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Un gobernador ¿maquiavélico o sin autoridad?

418 | 19 enero 2016 | Testigo Ocular | 333 vistas | comentarios
Un gobernador ¿maquiavélico o sin autoridad?

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Foto: Libertad de Palabra.

Eric Pacheco Beltrán*

Tres fueron los temas donde el actual gobernador, Francisco Domínguez Servién, centró su campaña electoral, los cuales contribuyeron a su triunfo el pasado 7 de junio: seguridad, transparencia y transporte público.

Al menos en estos asuntos, ya iniciado su gobierno, ha sido visible que el discurso del mandatario va por un lado y los hechos de su administración por otro, al grado de quedar, con frecuencia, como incongruente o ridiculizado por sus subalternos.

Veamos caso por caso:

SEGURIDAD

Francisco Domínguez dice que en su campaña electoral alzó la voz por las personas desaparecidas y que este asunto le importa mucho.

Ya iniciado su gobierno, la organización Desaparecidos Justicia A.C., conformada por familas con personas desaparecidas, reveló que de manera reiterada les fue negada una cita con el mandatario, porque –les dijeron– que tenía la agenda muy saturada.

La denuncia fue realizada el 10 de noviembre, durante la primera marcha de familiares de personas desaparecidas en este sexenio, que llegó a las afueras de la oficina del gobernador queretano.

El mandatario Francisco Domínguez salió de su oficina y tuvo la sensibilidad de recomponer el diálogo con familiares de personas desaparecidas, con quienes se reunió e invitó a trabajar en equipo.

El mandatario no supo el número de casos activos de personas desaparecidas, pero instruyó a sus  subalternos a revisar caso por caso y resolverlos.

Sin embargo, lejos de ver una mejora en la atención y en los avances en sus investigaciones, Brenda Rangel de la organización Desaparecidos Justicia denunció de manera reiterada que en la Procuraduría de Querétaro, a cargo de Alejandro Echeverría Cornejo, continúan con los mismos errores e insensibilidad en los casos existentes y también en los ocurridos durante la actual administración.

La semana pasada, tras la difusión de errores en los casos de los desaparecidos Leonel, Esau y recientemente Yosheline, al fin el gobierno de Domínguez reaccionó.

El procurador salió a leer un boletín en el que aceptó un “rosario de errores” en las investigaciones, y anunció la creación de una unidad de búsqueda de personas desaparecidas.

Lo que parece una acción positiva, generó incertidumbre en la organización Desaparecidos Justicia, no sólo porque las autoridades que les pedían trabajar en conjunto decidieron no tomarlos en consideración, sino porque el 27 de enero próximo está prevista una reunión para revisar los avances de las investigaciones y las familias no están dispuestas a aceptar como único avance, después de meses, el haber creado esa unidad.

Así las cosas, las  instrucciones del mandatario para trabajar en conjunto con Desaparecidos Justicia y esclarecer los casos, siguen siendo desatendidas por el procurador, al grado que la agrupación ha solicitado públicamente al mandatario “un interlocutor válido”.

TRANSPARENCIA

El gobernador de Querétaro ha declarado insistentemente que el suyo será un gobierno transparente, e incluso, que en el estado comenzará “la renovación profunda de la ética pública”.

Lo cierto es que un día antes de que tomara protesta, el diputado Alejandro Cano Alcalá, quien al mismo tiempo era dirigente municipal de su partido, el PAN, impulsó un Ley en materia de Transparencia sin consultar a la ciudadanía.

Dicha Iniciativa de Ley fue ingresada por el  titular del órgano garante de transparencia en Querétaro, a quien curiosamente los mismos diputados, com mayoría panista, le autorizaron seguir en ese puesto durante 5 años más.

La reforma también fue revisada por los subalternos del gobierno de Francisco Domínguez. y publicada por el mandatario en el diario oficial, La Sombra de Arteaga.

Fue hasta que el  Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), promovió una acción de inconstitucionalidad, cuando otra vez en el gobierno reaccionaron.

El gobierno firmó un convenio con el INAI para subsanar los errores, y organizó un acto público donde el contralor del Poder Ejecutivo; el presidente de la mesa directiva de la LVIII Legislatura; el responsable del órgano garante en Querétaro y los funcionarios asistentes festejaron como un logro hacer las correcciones ordenadas.

Solamente al final, el propio gobernador, admitió que no había nada qué festejar, sino que se trató de un acto vergonzoso, donde tuvieron que corregir ante lo que vislumbraban como una evidente resolución adversa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este asunto, falta ver cómo serán elegidos los nuevos comisionados y si se permitirá la continuación o no de Javier Rascado en la CEIG (Acordado así en lo oscurito por los diputados de la LVII Legislatura, con mayoría panista, pese a los resultados negativos en materia de transparencia de dicho funcionario).

TRANSPORTE

El gobernador de Querétaro guardó silencio ante el injusto incremento del más del 30% a las tarifas del transporte público urbano, aprobado en el proceso de transición.

Nadie le dijo que con ello renunció a una de las cartas fuertes que tenía para negociar con los accionistas del transporte público y sacar con facilidad su proyecto en la materia.

Domínguez, quien había anunciado que daría a conocer su proyecto de transporte en diciembre, buscó llegar a acuerdos, de manera previa, con los dueños del negocio del transporte público en Querétaro.

Sobre todo cuando existe una molestia pública entre buena parte de este sector, que considera que Juan José Barrios –el famoso de las cartulinas, acusado de robar 8 millones– fue impuesto en noviembre por el director de Transporte, Alejandro Delgado Oscoy, al frente de la Asociación Civil denominada Unión de Transportistas Urbanos de Querétaro (UTUQ).

Así las cosas, el acuerdo para formalizar una nueva empresa, que conformara a todas las organizaciones y desde donde se pudiera enviar un mensaje de unidad, –necesaria para el tipo de proyecto que pretende Domínguez– comenzó a ser operado por el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres en diciembre pasado.

El gobernador concretó el acuerdo político al asegurar a los transportistas que el negocio seguiría siendo suyo y que no habría imposición.

“No se dejen ni de mis secretarios”, alardeó.

El compromiso por parte de todas las empresas fue formalizado el 12 de enero, con un discurso del mandatario donde calificó la firma del acuerdo como “histórico”, un “triunfo ciudadano”, y algo que “parecía increíble”.

Desde la cuenta oficial de gobierno en Facebook, que también compartió Domínguez se presumió:

“Hoy estamos dando un paso importante, este es un proyecto que forma parte de una visión integral en materia de movilidad, con esta firma de acuerdo de voluntades daremos certeza al rumbo de Querétaro”.

No obstante, el acuerdo duró sólo unas horas, debido a que dirigentes del transporte denunciaron la intervención de funcionarios de su gobierno para intentar imponer, por segunda ocasión, a Juan José Barrios Pérez ahora al frente de la nueva empresa, denominada TMQRO.

El nombramiento de Barrios Pérez se fraguó el domingo, con el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados, y el director del IQT, Alejandro Delgado, como testigos.

Así las cosas, ¿es el gobernador Francisco Domínguez un gobernante maquiavélico o uno al que sus subalternos desobedecen?

*Twitter: @ERICPACHECOB

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