Libertad de Palabra

En lo que va de este 2008 en Querétaro, la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo lleva 740 demandas laborales de distintas índoles, así lo dio a conocer Rogelio Israel Carboney Morales, titular de esta dependencia.

El año pasado unos 22 millones de pesos que el INFONAVIT había destinado a Querétaro, terminaron en otros estados por falta de viviendas a precios económicos. Este año el riesgo de que ocurra algo parecido es latente.

El cuerpo de un hombre en aparente avanzado estado de descomposición, fue sacado de las aguas del bordo “Benito Juárez”, después de que personal del “Parque Querétaro 2000″ dio aviso a las autoridades del hallazgo.

El regidor por Corregidora, Ricardo Astudillo Suárez, fue electo el domingo pasado nuevo presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hasta el 2011, en una asamblea que condujeron los órganos nacionales de ese partido político.

El presidente del PAN, Ismael Becerra Reséndiz, consideró prácticamente “imposible” cumplir con los trámites legales que les solicita el IEQ para la organización de espectáculos públicos.

En el PAN les gusta obtener recursos públicos a través de secundar la organización de conciertos, bailes, lucha libre y otros espectáculos, pero a la hora de reportar los recursos al IEQ, siempre se hacen “bolas”.

El contralor del estado, Ricardo del Río Trejo, admitió ser incompetente para analizar la denuncia que puso en su contra su concuño, en la Contraloría del Estado, dependencia que él preside, por lo que turnó el asunto al gobernador, Francisco Garrido Patrón.

El sector automotriz en Querétaro está en “crisis”, lo que ha derivado en que unos 43 mil obreros vean reducido su sueldo en un 50 por ciento por lo menos, debido a los paros técnicos que realizan los empresarios.

Un centenar de empleados fueron despedidos de la empresa Eckerle de México S.A. de C.V., ubicada en el Parque Industrial Querétaro de la delegación Santa Rosa Jáuregui.

Con dieciocho votos a favor y seis en contra, el Congreso de Querétaro aprobó una reforma al Código Penal para fijar desde seis meses hasta cinco años de cárcel a quienes realicen graffiti en calles.