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Echaron a los comerciantes de la Alameda Hidalgo

437 | 22 junio 2016 | Querétaro | 254 vistas | comentarios
  • El gobierno municipal de Querétaro aseguró los “carritos” de 358 comerciantes, que vendían su mercancía a las afueras del llamado “Corredor Comercial Alameda Hidalgo”.

Iván Aldama Garnica

Comerciantes de La Alameda, Querétaro.

Protestaron por la detención de Pablo González Loyola Pérez. Foto: Libertad de Palabra.

Querétaro, Qro.- El 14 de junio, de manera unánime, los regidores del PAN, PRI y Morena en el Ayuntamiento de Querétaro, aprobaron la creación del Consejo Consultivo Ciudadano “Alameda Hidalgo”, con el fin de lograr la “restauración, rehabilitación y rescate de ese importante espacio”, según expone el boletín de prensa número 409/DP/2016.

Sin embargo, la intervención del Gobierno en el tianguis de La Alameda fue efectuado sin contar con un proyecto integral –que fuera sometido a consideración de los comerciantes– para “recuperar a fondo la Alameda Hidalgo, que es un espacio muy apreciado, pero muy poco utilizado”, dijo el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, en una rueda de prensa, el miércoles 1 de junio.

“En realidad no existe un diagnóstico (que arroje las condiciones en las que permanece y los recursos que requiere para su rescate). Sin embargo, estamos interesados en que este Consejo Consultivo sea quien lo elabore”, dijo sobre el Consejo que aún no entra en funciones, pues falta que los integrantes ciudadanos sean nombrados.

Además de policías, en el operativo del 19 de junio participaron trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, quienes realizaron labores de limpieza en lo que fuera el “Corredor Comercial de La Alameda”.

Ocho horas después de la intervención del municipio, el secretario de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, expuso que no renovaron el contrato de comodato bajo el cual los comerciantes podían hacer uso de los puestos, por lo que fue necesario tomar acciones.

A dos meses de ocupar el cargo, el funcionario municipal agregó que los comerciantes no respetaban los espacios asignados, ejercían una actividad comercial distinta al giro que les habían autorizado, que llegaron a “clonar” algunos de los puestos y que de manera recurrente recibían denuncias contra los tianguistas de La Alameda por realizar actos contrarios a la ley.

Sin embargo, los integrantes de la “Felipe Carrillo” –que mantienen un plantón afuera de la sede del Gobierno Estatal en protesta por la detención de su dirigente– acotaron que las autoridades municipales no han querido dialogar con la organización para llegar a un acuerdo en torno al contrato de comodato, el cual firmaron con Francisco Domínguez Servién, actual gobernador, pero cuando fungía como presidente municipal (2009-2011).

De manera adicional, la hija del dirigente, Frida González Loyola Acosta, expuso que los comerciantes de la organización que trabajaban frente a La Alameda, han pagado sus licencias de funcionamiento y el impuesto de uso de suelo del lugar.

Ante esto, la joven acusó que los comerciantes de la organización que laboraban en La Alameda, son víctimas de una “campaña negra”, emprendida por el Gobierno para desprestigiarlos.

“… dicen que somos delincuentes, que vendemos droga, que propiciamos la prostitución, que propiciamos la violencia, los asaltos”, lo cual negó.

ACUSAN QUE EL GOBIERNO

LES ROBÓ SU MERCANCÍA

Mediante un comunicado de prensa, los integrantes de la Unidad Cívica informaron que el operativo del Gobierno Municipal fue ilegal, pues señalan que no actuaron con el soporte de una orden judicial:

“Denunciamos este operativo como un robo pues valiéndose de la oscuridad (como los salteadores) no hubo ningún escrito que fundara y motivara los actos de molestia a las personas, mercancías, instrumentos de trabajo e incluso dinero de más de 300 puestos que fueron desalojados en lo que se considera un asalto”.

Además reportaron la detención de 7 de sus compañeros que intentaron rescatar su mercancía al momento del operativo.

En respuesta, el secretario de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, negó que durante la intervención del Gobierno haya habido detenidos y repuso que actuaron de acuerdo con los reglamentos en materia de comercio en vía pública.

Sobre la mercancía contenida dentro de los carritos que fueron removidos, el funcionario aseguró que será devuelta a los comerciantes que acrediten que les pertenece.

Sin embargo, dijo que los tianguistas no podrán volver a ocupar el espacio de La Alameda, sino que les serán asignados nuevos lugares, aunque no precisó dónde.

UN AMARGO 29º ANIVERSARIO

Dos días después de que fue conmemorado el vigésimo noveno aniversario de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto”, su dirigente Pablo González Loyola fue detenido bajo cargos que aún no son revelados por las autoridades, aunque su hija narró que fue acusado de motín, de incitar la violencia y de intentar quemar patrullas y hasta policías.

“No tienen ninguna prueba para demostrar estas acusaciones”, afirmó la joven.

46 días pasaron, desde la amenaza del gobernador Francisco Domínguez contra dirigentes de organizaciones sociales, para que Pablo González Loyola fuera aprehendido.

