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Peña Colorada, la obstrucción desde el Gobierno de Querétaro

397 | 11 agosto 2015 | Destacado | Querétaro | 154 vistas | comentarios
  • Ejidatarios y ambientalistas exhibieron que el proceso para decretar Peña Colorada como área ecológica, ha sido desordenado e ineficiente.
  • Ambos grupos se dieron la mano y le solicitaron al gobierno corregir los errores y continuar con el proceso para proteger esta área ecológica.

Redacción

Peña Colorada, la obstrucción desde el Gobierno de Querétaro

Ejidatarios, ambientalistas y personal de la Secretaría de Gobierno. Foto: Libertad de Palabra.

Querétaro, Qro.- Ante la iniciativa del gobierno de frenar el proceso para decretar área ecológica a Peña Colorada (una extensión de 4, 983 hectáreas), supuestamente por no contar con la aprobación ciudadana, ejidatarios y ambientalistas reviraron que ellos no son el problema.

El jueves pasado –tras coincidir en una conferencia a la prensa– ambos grupos evidenciaron que durante el proceso ha existido falta de información, mentiras y la sorpresiva decisión del gobierno de suspender el procedimiento porque, supuestamente, se tendría un impacto social negativo.

Después del encuentro, donde advirtieron que tenían coincidencias, acudieron a la Secretaría de Gobierno a solicitar que el proceso de decreto de Peña Colorada continúe, siempre y cuando el gobierno rectifique diversas omisiones con los ejidatarios.

“… se han dado muchas situaciones de desinformación. A nosotros se nos hizo creer de que los malos eran ellos (los ambientalistas), de que los proyectos estaban siendo impulsados por ellos y nosotros decimos: ‘¿cómo entender esto, por qué no vienen a platicar conmigo?’. Ahora en estos pequeños espacios que hemos tenido de triangulación con el Gobierno, entre ecologistas y nosotros que somos los poseedores y los propietarios de los bienes, y el Gobierno, vemos que dicen los ecologistas, ‘no, el Gobierno es el que hizo el estudio y a nosotros nos hacían creer lo contrario”, expuso José Jacob Sánchez Bárcenas.

Los ambientalistas coincidieron en que el Gobierno Estatal no realizó las gestiones sociales correspondientes ni tampoco tuvo la suficiente sensibilidad para acercar y exponer el proyecto de decreto a los principales afectados: los ejidatarios.

Peña Colorada, la obstrucción desde el Gobierno de Querétaro

El oficio Núm. F00. DGCD.- 521/2015.

Representantes de ejidatarios de Peña Colorada revelaron que las autoridades responsables de cumplir el procedimiento de decreto presidencial, no fueron directamente a los 9 ejidos involucrados en la zona de protección para comunicar el proyecto.

En tanto, el Gobierno de Querétaro se excusó de la petición hecha a la Conanp (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), al decir que fueron los ejidatarios quienes se opusieron férreamente a permitir el decreto presidencial de protección.

En el programa radiofónico Derecho a  Saber que transmite Radio UAQ, el señor Justo Juventino Aguilar, uno de los ejidatarios de Peña Colorada, recordó que las autoridades se acercaron con él justo en la fecha cuando expiró el plazo de consulta del estudio técnico justificativo para la protección.

En ese momento, Aguilar era comisariado ejidal, pero dijo que las autoridades pidieron hablar con él, mas no con la asamblea a la que él se debía.

“Yo fui uno de los primeros a quien se le informó, y no fue para cuestionar o para dar una opinión, fue para informarme y decirme esto es así, no para que hubiera alguna disposición de mi parte para dar alguna opinión, era un informe para que yo aceptara, pero no era suficiente mi aceptación, por supuesto”.

El profesor José Jacob Sánchez Bárcenas –representante de ejidatarios– insistió que durante el proceso de decreto privó la desinformación, provocada por el deficiente acercamiento de las autoridades.

El que los ambientalistas habían sido los responsables de realizar el proyecto de decreto, así como que perderían el derecho de su propiedad, los hicieron desconfiar del decreto, admitió el ejidatario.

Al respecto, el presidente del Consejo Ciudadano Estatal de Medio Ambiente, Emilio Vasconcelos Dueñas, quien participa con los ambientalistas en la defensa de Peña Colorada aclaró: “Nosotros, el interés que buscamos es un interés general, nosotros ni vivimos, ni tenemos la tierra, ni estamos buscando comprarla, ni tenemos nada de esas cosas de manera directa ni personal, estamos viendo el interés colectivo”, sostuvo.

Tras una serie de manifestaciones, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la  Secretaría de Gobierno, Juan Carlos Espinosa Larracoechea, dijo a principios de año que los ejidatarios permanecían enojados porque habían escuchado y leído mentiras e información falsa sobre el decreto que propagaba con dolo gente “de mala fe”, sin precisar a quiénes se refería.

Espinosa Larracoechea agregó que mientras tanto los ecologistas estaban presionando al Gobierno para que avanzara con el  proceso de decreto (Libertad de Palabra Núm. 373).

La ex diputada local, María de Jesús Ibarra Silva, consideró que el Gobierno falló en su tarea de comunicar los beneficios del decreto a los ejidatarios.

Para América Vizcaíno, a las autoridades les faltó una visión para darse cuenta de que el proyecto de decreto involucraba otras problemáticas de la zona, no sólo la ambiental, sino la social y la económica.

LA PRIMERA REUNIÓN

Ejidatarios y ambientalistas Peña Colorada

Privilegian sus coincidencias. Foto: Libertad de Palabra.

Los ambientalistas y los ejidatarios no habían coincidido durante el proceso de decreto que impulsaba el Gobierno Estatal, sino que fue hasta el jueves 6 de agosto cuando se encontraron en una rueda de prensa y posteriormente en el programa de radio Derecho a Saber.

Ahí coincidieron en la necesidad de preservar Peña Colorada, considerada como un pulmón verde para la ciudad, pero sin perjudicar a los dueños de las tierras.

Al término de la conferencia, personal de la Secretaría de Gobierno los invitó a una charla con el subsecretario Espinosa Larracoechea, el mismo funcionario que solicitó la suspensión de los trabajos de protección.

En la reunión, la primera entre funcionarios de Gobierno, ambientalistas y ejidatarios, acordaron iniciar mesas de trabajo para llegar a un acuerdo y proteger la zona de 4 mil 983 hectáreas.

Aún y cuando el Gobierno de José Eduardo Calzada Rovirosa está por terminar en septiembre próximo, las autoridades, los ejidatarios y los ecologistas convinieron en celebrar una primera reunión próximamente, en la cual elaboren una agenda para tratar de salvar el decreto de protección.

Israel Chávez Pozas, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Ambiental, confía en enderezar los trabajos, pues argumenta que todos los pasos fueron cumplidos, aún y cuando de manera extemporánea los ejidatarios manifestaron su rechazo e inconformidad.

Al término de la reunión, Libertad de Palabra intentó preguntarle al subsecretario de Desarrollo Político por qué las autoridades no habían logrado previamente un encuentro con ejidatarios y ecologistas, pero el funcionario estatal declinó dar declaraciones al decir que no quería violentar el procedimiento acordado.

Los ejidatarios adelantaron que podrían llegar a un acuerdo, si antes se les muestra un plan de manejo que les sea favorable y no después del decreto, como acusaron que lo pretendían hacer.

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