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Del gabinete del Ejecutivo al nuevo órgano autónomo

434 | 1 junio 2016 | Querétaro | 154 vistas | comentarios
  • Alejandro Echeverría Cornejo, cuestionado en su labor como procurador, tomó posesión como fiscal de Querétaro hasta el año 2025.
Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general de justicia.

El “guardaespaldas de lujo” del gobierno en turno. Foto: Libertad de Palabra.

Iván Aldama Garnica

Querétaro, Qro.- El gobernador panista, Francisco Domínguez Servién, logró colocar a Alejandro Echeverría Cornejo, uno de sus colaboradores, al frente de la Fiscalía General de Justicia.

El pasado 25 de mayo con 23 votos a favor de 25 (una abstención y una inasistencia), los diputados locales (13 del PAN, 7 del PRI, 1 de Nueva Alianza, 1 del PRD y 1 del Partido Verde) nombraron a Echeverría Cornejo como fiscal para un periodo de 9 años, siendo que el funcionario ha sido cuestionado en su desempeño como titular de la Procuraduría de Justicia, sobre todo por familiares de personas desaparecidas, quienes han denunciado que sus casos no avanzan, como en el sexenio anterior.

Domínguez Servién envío al Congreso local, el pasado 1 de abril, una iniciativa para reformar la Constitución Política de Querétaro, debido a la implementación de un nuevo sistema de justicia penal en el país.

“UN GUARDAESPALDAS DE LUJO”

Alejandro Echeverría Cornejo fue nombrado como fiscal general de justicia para un periodo de 9 años, más allá del sexenio de Francisco Domínguez. Para el académico Efraín Mendoza Zaragoza, el arribo de Echeverría a dicha institución –encargada de perseguir e investigar los delitos– le provee una protección al grupo político en el poder.

La iniciativa –además de contemplar cambios en el sistema de seguridad estatal, en el poder judicial y la creación de una Fiscalía de Justicia que sustituyera a la Procuraduría– establecía la forma de elección del fiscal.

Sin embargo, en el artículo cuarto transitorio de la iniciativa entregada a los diputados, señala que el procurador en funciones, Alejandro Echeverría Cornejo, pasaría a ser el fiscal.

“… es necesario que la Procuraduría General de Justicia, hasta ahora dependiente del Ejecutivo como parte de la administración púbica central, se transforme para conformar la Fiscalía General del Estado, con la naturaleza de un organismo autónomo del Estado (…) cuya dependencia no corresponda desde luego al titular del Poder Ejecutivo”, consta en la exposición de motivos de la iniciativa del gobernador, la cual fue aprobada posteriormente por los diputados.

Así, hay quienes observan que la llegada de Echeverría Cornejo, no aporta esa autonomía a la Fiscalía de Justicia, sino que la convierte en un órgano político que va a tener injerencia en los asuntos judiciales.

“Depositado (el proceso de elección del fiscal) en manos del gobernador del estado y de un Congreso, dominado por la fracción a la que pertenece el propio gobernador del estado y donde tenemos una oposición que nada se opone, con excepción hecha de la diputada de Morena, no vamos a ninguna parte que no sea a dejar plenamente confirmada la impunidad que priva en el estado de Querétaro”, lamenta el académico Efraín Mendoza Zaragoza.

Sostiene que con el nombramiento de Echeverría Cornejo nada cambia y por el contrario reafirma la concentración de poder del Ejecutivo en un ámbito delicado como lo es la seguridad y la procuración de justicia.

“Para nadie es desconocido cuál es la ecuación visible en el Ejecutivo del estado en materia de seguridad, hay un eje de poder concentrado dentro de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, eso sigue inalterado y al contrario, sigue esa concentración de poder”, expuso Mendoza Zaragoza.

En efecto, Alejandro Echeverría Cornejo, el fiscal general de justicia del estado, mantiene una relación de negocios con los hermanos Juan Martín y Juan Marcos Granados Torres, secretario de Gobierno y secretario de Seguridad, respectivamente, en la sociedad Consultores Asociados en Seguridad Humana S.A. de C.V., según consta en sus declaraciones de conflicto de intereses que los tres enviaron a la Iniciativa “3 de 3” (http://tresdetres.mx).

Durante el primer semestre del sexenio del gobernador Domínguez fue señalada por diverso actores, la intromisión de su Gobierno en el Poder Judicial, el órgano local de transparencia, la Universidad Autónoma de Querétaro e incluso con la organización de los transportistas urbanos (Libertad de Palabra Núm. 427).

En opinión del abogado Alejandro Hernández Ramírez, el nombramiento de Alejandro Echeverría Cornejo en el nuevo órgano autónomo, confirma lo que él denomina como la construcción del andamiaje de una “dictadura en la entidad”.

“… el poder ejercido por una sola persona, ante el escepticismo y la mirada de todos (…) Ya no son emperadores romanos (que pueden hacer lo que quieran y gozar de un poder absoluto), sino que son ciudadanos con una responsabilidad (…) La procuración y la administración de justicia va a incidir en toda la sociedad. Las decisiones que se están tomando a todos nos van a alcanzar, para bien o para mal”, advirtió Hernández Ramírez.

VICIOS DE ORIGEN

El diseño de elección del gobernador para la elección del fiscal, cerró la posibilidad de que otros interesados o interesadas pudieran contender.

Lo anterior fue señalado por la diputada de Morena, Herlinda Vázquez Munguía, quien –si bien no votó en contra de la propuesta del gobernador Domínguez– se abstuvo de validarla.

“… el que se aprobara la creación de la Fiscalía como un órgano autónomo, así como el método de designación de su titular, desde nuestro punto de vista, limitó la participación de una mayor cantidad de propuestas con perfiles especializados en la materia, con experiencia en lo profesional, social y académico, que nos permitiera procesar candidatos con una mayor independencia a los intereses de los distintos poderes, principalmente el Ejecutivo”.

El abogado Alejandro Hernández señala que la reforma –que diseñó el Poder Ejecutivo y que aprobaron los diputados– tiene vicios de origen.

En primer lugar advierte que el procedimiento “es violatorio del principio de un Estado democrático en el que se debe privilegiar la participación ciudadana”, al no permitir la participación de más actores.

Para el abogado, el Poder Ejecutivo debió lanzar una convocatoria pública y transparente –con la participación de colegios, instituciones académicas y organismos especializados– para seleccionar a los mejores perfiles, y no a los que postulara el mandatario estatal.

El académico Efraín Mendoza Zaragoza coincidió en este punto e incluso agregó que debería ser la gente quien elija por votación al fiscal.

En segundo lugar, Hernández Ramírez observa que uno de los requisitos para ocupar el cargo de fiscal fue alterado.

El abogado detectó que la Constitución Federal establece que el fiscal debe contar con un título profesional con 10 años de antigüedad, pero en la Constitución local de Querétaro este requisito fue rebajado a la mitad.

“(El nombramiento del fiscal) pudiera resultar inconstitucional porque la Constitución local no puede contravenir a la Constitución Federal”, advirtió.

Hernández Ramírez dijo que ante estas irregularidades, existe un plazo de 30 días para impugnar el nombramiento del fiscal.

En tercer lugar, sostiene que el Consejo de la Fiscalía de Justicia –la que funcionaría como un contrapeso del propio fiscal general– es una falacia.

El abogado señala que este órgano al ser integrado por cuatro consejeros (uno nombrado por el gobernador, otro por los diputados y dos más por el propio fiscal) carecerá también de autonomía e independencia.

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