirán controlando los sistemas de agua y saneamiento. Mientras que en el artículo 263 se otorga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir con sus determinaciones.

Para el investigador Pedro Moctezuma Barragán la ley tiene un carácter privatizador y represivo, que responde exclusivamente a las necesidades de las grandes empresas nacionales y extranjeras que explotarán los hidrocarburos, con el consecuente despojo a los pueblos indígenas (Becerril, Andrea, La Jornada 08/02/2015). Básicamente: “El mandato para derogar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente buscaba transformar el actual régimen de concesiones, pero lejos de eso, los pocos cambios que se hicieron operarán en favor de los grandes concesionarios” (La Jornada Ibíd.).

De ahí que algunos rectores de las Universidades más importantes del país han salido en defensa del agua y el uso libre del vital líquido. En una carta firmada por los rectores de la UNAM, UAM y la Universidad de Guadalajara, los rectores expresan su preocupación por los términos de la iniciativa y destacan que la iniciativa criminaliza la investigación ya que limita solo a la Conagua (Comisión Nacional de Agua) sancionar a las personas que busquen, realizar estudios y monitoreos (art. 267), así como omite los monitoreos de impactos ambientales, dejando abierta la posibilidad de contaminación de agua, sin ninguna restricción.

Por su parte, y es el tema más polémico, es el de las concesiones que podrán llegar hasta los 30 años, con una prórroga por la misma cantidad de años, siendo Conagua la única institución que puede otorgar dicha concesión. Lo que por supuesto impide a particulares el uso del recurso a menos que sea por medios manuales, cubetas y baldes (regulación de uso doméstico). De ahí que el sector campesino ha levantado la voz para protestar por la aprobación de dicha ley que denuncian como privatizadora del recurso más apreciado, el agua.

Dejamos estas líneas para la reflexión y para animar a estar bien informados en los temas de crucial importancia para el país. La mejor opinión, siempre es la de Usted.

Twitter: @estelabol

Correo electrónico: estelahdzb@gmail.com

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