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A 6 meses de gobierno, la intromisión del Ejecutivo

427 | 30 marzo 2016 | Destacado | Querétaro | 303 vistas | comentarios
  • El desmedido apetito por controlarlo todo, marca el inicio del gobierno del panista Francisco Domínguez Servién.
  • Primero fue el Poder Judicial, después el órgano de transparencia, siguió la unión de transportistas y ahora “sacuden” a la UAQ.
A 6 meses de gobierno, la intromisión del Ejecutivo

Rechazan la intromisión del Gobierno en la UAQ. Foto: Libertad de Palabra.

Redacción

Querétaro, Qro.- Los primeros seis meses del Gobierno del panista Francisco Domínguez Servién han sido marcados por señalamientos de una injerencia en instituciones públicas, poderes del Estado, órganos autónomos y agrupaciones de transportistas.

EL PODER JUDICIAL

En vísperas de la Navidad, una iniciativa de Ley que impulsó el Poder Ejecutivo de Querétaro, encabezado por Francisco Domínguez Servién, y que aprobaron legisladores de la LVIII Legislatura de Querétaro, derivó en la reconfiguración de los integrantes del Poder Judicial local, mismos que fueron elegidos en sólo unos cuantos días.

A 6 meses de gobierno, la intromisión del Ejecutivo

Los nuevos magistrados, cercanos al PAN y al PRI. Foto: Poder Ejecutivo de Querétaro.

La iniciativa aprobada fijaba un tope de 40 mil pesos a las jubilaciones de los funcionarios y servidores públicos, pero la propuesta de Ley impulsada por el mandatario estatal y aprobada por el Congreso Local, de mayoría panista, llegó a manos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, donde seis promovieron su jubilación antes de la aprobación de dicha Ley.

Celia Maya García, una de las magistradas que declinó a la jubilación de 140 mil pesos y decidió permanecer en el Tribunal Superior de Justicia, advirtió que en realidad se trató de un descabezamiento del Poder Judicial recién iniciado el sexenio de Francisco Domínguez Servién.

“Me di cuenta que esto era un descabezamiento al Poder Judicial, que era una manera de que el Ejecutivo y el Legislativo pusieran un Tribunal a modo y que entonces había que quedarse a defender al Poder Judicial, eso fundamentalmente”, dijo de manera pública el 14 de diciembre.

Las sospechas de la magistrada Celia Maya parecieron confirmarse con el paso de los días, cuando la LVIII Legislatura –con mayoría de diputados del Partido Acción Nacional, el mismo del que emanó el gobernador Domínguez–, ungió a los nuevos magistrados en un proceso “exprés”.

Dentro de los nombramientos de los nuevos magistrados destacó el de la jueza Mariela Ponce Villa, esposa del secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres; así como el del Subsecretario de Gobierno, Greco Rosas Méndez, entre otros panistas y priistas.

LA CEIG

A 6 meses de gobierno, la intromisión del Ejecutivo

Los comisionados de la CEIG. Foto: CEIG.

La aprobación de las reformas en materia de transparencia, publicadas por el gobernador, Francisco Domínguez Servién, dieron paso a una cuestionada elección de los tres integrantes de la Comisión Estatal de Información Gubernamental (CEIG), el órgano de transparencia en Querétaro.

Las reformas en materia de transparencia –que derivaron en una acción de inconstitucionalidad impulsada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, tres meses después– fueron impulsadas por el comisionado presidente de la CEIG, Javier Rascado Pérez.

En la última sesión de la LVII Legislatura donde fueron aprobadas dichas reformas, también fue incluida una reforma al artículo 33 en su apartado B de la Constitución Política del Estado de Querétaro, donde aprobaron ampliar el periodo de Rascado Pérez como comisionado presidente por 5 años más.

Javier Rascado Pérez fue nombrado comisionado de la CEIG, por primera vez durante el sexenio panista de Francisco Garrido Patrón, después de que en aquél sexenio panista se desempeñó como coordinador de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Gobierno.

Las reformas en materia de transparencia y a la Constitución local, publicadas por el panista Francisco Domínguez, facilitaron que Javier Rascado Pérez –el hombre que impulsó una reforma considerada anticonstitucional por el órgano nacional de transparencia– tenga previsto seguir en ese puesto un total de 12 años.