El mandatario señaló a González Loyola, entre otros, como los responsables de haber provocado la interrupción del desfile del Día del Trabajo.

Sin embargo, como obra en videos captados ese día, quienes malograron el desfile fueron integrantes de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), los cuales arrojaron gorras y playeras al presídium que encabezada el gobernador.

Así, un día después de la suspensión del desfile del domingo 1 de mayo, el mandatario anunció que ya sabía quiénes habían participado en los que calificó como “disturbios”.

Sin mencionar la razón por la que serían castigados o el delito que cometieron, Domínguez Servién simplemente dijo que caería sobre ellos todo el peso de la Ley.

“… no tengan duda que hasta donde llegue el alcance de lo que podamos aplicar (la ley) se va a hacer (…) lo que hicieron ayer es histórico para Querétaro y no se los voy a permitir y daremos una gran lección con todo el peso de la Ley”, amenazó el mandatario.

El secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres, y el fiscal general de Justicia, Alejandro Echeverría Cornejo, confirmaron la detención del dirigente y anunciaron que estaba bajo un proceso judicial, pero sin proporcionar más detalles.

El 17 de junio González Loyola y su esposa salieron de su domicilio para dirigirse a una cita con el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, la cual había sido programada a las 11 de la mañana.

Sin embargo, su pareja –la ex regidora por el PRD en el Ayuntamiento de Querétaro–, María Cándida Acosta Pérez, narró que 10 agentes judiciales, vestidos de civil, los interceptaron y detuvieron al dirigente.

Si bien, dijo que los elementos no portaban orden de aprehensión y que viajaban en vehículos sin logotipos de la Procuraduría –Fiscalía– de Justicia, pudo identificar a uno de ellos porque, dijo, adquirió un predio en la colonia Heberto Castillo, una colonia irregular como en las que la organización “Felipe Carrillo” ha gestionado la realización de obras para servicios públicos.

Esta no es la primera vez que el dirigente de la organización –que según él, tiene aproximadamente 8 mil afiliados– es detenido.

Hace 26 años, cuando la “Felipe Carrillo Puerto”, que tres años antes había sido constituida por ocho colonos, estaba demandando un orden y una regularización para el comercio popular, Pablo González Loyola fue detenido durante 36 horas.

“El 26 de mayo de 1990 me tocó estar privado de mi libertad, iba a hacer acusado de delitos, pero finalmente sólo fui acusado de faltarle al orden público. Estuve 36 horas privado de la libertad, gracias a que hubo un plantón de más de 200 personas afuera de la correccional, donde iban a dejar a los borrachitos”, recordó en una entrevista que concedió a Libertad de Palabra, justamente por los 29 años de la organización.

González Loyola dijo que en esas épocas sufrieron la represión del Gobierno del priista, Mariano Palacios Alcocer, pero acotó que para todas las administraciones que ha visto pasar, las organizaciones sociales independientes son incómodas, por lo que simulan que las respetan y toleran, pero en realidad tratan de cooptarlas o hasta desaparecerlas.

Pablo recordó que el gobernador panista, Ignacio Loyola Vera, le expresó abiertamente su rechazo a las organizaciones sociales.

“… no va a haber líderes, no va a haber aquí organizaciones”, escuchó del mandatario en la única audiencia que les concedió en mayo de 1998.

Ignacio Loyola también impulsó una Ley para endurecer las sanciones contra quienes incitaran la formación de asentamientos irregulares o fraccionaran predios para vivienda, siendo que uno de los campos de acción de la organización era en este tipo de colonias irregulares.

Ahora, en el sexenio del también panista, Francisco Domínguez Servién, el dirigente de la “Felipe Carrillo” consideró que existe el riesgo de regresar a estas escenas de intolerancia y de represión.

Ante la amenaza del gobernador Domínguez, González Loyola promovió un amparo, pero el martes 14 de junio dijo que el Poder Ejecutivo negó los actos reclamados, es decir que rechazaron que él fuera señalado de ser uno de los responsables, aunque el dirigente sostuvo que tiene documentados los dichos del gobernador.

En una rueda de prensa que ofreció 3 días antes de que lo detuvieran, el dirigente de la “Felipe Carrillo” confiaba en que no existía carpeta de investigación, averiguación previa o constancia de hechos iniciadas por los hechos del desfile del primero de mayo, por lo que consideró que no había razón para actuar legalmente contra él y contra otros dirigentes de organizaciones sociales.

El 17 de junio, comerciantes de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto” bloquearon la Avenida Zaragoza –una de las más transitadas de la ciudad– en su cruce con la calle de Corregidora, para exigir la presentación de González Loyola Pérez, pero después de aproximadamente 3 horas levantaron su plantón y tomaron camino hacia la sede del Gobierno Estatal, donde realizaron una protesta.

Tres días después, con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE Querétaro) y  hasta con padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, realizaron una marcha desde la Alameda hasta la sede del Gobierno Estatal, donde despacha el gobernador, Francisco Domínguez, a quien le exigieron la liberación del dirigente.

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