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¿Rendición de cuentas de los diputados federales de Querétaro?

447 | 30 agosto 2016 | Ciudadanía Local | 79 vistas | comentarios
Diputados federales de Querétaro

En el Auditorio Fernando Díaz Ramírez. Foto: UAQ.

Jaime Netzáhuatl Jiménez*

Hace unos días, tres de cuatro diputados federales participaron en un ejercicio promovido por la UAQ y la Junta Local de Querétaro del INE, denominado “Rendición de Cuentas de diputada y diputados Federales en el Estado de Querétaro” (la diputada panista María García se disculpó de último minuto por no poder asistir). El propósito del evento fue que los representantes rindieran cuentas a la ciudadanía queretana a un año de su trabajo legislativo. Los diputados panistas Gerardo Cuanalo y Apolinar Casillas, así como el diputado priista Hugo Cabrera, representantes respectivamente de los distritos III, IV y I, expusieron primeramente los compromisos, actividades y logros hasta ahora alcanzados por ellos. En un segundo momento contestaron cuestionamientos directos respecto a temas sensibles, como el referente al recorte presupuestal a educación, salud y al campo, y a su propio desempeño como legisladores. Finalmente terminaron su participación dando algunas conclusiones generales. Si bien el ejercicio fue interesante y valioso, quisiera poner a debate los alcances y límites del mismo.

En primer lugar, habrá que determinar si el evento llevado a cabo en las instalaciones de la UAQ fue un ejercicio de rendición de cuentas. Si tomamos en cuenta las tres dimensiones clásicas que la definen, que son: a) obligación de informar a sus representados sobre sus acciones, decisiones pasadas o futuras u omisiones, b) justificarlas y c) sufrir un juicio o alguna sanción en caso de alguna conducta no esté apegada a sus funciones y responsabilidades, o ser objeto de un reconocimiento/ recompensas por el ejercicio acorde a sus responsabilidades. Tomando en consideración estas dimensiones –y teniendo presente que pueden estar separadas en ciertas circunstancias, es decir, presentarse dos de ellas pero nunca sólo una de ellas–, podemos afirmar que el evento llevado a cabo sí fue un ejercicio de rendición de cuentas porque los diputados informaron sobre sus acciones y decisiones pasadas o futuras y las justificaron.

Otro elemento que hay que tener en cuenta es que la rendición de cuentas tiene como propósito central el control del ejercicio del poder público. Control que puede venir desde el propio poder público (control horizontal) o desde fuera (control vertical) por la sociedad o los representados. En este sentido podemos afirmar que el evento fue una rendición de cuentas de tipo vertical, sin embargo, ¿cómo podemos darnos cuenta que este ejercicio contribuyó o puede contribuir a controlar la actuación, la responsabilidad, de las y los diputados locales, y no convertirse en una manera más de hacer creer que se rinde cuentas? ¿Cómo asegurarnos que hay una efectiva rendición de cuentas cuando uno de sus componentes (la transparencia) presenta grandes niveles de opacidad?

Si observamos las mediciones de transparencia realizadas a la fecha por el colectivo CIMTRA (Ciudadanos por municipios transparentes) a siete congresos locales, entre ellos el de Querétaro, podemos observar que la mayoría de ellos se mueve en la opacidad.

Por lo expuesto anteriormente, no me queda duda que el mecanismo de rendición de cuentas puesto en marcha en la UAQ –y otros semejantes en formato– deben continuar y ampliarse a otros actores (gobernador, presidentes municipales y legisladores locales), pero cuidando que los mismos estén acompañados por diferentes mecanismos que aseguren que los representados (mandantes) ejerzan un control efectivo sobre los mandatarios (representantes), por ejemplo, por medio de indicadores de transparencia y desempeño.

En el caso de las y los legisladores, la rendición de cuentas se hace más efectiva cuando, por un lado, se conoce cómo han legislado a favor de sus representados, lo cual implica por un lado, no solo conocer su “agenda legislativa” sino además tener indicadores de desempeño que ayuden a distinguir entre el cumplimiento responsable de sus obligaciones (por ejemplo, no ausentarse de las sesiones sin causa justificada) y derechos (no presentar iniciativas), y, por el otro lado, contar con marcos jurídicos que expresen, sin ambigüedad, las responsabilidades individuales de las y los diputados y las sanciones a las que están expuestos. Claro, no habrá que dejar de lado la aplicación efectiva de las sanciones correspondientes a quienes incumplen con su tarea. Solo de esta manera, la sanción social de la ciudadanía se verá fortalecida y será un mecanismo de contrapeso real al ejercicio del poder público.

Por último quisiera señalar que entregar cobijas, computadoras, aparatos ortopédicos, juguetes, etc., a la población en condiciones de pobreza, no define las tareas y responsabilidades de un legislador, si así fuera, muchos ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil o empresas serían, por definición, diputados o diputadas.

*Representante de Locallis S.C. (Eje de Transparencia y Rendición de Cuentas).

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