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Urge actualizar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

435 | 8 junio 2016 | Recursos Naturales | 86 vistas | comentarios
Vegetación forestal de zonas áridas.

Vegetación forestal de zonas áridas. Foto: Cortesía César Chávez Nava.

César Chávez Nava*

A mi parecer, uno de los trámites que más temor genera a inversionistas y prestadores de servicios técnicos forestales –al ser causa de conflictos y diferencias entre estos con grupos ambientalistas y los tres niveles de gobierno, en especial con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat–, son las solicitudes de cambio de uso de suelo de terrenos forestales, (Tajamar, gasoductos, carreteras, presas, desarrollos turísticos y muchas obras más que han generado polémica) lo cual simplemente significa, pedir autorización para remover total o parcialmente la vegetación forestal que soporta un terreno, así sean 10 m², se deberá seguir éste procedimiento, no existen excepciones en materia de cambio de uso de suelo forestal.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) señala en su artículo 117 que los cambios de uso de suelo forestal se otorgan por excepción, previa opinión del Consejo Forestal Estatal y con base en un estudio técnico justificativo donde se demuestre que la remoción de vegetación no compromete la biodiversidad, no provocará erosión de suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. También menciona que no se otorgarán permisos en terrenos forestales incendiados a menos que se demuestre con otro estudio que el ecosistema se regeneró o esperar su propietario 20 años para poder aprovecharlo. Hasta la presente fecha no han sido publicados por la Semarnat los lineamientos para elaborar el estudio que demuestre que un ecosistema se regeneró, no es el mismo proceso de regeneración de un ecosistema de matorral a uno de bosque de coníferas, un manglar a una selva alta, etc., entonces, ¿cómo se demuestra la regeneración?, de buena fe.

Asimismo, el Reglamento de ésta Ley indica en su artículo 121 el contenido de los estudios, en mi opinión, la mayoría de ellos son importantes pero no determinantes para motivar y fundar debidamente una negativa o una autorización, ejemplos:

La presencia de especies de flora y fauna protegida y el tener una vegetación en buen estado de conservación, ¿es causa para negar una solicitud?, no. La Ley no indica que se deben negar si contiene especies protegidas o si la vegetación está degradada se autorice, de ser así, se debe restaurar.

Si la ejecución del proyecto afecta la prestación de servicios ambientales, ¿se debe negar, si el cambio es temporal? No. La presencia de especies protegidas, la afectación de servicios ambientales y la temporalidad del cambio solamente sirven para determinar la cantidad de recursos económicos que el beneficiario de un cambio de uso de suelo debe aportar al Fondo Forestal Mexicano como medida de compensación.

Si los costos de restauración que se mencionan en el estudio, la conceptualización del término “tierra frágil”, la inclusión de una pendiente ponderada en lugar de una media, son distintas a las que utiliza regularmente la Semarnat y la Conafor, ¿es motivo para negar el permiso?, no. Interviene el criterio y la formación multidisciplinaria del técnico que elaboró el estudio y del evaluador. Lamentablemente casi siempre no coinciden, al evaluador le atraen las formas cuando debería ser un análisis a fondo y de manera integral, técnicamente, como cualquier especialista lo puede confirmar, para analizar el impacto ambiental, respecto a la erosión de suelos y el escurrimiento, es de más utilidad determinar una pendiente ponderada que una media. Estos son sólo algunos ejemplos de las interpretaciones a las que está sujeta la Ley, tanto en técnicos como en evaluadores y ambientalistas.

Los capítulos que creo deben ser abordados de manera clara, soportada en valores numéricos y no en presunciones personales o de formación profesional son: la Descripción de las condiciones del predio; Medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los recursos forestales, la flora y fauna silvestres, aplicables durante las distintas etapas de desarrollo del cambio de uso del suelo; Servicios ambientales que pudieran ponerse en riesgo por el cambio de uso del suelo propuesto; Justificación técnica, económica y social que motive la autorización excepcional del cambio de uso del suelo; Aplicación de los criterios establecidos en los programas de ordenamiento ecológico del territorio en sus diferentes categorías; y la Estimación económica de los recursos biológicos forestales del área sujeta al cambio de uso de suelo.

En estos puntos surgen las discrepancias en la interpretación de la Ley, así como las siguientes preguntas: ¿Cuánto cuesta una especie de flora o fauna silvestre protegida?; ¿al desmontar no se provoca erosión hídrica y eólica de suelos?, ¿no se aumenta el escurrimiento?; ¿la captación de agua debe entenderse como hacer bordos o presas o se refiere al almacenamiento en el suelo?, ¿se debe analizar la evapotranspiración y la intercepción de lluvia en el equilibrio del agua?, ¿todas las unidades de suelo infiltran agua, las fallas y fracturas geológicas no desempeñan el papel de resumideros de agua?; cuándo se dice que los usos de suelo propuestos sean más productivos a largo plazo, ¿existe un terreno forestal cuyo aprovechamiento primario sea más productivo que su venta o urbanización?, ¿se justifica un cambio de uso de suelo en un país que oficialmente presenta una tasa de deforestación anual de más o menos 150 mil hectáreas (ha) por año?, ¿un cambio de uso de suelo que traerá beneficio social deber ser autorizado y no uno que promueve un particular, acaso provocan distintos impactos ambientales?; si el proyecto Tajamar, ubicado junto a un área protegida rica en biodiversidad y que alberga varias especies de flora y fauna protegidas fue autorizado, un terreno ubicado en una zona árida o semiárida fuertemente degradado, ¿debe autorizarse?

Sin duda son muchas preguntas, las respuestas las puede dar la emisión de una Norma Oficial Mexicana que indique de manera clara el contenido puntual y la calidad en la información de los estudios técnicos justificativos privilegiando la calidad sobre la cantidad y el fondo sobre la forma. De ésta manera se evitarán las acusaciones de discrecionalidad, falta de transparencia y presuntos actos de corrupción, en síntesis, se mejora la gestión forestal.

A casi 13 años del Decreto de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003), es necesario actualizarla en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales y todos los que estamos involucrados en la actividad forestal, sea en las instituciones oficiales o en la prestación de servicios técnicos, debemos capacitarnos todos de manera permanente, ya que elaborar y evaluar un estudio de cambio de uso de suelo, requiere conocimiento básico de varias disciplinas, entre ellas, hidrología superficial y subterránea, edafología, economía del medio ambiente, marco legal federal, estatal y municipal, biodiversidad, manejo de cuencas, estadística, manejo de sistemas de información geográfica para modelar los impactos y no sólo generar mapas, etcétera.

*Correo electrónico: cesar.chavez66@gmail.com

Twitter: @sumandovocesqro

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