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Publican Ley de Transparencia en Querétaro sin darle “dientes” al órgano garante

414 | 6 diciembre 2015 | Querétaro | 158 vistas | comentarios
  • Las sanciones previstas en la nueva Ley serán impuestas y ejecutadas hasta que lo determinen las Contralorías de los sujetos obligados.

Redacción

Javier Rascado y Alejandro Cano.

Javier Rascado Pérez y Alejandro Cano Alcalá. Foto: Especial.

Querétaro, Qro.- El pasado 13 de noviembre fue publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, lo que sólo han hecho en otras dos entidades más (Coahuila y Jalisco).

Dicho ordenamiento –que consta de 173 artículos y 5 transitorios– abrogará la Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro, a partir del próximo 1 de febrero de 2016.

Entre las bondades de la nueva Ley están la posibilidad de solicitar información a los sindicatos y la difusión de información en Internet, como los gastos en comunicación social y publicidad, que son un secreto bajo llave en Querétaro.

Sin embargo, el nuevo ordenamiento, aprobado por los diputados de la LVII Legislatura, derivado de la Ley General de Transparencia, no otorga facultades de sanción a la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro (CEIGQ), el órgano garante local.

Es decir, mientras la Ley General de Transparencia contempla que las conductas serán sancionadas por los Organismos garantes, en Querétaro optaron porque las sanciones estén a cargo de los órganos de control interno de los sujetos obligados.

La armonización de la Ley de Transparencia que publicó el gobernador, Francisco Domínguez Servién, fue impulsada por el diputado Alejandro Cano, presidente del Comité Municipal del PAN, con la complacencia del Presidente del órgano garante local.

Así, por ejemplo, si el gobernador incumple con la transparencia, será el contralor interno –subalterno del mandatario– quien tendrá que iniciar un procedimiento contra su jefe.

Si el incumplimiento a la Ley lo cometió personal de un partido político, la Comisión deberá dar vista al Instituto Electoral del Estado de Querétaro para que resuelva.

En el caso de que las infracciones las haya cometido personal relacionado a fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad, el órgano garante tendrá que dar vista al órgano interno de control de dicho sujeto obligado relacionado con estos.

De igual manera, si se trata de un servidor público quien cometió la infracción, el órgano garante deberá remitir a la autoridad competente el expediente con la denuncia correspondiente.

Sólo en los casos en los que no se trate de servidor público, el órgano garante sí estaría facultado para aplicar la sanción.

¿Por qué no se otorgaron “dientes” al órgano garante? No hay una explicación al respecto, pues los diputados encabezados por Alejandro Cano Alcalá, presidente del Comité Municipal del PAN –partido que triunfó en la elección pasada– decidieron homologar la Ley en la última sesión de la LVII Legislatura, sin tomar en cuenta a la sociedad civil.

Quien sí conoció la Ley fue el presidente del Órgano Garante, Javier Rascado Pérez, quien ha guardado silencio al respecto, a la par de que los mismos diputados impulsaron una reforma para que permanezca en el puesto 5 años más.

COMISIONADO A MODO

Los diputados de la LVII Legislatura omitieron homologar un apartado de la Ley General de Transparencia con la Ley local, en lo que se refiere a la selección de los integrantes del pleno del órgano garante.

Se trata del artículo 38 de la Ley General de Transparencia que establece que en los procedimientos para la selección de los comisionados del órgano garante deberá garantizarse la transparencia, independencia y la participación de la sociedad, el cual no aparece en ninguno de los 173 artículos y 5 transitorios de la Ley local de reciente publicación y que cobrará vigencia al 1 de febrero de 2016.

La nueva Ley local establece que el pleno del órgano garante quedará integrado por tres comisionados, los cuales serán electos por el voto de las dos terceras partes de los 25 diputados de la entidad.

Sin embargo, los diputados de la LVII Legislatura aprobaron una reforma para incrustar en el cargo al actual comisionado presidente, Javier Rascado Pérez, por 5 años más, expuso el comisionado honorífico Alejandro Hernández Ramírez en una colaboración que publicó en este medio en octubre.

Y es que el pasado 25 de septiembre –un día antes de dejar el cargo– los diputados de la LVII Legislatura aprobaron una reforma a la Constitución Política del Estado de Querétaro que amplió por 5 años el periodo de Rascado Pérez.

“… con la finalidad de garantizar el escalonamiento en el nombramiento de los comisionados”, expone el artículo segundo transitorio del artículo 33, Apartado B, de la Constitución Política del Estado de Querétaro.

No obstante, el comisionado Alejandro Hernández Ramírez sostiene que este escalonamiento constituye en realidad un enroque en el puesto del comisionado presidente (Libertad de Palabra Núm. 408).

El también abogado advirtió que la reforma de los diputados –aprobada el mismo día que votaron a favor la nueva Ley de Transparencia– también contempla la integración de los comisionados honoríficos a un Consejo Consultivo, con todo y que estos mismos consejeros fueron ratificados hasta 2019 por los propios diputados en febrero pasado.

“… a los Comisionados Honorarios nos arrebata el carácter de Comisionados y nos expulsa del pleno de la CEIG a un Órgano Consultivo de mera opinión y en cambio al Comisionado Presidente, lo prolonga en el ejercicio de su cargo por cinco años más, a partir de que concluya su segundo periodo de cuatro años, incrustándolo en la conformación del ‘nuevo’ pleno de la CEIG, por lo que dicha reforma a la constitucional local es violatoria de los derechos fundamentales”, afirmó Alejandro Ramírez.

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