Al cuestionado nombramiento de Rascado Pérez –para el que no hubo convocatoria y tampoco se tomó en cuenta procurar la igualdad de género prevista en la Ley General de Transparencia–, se sumó una rezagada convocatoria para los dos comisionados restantes, que derivó en un proceso que apenas duró una semana.

La convocatoria incluyó requisitos que dejaron sin posibilidades a varios aspirantes.

De acuerdo con la Legislatura sólo 10 personas pudieron cumplir los requisitos, entre ellas María Elena Guadarrama Conejo, una ex asesora de la Oficina de la Gubernatura del Poder Ejecutivo, que encabeza el ex coordinador de la campaña política de Domínguez, Luis Bernardo Nava Guerrero, la cual terminó por recibir su nombramiento como comisionada del órgano garante de transparencia local.

El comisionado honorífico Alejandro Hernández Ramírez señaló que los diputados desarrollaron un proceso que no garantizó que los nuevos comisionados fueran personas aptas, idóneas e independientes.

“Es una simulación de transparencia, cómo es posible que estamos a una semana del primero de febrero y en esa semana se va a emitir una convocatoria, la va a firmar la Mesa Directiva, se va a hacer pública en el estado, se va a convocar a quienes van a participar, se van a recibir los currículums, las propuestas, se van a recibir los proyectos, las comparecencias, se va a pedir la opinión de universidades, de ONG’s, se van a analizar los perfiles y se va a emitir una opinión, ¿en una semana se va a cumplir con eso, con transparencia, con un estudio exhaustivo o los diputados a lo que están acostumbrados es a levantar su manita nada más?”, lamentó.

El tercer comisionado electo fue el secretario ejecutivo de la CEIG, el mismo que fungió como subalterno del comisionado Javier Rascado Pérez.

Así, en el sexenio del panista Francisco Domínguez Servién, que pregonó su compromiso por la transparencia durante su campaña, los nombramientos del órgano de transparencia fueron los siguientes:

La elección de la ex asesora del Poder Ejecutivo, María Elena Guadarrama Conejo, como comisionada por 7 años; la del secretario ejecutivo del órgano de transparencia, Erick Hernández López por 6 años como comisionado; y la del comisionado presidente, Javier Rascado Pérez por 5 años más.

TRANSPORTE PÚBLICO

A 6 meses de gobierno, la intromisión del Ejecutivo

Juan Barrios con Pancho Domínguez. Foto: Especial.

Un grupo de transportistas –que aseguraba contar con el 60 por ciento de participación en el sistema del transporte urbano– denunció una imposición del Gobierno Estatal para la elección del dirigente del gremio, Juan José Barrios Pérez.

En plena campaña a la gubernatura, Barrios Pérez –y otros concesionarios del transporte urbano– acusaron que en el Sistema REDQ que implementó el Gobierno del priista José Eduardo Calzada Rovirosa, había corrupción y malos manejos.

Tras el triunfo de Francisco Domínguez Servién como gobernador, el concesionario Juan José Barrios Pérez alcanzó la Presidencia de la Unión de Transportistas Urbanos de Querétaro, lo que propició la división del gremio.

En los autobuses del grupo inconforme de transportistas –los que en su momento respaldaron el proyecto REDQ– fueron colocadas cartulinas con mensajes que aludían una deuda de 8 millones de pesos de Juan José Barrios Pérez, además de denunciar que era “intocable”.

En este contexto, el Gobierno de Francisco Domínguez logró reunir a los 12 dirigentes del transporte colectivo para firmar un “acuerdo de voluntades” y comprometerse a constituir una empresa única denominada TMQRO S.A. de C.V.

Por segunda vez el grupo mayoritario de transportistas denunció la intención de autoridades del Gobierno Estatal para imponer al presidente del Consejo de Administración de la nueva empresa.

La dirigente de Taxibuses Metropolitanos, Mayra Melo Ramírez, acusó que las autoridades persuadieron a grupos de accionistas de su empresa para dividirla, con el objetivo de que los grupos resultantes apoyaran a Juan Barrios Pérez.

“¡Señor gobernador, no queremos un Consejo impuesto!”, gritó el dirigente de Liberación Camionera S.A. de C.V., Francisco Zubieta Méndez, cuando él y otros concesionarios del transporte realizaron una protesta afuera de la oficina de Domínguez Servién.

Finalmente Juan Barrios Pérez tomó protesta como presidente de la empresa TMQRO, mientras que un par de empresas rechazaron lo que sus dirigentes consideran como una imposición abierta del Gobierno del estado, por un aliado del gobernador Francisco Domínguez Servién.

LA UAQ

A 6 meses de gobierno, la intromisión del Ejecutivo

Abrazados en campaña. Al centro Laura Leyva. Foto: Especial.

Y si bien las acusaciones por la intervención del Gobierno habían sido señaladas desde el Poder Judicial, el órgano de transparencia y las agrupaciones de transporte público, ahora también fueron denunciadas desde la Universidad Autónoma de Querétaro.

El Colegio de Directores y Escuela de Bachilleres de la institución, entregó el pasado 15 de diciembre un escrito al gobernador Francisco Domínguez Servién, en el que denunciaron la intromisión de agentes de su Gobierno para desestabilizar a la institución.

“… agentes de la Secretaría de Gobierno han entablado conversaciones con algunos de nuestros docentes en donde, de manera abierta, se les ha propuesto participar en una política sucia que tiene como objetivo desestabilizar y generar conflictos al interior de nuestra Máxima Casa de Estudios”, expusieron.

De manera adicional el rector de la UAQ externó su preocupación al exhibir que personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo emitió un documento con el que declaraba la validez de la huelga, pese a que la parte patronal mostró documentos certificados por notario y videograbaciones que demostraban que uno de los campus de la institución no fue cerrado el día del estallamiento de la huelga.

“Eso es lo más lamentable, ya cuando ya no hay una verdad en el actuar de la autoridad, eso ya es preocupante, cuando se tiene que mentir con documentos oficiales, eso ya preocupa, eso nos preocupa como universitarios, y el lema nuestro, es ‘Educo en la Verdad y en el Honor’, eso nos está empezando a preocupar que estén emitiendo este tipo de documentos”, afirmó.

Un segundo escrito del Colegio de Directores de las Facultades y Escuela de Bachilleres, dirigido al mandatario estatal, acusa al secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, de actuar con parcialidad para favorecer al Steuaq, cuya dirigente es Laura Leyva Saavedra, quien a decir del propio mandatario, lo apoyó con su voto.

“Nos preocupa la indebida actuación que el secretario del Trabajo ha tenido en el conflicto, mediante declaraciones públicas y acciones como el haber anticipado criterios, en beneficio de una de las partes”, expusieron.

A las denuncias del Colegido de Directores y los señalamientos en una conferencia por parte del rector, siguió una concentración de universitarios que demandaron respeto a la autonomía, así como el llamado del rector a que el Gobierno no se entrometiera y les permitiera a los universitarios resolver el conflicto laboral dialogando.

El gobernador dijo a Libertad de Palabra que la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro votó por él y lo apoyó como ciudadana, pero rechazó que eso implicara un apoyo de su Gobierno en el conflicto laboral.

“Cuando estaba en campaña ella me manifestó, como ciudadana, el apoyo a mi candidatura y afortunadamente con el voto de ella y de los queretanos hoy soy gobernador”, señaló.

Sin embargo, después del mitin donde fue abucheado por universitarios, en su Gobierno reaccionaron con un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje que le dio la razón al Steuaq, lo que para la Universidad significó la “intromisión consumada” del Gobierno en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Pese a que las autoridades universitarias estimaron que requerirían de 930 millones de pesos para cumplir con el pliego petitorio de su Sindicato, el gobernador reunió a ambas partes y la dirigencia del Sindicato se desistió a que le cumplieran el 10% de incremento a su salario y aceptó sólo 3.1, entre otras cosas.

El gobernador presumió que fungió como “testigo de honor” de la firma del acuerdo entre la UAQ y su Sindicato, sin embargo, el rector durante días previos insistió en que uno era el conflicto laboral y otra cosa la intromisión del Gobierno, la cual tienen prevista aclarar el próximo 07 de abril, fecha en que el gobernador aceptó acudir al Consejo Universitario, máximo órgano de la UAQ.

A las diferencias entre el Gobierno y la UAQ, se suma el incumplimiento del mandatario, quien públicamente y en video se comprometió a incrementar 10% el presupuesto a la institución educativa, pero sólo le otorgó el 3.1 por ciento.

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